Más de lo mismo en el frente. El plátano canario sigue con idénticos problemas; sigue padeciendo la que es una de sus grandes desventajas: toda la fruta que se produce en las islas no se coloca en el mercado para su venta en las mejores condiciones y, por ello, Asprocan ordena y luego suele autorizar la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, lo preceptivo, la dramática pica.
Esta medida de intervención en la oferta local significa, en el argot de los cosecheros isleños, fruta que no se comercializa y por lo tanto no se cobra; o sea, piñas que se cortan y luego van a la basura, bien porque se convierten en residuos agrícolas no peligrosos depositados en lugares autorizados para ello (en complejos ambientales o para gestores autorizados que hacen compost) o bien porque se llevan a explotaciones agrarias para la alimentación del ganado, siempre según la versión oficial dada por Asprocan, algo que, como se sabe y ya ha sido demostrado, admite algunas diferencias.
Otra parte del plátano retirado del mercado, el año pasado algo más de tres millones de kilos de unos 15 que se picaron en total (por encima del 4% del total de la fruta comercializada en 2015, en un nivel de 370.000 toneladas), se envía a Península con destino al Banco de Alimentos, con costes de transporte y de manipulación en los empaquetados asumidos por el propio agricultor que pica de forma obligada.
A diferencia de lo ocurrido en 2016, que la pica fue una de las más elevadas de la historia del plátano canario (se planta desde principios del siglo XX), este año las órdenes de retirada de fruta se iniciaron algo más tarde, aunque en los meses de verano y cercanos, como ha ocurrido prácticamente siempre en los últimos años, esta se agudiza y hasta se eterniza, justo cuando la demanda de plátano cae en Península por la pérdida de importantes clientes (cierre de los colegios) o bien por la competencia extrema de la fruta de temporada, entre otros factores.
La caída de la demanda en Península en estos meses, cuando se da una marca de corte mayor en las islas por tratarse de un periodo con más oferta de plátano debido a cuestiones agroambientales (con una media de nueve millones de kilos por semana), fuerza la reducción de los precios y ello aconseja no enviar partidas a la Península muy por encima de los siete millones de kilos, sobre todo porque las operaciones de exportación pueden resultar desastrosas debido al elevado coste del transporte hasta Cádiz y lo poco que se recupera por la venta. Este binomio puede llevar al balance de los cosecheros precios negativos: el plátano comercializado genera un coste al agricultor.
Así las cosas, esta semana se ha ordenado retirar del mercado un millón de kilos, en torno al 15% de la marca de corte prevista por Asprocan, lo que implica que esa partida tenga que quedarse en tierra y deba ser gestionada como residuo o alimento para el ganado, también porque esta vez no hay pedidos del Banco de Alimentos.
A ese porcentaje de pica, el de esta semana, se debe unir el que hubo en la anterior, y la anterior y la anterior, con al menos cuatro semanas consecutivas con destrucción o retirada de fruta del mercado en mayo y junio.
La situación que de nuevo se repite en Canarias supone importantes pérdidas para los agricultores más pequeños que cultivan en zonas alejadas de la costa, que son los que recolectan la mayor parte de su fruta en estos meses. Ello sin duda afecta sobremanera a la renta que estos perciben a través de la comercialización, cada vez más baja, y siempre antes del cobro de las ayudas directas del Posei, con un total para toda Canarias de 141 millones de euros por año y un valor por kilo comercializado algo menor a los 0,40 euros.