Los datos sobre hectáreas en cultivo, producción, cifras de negocio y empleo evidencian el prolongado declive en el sector hortofrutícola canario, sombra de lo que durante años fue el principal y ejemplar renglón exportador. El tomate –el otro gran producto de referencia exportadora después del plátano- arrastra una decadencia socioeconómica y estadística, sin que Ejecutivo regional y operadores, atribulados, encuentren soluciones para nadar a contracorriente de costes y competencias.
Y si por un lado el Gobierno reafirma su apoyo al sector y la garantía de las administraciones central y canaria con las ayudas al transporte y la zafra, por otro se buscan alternativas para un actividad todavía destacada en municipios como La Aldea de San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana, Agüímes en Gran Canaria, o Granadilla de Abona, en Tenerife.
Las estimaciones para esta campaña en marcha hablan de unas 43.000 toneladas transportadas a Europa, efecto Brexit por medio, que significan seis veces menos que las 305.000 toneladas de hace 20 años. En ese mismo lapso el valor de las exportaciones ha caído de 283 a 35 millones de euros, mientras los empleos directos se han reducido a la cuarta parte, de 6.000 a 1.500, en la última década, según anota la actualización de un estudio presentado por un equipo de economistas de la Universidad de La Laguna (ULL) sobre costes de producción e impacto socioeconómico, y compartido por el Gobierno con el sector tomatero.
El estudio dibuja un panorama reciente del grado de devastación del sector y de lo enconada de la tendencia, pero en el momento de las consideraciones finales tampoco alcanza a dar respuestas, más bien nuevas preguntas muchas de ellas. “Si todos estos factores se mantienen, las perspectivas a medio plazo resultan bastante evidentes. Siendo conscientes de lo que el cultivo del tomate de exportación ha significado en fecha reciente, cabe preguntarse: ¿podrá la población no cualificada que eventualmente resulte desplazada encontrar un empleo alternativo? ¿Cuánto empleo indirecto en otras actividades se destruirá si la actividad exportadora de tomate llega a su fin? ¿Se vislumbra entonces alguna actividad que compense la pérdida de renta en los municipios con mayor dependencia del cultivo? ¿Puede la reorientación hacia el mercado local compensar la pérdida de mercados exteriores? Si no existen alternativas deseables, ¿qué se puede hacer para evitar su desaparición definitiva? Ese es el escenario”.
En cualquier caso, la Consejería de Agricultura del Gobierno regional, con su titular Alicia Vanoostende al frente, y las organizaciones sectoriales de las dos provincias (Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas, Fedex y la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Tomate de Tenerife, Aceto) han encargado la elaboración de otro documento, a cargo en esta ocasión del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que fije el foco en el futuro del tomate canario y las perspectivas para su mejora. Dar respuestas a esas preguntas planteadas.
El estudio, elaborado en mayo por el llamado Grupo de Investigación Economía Agroalimentaria en Canarias, conformado por los especialistas José Juan Cáceres Hernández, Gloria Martín Rodríguez, Dirk Godenau y José Ignacio González Gómez, señala que “la evolución reciente de la superficie de cultivo es un indicador inequívoco de esta tendencia recesiva”. Vincula cómo el descenso desde las 4.500 hectáreas (ha) cultivadas de mediados de la década de 1990 hasta menos de 400 en la última campaña, “se ha dejado sentir en las cifras de empleo agrario”. Con todo, recuerda que el tomate es un cultivo intensivo en factor trabajo y sigue siendo de gran importancia social en algunos municipios.
En los últimos 25 años la superficie de cultivo para tomate de exportación en Canarias se ha derrumbado. En ese tiempo, Gran Canaria pasó de 2.920 a 318 hectáreas; Tenerife disminuyó de 1.233 a 34, y en Fuerteventura, de 280 hectáreas hasta desaparecer el pasado año.
La disminución de las exportaciones no se debe a una reducción en la demanda, que sigue pujante. El problema se da a la sustitución de la oferta canaria por la de otras procedencias. El estudio echa mano de la base de datos Datacomex, de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Gobierno de España, para reseñar que en 1995 Canarias tenía un peso algo inferior al de la Península y muy superior al de Marruecos, mientras que, en términos de valor, la participación canaria era mayor que en volumen, lo que sugiere que las cotizaciones eran más altas para el fruto canario. Y sin embargo, “en 2018 la exportación canaria representa apenas el 7% de la exportación peninsular y algo más del 10% de la marroquí”.
