La plataforma Taxi sí Canarias solicitará por carta a los 31 ayuntamientos de Tenerife que se posicionen en favor del colectivo ante “la situación de riesgo” que provoca la implantación de los vehículos de transporte con conductor (VTC).
En un comunicado, la plataforma pretende de esta manera que los municipios “se posicionen oficialmente si están o no a favor de defender y mejorar al sector del taxi con todas las medidas y recursos” que posibilita la Ley 3/1991 de competencia desleal.
Recuerdan y valoran “el paso” dado el pasado 7 de agosto por parte de las alcaldesas de Granadilla, Jennifer Miranda, de Arona, Fátima Lemes y de Guía de Isora, Ana Dorta, así como de los alcaldes de San Miguel, Arturo González, y Santiago del Teide, Emilio Navarro, tras la reunión mantenida con ellos.
Pero demandan que ese respaldo se traduzca en un posicionamiento oficial que hace extensivo a los 31 municipios de Tenerife para defender “en bloque” un “sector histórico y relevante” en la economía de la isla.
La plataforma se pregunta “qué mecanismos legislativos y políticos” se van a poner en marcha en las diferentes administraciones canarias para adecuar la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias a la nueva doctrina europea, y cómo harán los ayuntamientos “para que la adecuación de la ley y su reglamento sea efectiva y eficiente a nivel práctico”.
Por lo demás, Taxi sí Canarias juzga “inadmisibles” las declaraciones en comisión parlamentaria del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en las que, recalca la plataforma, se vio “incapaz” en esta legislatura de lograr un acuerdo entre todas las partes implicadas “por intereses contrapuestos muy importantes” con los VTC.
También las considera “inoportunas” teniendo en cuanta “el momento de peligro” que vive el sector del taxi y que “facilitan la entrada de este tipo de multinacionales disruptivas” en Canarias “al carecer de una ley sólida, adecuada a derecho y a las nuevas doctrinas europeas”.
La plataforma insta al consejero “a que rectifique, se ponga manos a la obra y que establezca una hoja de ruta con su presidente” para que las islas se doten de “un marco legal que dé instrucciones claras y eficaces” a cabildos y ayuntamientos “para defendernos y mejorar al sector del taxi”.