El Tribunal Supremo confirmó el 5 de marzo pasado la denegación de la autorización de instalación de la regasificadora de Granadilla, en la isla de Tenerife, al Ministerio de Industria y a la multinacional española Enagás (la titular del proyecto a través de Gascan), una noticia que se dio a conocer en Canarias tres días después.
Tras ese fallo definitivo del Alto Tribunal, el abogado ambientalista de la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, Isidro López Neira, se ha desplazado desde Madrid hasta Tenerife para, entre otras cosas, celebrar la sentencia del Supremo que confirma la anulación de la autorización administrativa de la regasificadora, dando así carpetazo al primer permiso para su construcción en el sur de la isla.
Esta sentencia del Tribunal Supremo no impide la elaboración de un nuevo proyecto, que ya se ha presentado y ahora está pendiente de una nueva autorización administrativa por parte del Ministerio de Industria. Además, cuenta por lo visto con un estudio de impacto aprobado. ¿Qué va a pasar ahora?
Tal y como está ahora mismo la situación jurídica, ni hay autorización administrativa ni puede haberla sobre el primer proyecto que presentaron. Ahora mismo, no se puede construir la regasificadora en Tenerife. Para poderla construir tendrían que hacerlo según el segundo proyecto que presentaron, el modificado, realizado porque previeron que podían perder ante el Supremo, tal y como les ha pasado. Por eso iniciaron un nuevo procedimiento con un nuevo estudio de impacto ambiental y una declaración de impacto ambiental. Sin embargo, para poder iniciar la construcción es necesaria una autorización administrativa que no está ni emitida ni solicitada. Y además la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha dado un informe negativo. No es viable económicamente y presenta deficiencias técnicas. Nosotros hemos presentado alegaciones al estudio de impacto ambiental porque hace aguas por todas partes.
Para el Cabildo de Tenerife, la construcción de la regasificadora es una realidad que sólo está entre paréntesis por una “cuestión de trámite”. ¿Este “trámite”, en su opinión, cuanto puede prolongarse?
Por mucho que se empeñe el presidente del Cabildo de Tenerife en que esto sólo es una cuestión de trámite y que no va a haber ningún problema, sí lo va a haber y, en ese sentido, está faltando a la verdad. El tiempo juega a favor de las energías renovables y este proceso judicial puede prolongarse hasta el año 2025. En el momento en que haya autorización administrativa, la vamos a recurrir, primero en alzada ante el mismo Ministerio y, cuando nos digan que no, que evidentemente nos lo van a decir, nos iremos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahí el proceso puede prolongarse alrededor de dos años o dos años y medio. Hasta que salga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pueden pasar dos cosas: o que ganemos nosotros o que ganen ellos. Si ganan ellos, nosotros vamos a recurrir y, si ganamos nosotros, ellos tendrán que recurrir ante el Supremo. Esto supone otros dos años o dos años y medio de proceso. Luego, sí tienen un problema.
El tiempo juega en contra porque los combustibles fósiles son limitados; sin embargo, el Gobierno autonómico sigue sosteniendo que sí apuesta por las energías renovables y que no se trata de elegir entre éstas y el gas si no entre el gas y el petróleo, considerando el gas como “energía de acompañamiento hasta que las renovables se utilicen de manera mayoritaria”. ¿Están dando por hecho que no es posible pasar directamente de los combustibles fósiles a las renovables? ¿Les falta visión de futuro a los políticos?
Les falta voluntad política porque por supuesto se puede pasar directamente a las renovables. Los combustibles fósiles son limitados y con el tiempo se van a acabar. Las energías renovables están desarrollándose a gran velocidad y recurrir a combustibles fósiles a estas alturas es incluso contraproducente, porque se están abandonando. Algunos países de Europa ya han empezado a abandonar el gas natural, incluso en la Península también ha bajado su consumo. Además, no cuadran las cuentas. Recientemente, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha dicho que la instalación del gas en red en toda la isla va a salir por unos 1.500 millones de euros y la empresa Redexis informó, hace una semana aproximadamente, a los vecinos de Granadilla de Abona (donde pretendían instalarlo y el Ayuntamiento se ha negado) de que la instalación tendría una vida útil de 15 años. No han explicado por qué a los 15 años cesaría el suministro de gas, aunque nos podemos imaginar que el problema es que, sencillamente, se está agotando y de aquí a 15 años lo más probable es que ya no sea rentable extraerlo porque el precio sea muy elevado. Entonces, si la infraestructura cuesta 1.500 millones, salimos a 1.000 millones de euros por año de media. Para poder amortizar esa inversión, ¿quién va a pagar esos 1.000 millones por año? ¿Redexis? ¿El Gobierno de Canarias? ¿El Estado español? No, lo va a pagar el bolsillo del consumidor, porque la empresa se lo va a repercutir, con lo cual el recibo de gas puede llegar a una cifra astronómica, porque ese negocio evidentemente se hace para ganar dinero, no para perderlo.