Gran Canaria monopoliza el cultivo de tomate, con alrededor del 90% de la superficie de invernaderos. El resto es la aportación casi testimonial de Granadilla en Tenerife en esa relación, de la que se cayó Fuerteventura al desaparecer las últimas hectáreas en explotación en Tuineje. La mayor parte de la superficie cultivada se da en el suroeste de Gran Canaria, en los municipios de La Aldea de San Nicolás y San Bartolomé de Tirajana, además de los cultivos que se mantienen en Gáldar, y los de Santa Lucía de Tirajana, Agüímes y Telde en el sureste. “La Aldea de San Nicolás mantiene una presencia destacada puesto que sigue suponiendo más del 20% del total de superficie cultivada en el municipio, aunque este porcentaje llegó a superar el 40% hace menos de una década”, subraya el estudio. En Agüímes o Ingenio, en los que la participación relativa llegó también a superar el 40% en la campaña 2008-2009, este peso relativo está actualmente entre el 5% y el 10%.
Otro dato. En la localidad con mayor dependencia de la actividad tomatera –La Aldea de San Nicolás- esta representa algo más del 10% del Valor Añadido Bruto (VAB) y casi duplica los ingresos municipales. En Granadilla, la relación es del 1% del VAB estimado y el 10% de los ingresos municipales. En otros ayuntamientos como Arico, Buenavista, Guía de Isora, Agüímes o Ingenio la renta tomatera significaba más del 40% de sus ingresos municipales hace diez años; en la actualidad, apenas llegan al 5% o se ha desvanecido.
La reducción de la superficie cultivada de tomate de exportación ha traído consigo una disminución del empleo directo, incluyendo el trabajo por cuenta propia del agricultor, desde los casi 18.000 empleos de mediados de los noventa a menos de 2.000 en la actualidad.
En cuanto a los costes de producción, el estudio aporta información sobre la estructura de gastos del tomate de ensalada y de especialidades como el tomate cherry, pero subraya que la mayoría de la exportación corresponde a tomate redondo. El resultado final es que, una vez contemplados los costes financieros, situar un kilogramo de tomate canario en el punto de venta en destino europeo costaría entre 1,10 y 1,12 euros en las campañas agrícolas 2008/2009 a 2017/18, mientras que el incremento de costes laborales en las dos últimas campañas analizadas elevaría dichos costes a casi 1,20 y más de 1,21 euros en 2018/2019 y 2019/2020, respectivamente. Un alza de entre el 7 y el 10%.
Sector inviable
Gustavo Rodríguez, portavoz de Fedex, habla con franqueza: el sector tomatero “es inviable” y necesita una “reconversión”. Explica que la supervivencia de la actividad a corto plazo depende de la llegada de las ayudas prometidas para el transporte y la comercialización, como escudo ante el impacto del Brexit y la aplicación de la anunciada subida de aranceles por la consideración de país tercero desde 2021. Más allá de la próxima zafra aparece el acuerdo preferencial recién suscrito entre Marruecos y Reino Unido como siguiente amenaza sobre el último mercado canario; después no hay soluciones a la vista.
Se reconocen “tocados o semihundidos” en el sector y con escaso margen de maniobra dada la pérdida creciente de competitividad en términos de costes laborales durante los últimos años, representando casi dos terceras partes del total de costes de producción. La demanda de mano de obra del tomate es de cinco empleados por hectárea, muy por encima de otros cultivos, y es otro factor que dificulta aún más la búsqueda de alternativas económicas y laborales capaces de absorber esa población, en especial en municipios concretos de Gran Canaria.
A pesar de todo, el representante de Fedex comparte la esperanza, “junto con los pocos que quedan” del sector, de encontrar otra línea de actividad económica y laboral que permita aprovechar el conocimiento, la logística, los contactos y la inversión realizada incluso en los últimos años. “Con los contactos de distribución y los canales intactos, y unos invernaderos con los últimos avances, lo ideal sería consolidar una plataforma con un cultivo alternativo exportable”, sugiere Rodríguez.
El sector observa esta campaña, tal vez, como la última. Quedan media docena de operadores en Gran Canaria. En Tenerife, la sectorial Aceto se ha difuminado; solo están Bonnysa, en Granadilla –centrada en el mercado peninsular- y la SAT Raymi, en Arico. Nada más.
Un nuevo estudio en marcha es la última oportunidad para profundizar en la búsqueda de respuestas. La previsión es contar con su diagnóstico para el mes de julio. “Sería bueno disponer de alguna pista de cara al futuro antes del comienzo de los envíos en octubre, porque no tenemos mucho tiempo”. Para ello el Gobierno, a través de la Consejería de Agricultura, coordina la elaboración de un equipo redactor con la presencia del Instituto Tecnológico de Canarias, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) –a la hora de plantear nuevas propuestas de exportación-, del Servicio Canario de Empleo –impacto y alternativas laborales- y de las dos universidades canarias.
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