Están ahora con el aire propanado (mezcla de aire y gas licuado) y eso no es más que una instalación previa para introducir luego el gas natural licuado, que es lo que quieren en definitiva. Quieren un paso hacia el gas, no un paso hacia las renovables.
¿Puede existir una alianza oculta entre Redexis y Enagás?
Hay hipótesis que yo no puedo confirmar. Evidentemente, hay rumores que apuntan a que toda esta operación en realidad estaría montada para incrementar el precio de Redexis (la distribuidora Goldman Sachs Infraestructure Partners puso a la venta Redexis por más de 1.200 millones el pasado mes de febrero). Es decir, si tuviera un proyecto para instalar el gas en Tenerife a un millón de personas, más o menos, y otro millón en Gran Canaria, la compañía daría un considerable salto en su cotización. Se trataría entonces de una operación, desde mi punto de vista, especulativa donde lo de menos es el interés de la ciudadanía.
¿Hay una resistencia al cambio hacia las renovables por interés económico y laboral que estaría bloqueando el proceso natural hacia las energías alternativas sin tener en cuenta el interés de la ciudadanía?
Las renovables generan muchos puestos de trabajo. La adaptación no es tan complicada. La central térmica de Granadilla tiene 80 trabajadores; las renovables generarían miles de puestos nuevos. Los empleados en el sector de los combustibles fósiles no son la resistencia al cambio. Los que tienen el problema son las compañías que ya tienen montada su inversión y sus instalaciones, y no las quieren abandonar. Las quieren amortizar como sea. ¿Dónde queda el interés general? ¿Dónde queda el interés público? En Tenerife, el 71% de la población no quiere el gas. Otra locura. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha sido clara: no existe un estudio de los demandantes. Puede que ocurra que se gasten los millones y cuando llamen a las puertas de las casas (y más en Canarias, donde no hace falta calefacción) se encuentren con que la gente no quiere instalarse el gas, entre otras cosas porque es más caro.
Ahora mismo estamos pagando, solo en la central térmica de Granadilla, 300 millones de euros al año de fuel-oil y gasoil. Trescientos millones al año durante 10 años son 3.000 millones con los que se podrían poner placas solares en aproximadamente medio millón de hogares canarios.
¿Qué les diría a los políticos que mantienen que el gas natural licuado es el futuro del transporte marítimo sostenible y que “vamos a perder ese tren”?
Que no puede ser sostenible una energía fósil que en unos años desaparecerá. Y que ni los mismos instaladores se comprometen a mantener la infraestructura más de 15 años. Es una auténtica locura, una irracionalidad. El futuro de los barcos es el hidrógeno. Hay unos intereses económicos muy fuertes y no hay que ser una lumbrera para darse cuenta de ello. Lo que ocurre es que hay políticos que están ajenos a ese interés económico, como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que se posiciona claramente a favor de las renovables. Además, es una simple cuestión de visión política: saben que es el futuro y lo que va a apoyar la población.
¿Cómo cree usted que terminará todo este proceso?
Lo veo inviable desde todos los puntos de vista. Hemos ganado el primer asalto pero no la batalla. Dentro de unos años podrían disponer de la autorización del Tribunal Supremo para construir y eso llevaría su tiempo y, sinceramente, no sé si a esas alturas le interesará la regasificadora a alguien más, aparte de la empresa constructora, que sería la única a la que le saldrían las cuentas. Sinceramente, todo apunta a que se trata de una tecnología que pronto quedará obsoleta y que había que intentar amortizar antes de que desaparezca por completo. Parece que vieron en Canarias un potencial nicho de mercado en el que recolocarla pero se están encontrando con que aquí no somos tontos. Invierten porque es lo único que saben hacer y no se dan cuenta de que la transición a las energías renovables no es algo que pueda demorarse más tiempo. Todo lo que no sea invertir directamente en ellas, a estas alturas, es tirar el dinero. Para ello se necesita un cambio de conciencia y un cambio de intereses, de prioridades. Iberdrola, sin ir más lejos, está dando un vuelco hacia las renovables porque se han dado cuenta de que ese es el camino.