El caso Las Teresitas saltó a la prensa nacional en 2008 con una frase que retumbó en España por sus cuatro puntos cardinales: “Es un pelotazo de los de libro”. La pronunciaron técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en un informe elaborado a instancias del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, en el que recayó la querella por prevaricación y malversación de caudales públicos de la Fiscalía Anticorrupción provincial.
En esa querella, presentada el 16 de diciembre de 2006, los fiscales María Farnés Martínez y Luis del Río denunciaron por prevaricación y malversación de caudales públicos a Miguel Zerolo, exalcalde de la capital tinerfeña y exsenador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a otros 10 acusados por, en pocas palabras, haber comprado a dos empresarios (muy ligados a Coalición Canaria y posteriormente encartados en esta causa), el frente de playa de la ciudad (la playa Las Teresitas) por el triple de su valor, cuando parte de ese frente es de dominio público o ya era propiedad municipal desde 1977, y porque parte de los terrenos les fueron arrebatados a los vecinos mediante engaño.
Diez años después y tras una instrucción con vaivenes llega por fin el juicio. Arranca este 9 de septiembre de 2016, a las 09.30 horas, en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, aunque no se espera que sea hasta el 12 de septiembre cuando declare Miguel Zerolo, personaje singular en la vida política canaria y regidor de la capital tinerfeña entre 1995 y 2011, además de diputado en el Parlamento de Canarias entre 2003 y 2011, año en el que se convirtió en senador.
Es el juicio más esperado, aunque ya los haya habido, y sonoros, por corrupción urbanística en los últimos años. Ahí están el caso Malaya, el caso Unión, el caso Salmón, o el caso Arona. Pero el de Las Teresitas es especial porque marca una forma de actuar en la política canaria al margen de los intereses ciudadanos que se mantuvo en el tiempo.
Está previsto que dure hasta finales de noviembre, en sesiones de lunes a viernes, y sentará en el banquillo no solo a quien fue emblema de su partido, sino a quienes han sido emblema del poder empresarial en Tenerife durante décadas: Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, los dos empresarios que crearon Inversiones Las Teresitas (ILT) en 1998 y que, según la Fiscalía, organizaron codo con codo con Zerolo y otros políticos afines este sonoro “pelotazo de libro”.
La Fiscalía pide ocho años de prisión más 30 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para Zerolo. Es la misma pena de cárcel que se solicita para Manuel Parejo Alfonso, que fue concejal de Urbanismo por Coalición Canaria cuando se fraguó la fraudulenta compraventa del frente de la playa, neurólogo de profesión y dueño de Clínica Parque, una instalación sanitaria privada con numerosos conciertos con la sanidad pública canaria.
Los demás acusados son el exconcejal socialista Emilio Fresco y el popular José Emilio García Gómez, considerados por la acusación pública como cooperadores necesarios para que se pudiera prevaricar y malversar, y para quienes se piden cuatro años de cárcel, respectivamente.
Están acusados, además, el exsecretario general municipal, Eugenio de Zárate; el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, y los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca. Se piden, igualmente, cuatro años de prisión para cada uno.
Y, por último, los empresarios Ignacio González Martín y su hijo Pedro González Santiago, y Antonio Plasencia y su hijo Carlos Plasencia, para quienes la Fiscalía también solicita cuatro años de prisión por malversación, pena que la acusación popular eleva a ocho años.
Condena sobre condena
Ignacio González fue presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife durante 16 años. Antonio Plasencia ha sido presidente de la patronal de la construcción en Tenerife y condenado recientemente por extracción ilegal de áridos. Para evitar la cárcel aceptó una condena de poco más de un año de cárcel y pagar de su bolsillo una indemnización de 52 millones de euros.
Miguel Zerolo también cuenta con antecedentes penales. Fue condenado por el Tribunal Supremo en julio de 2014 a ocho años de inhablitación por prevaricación administrativa, tras constatarse que contrató a dedo a una empresa para llevar a cabo obras menores en una sede municipal, que acabaron siendo obras mayores con un coste de siete millones de euros.
Y también tiene antecedentes penales Manuel Parejo, condenado hace apenas cinco meses a tres años de prisión y ocho de inhabilitación por el caso Mamotreto, que está directamente vinculado con el caso Las Teresitas.
Y es que el de las Teresitas cuenta con varias ramificaciones. Una de esas ramas fue la pieza separada sobre la construcción de un edificio de aparcamientos en el frente de la playa santacrucera que ocupa parte de dominio marítimo-terrestre y al que los ciudadanos han apodado “mamotreto”.
Es una mole de cemento a medio construir, que se levantó con Miguel Zerolo como alcalde, sin firmar siquiera un convenio con Costas. Era de una de las piezas angulares del macroproyecto que el arquitecto Dominique Perrault diseñó para la playa en el año 2000 y que la justicia ha ordenado demoler, sentencia que aún no ha acatado el actual regidor de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, también de CC como su predecesor en el cargo.
Otra de las ramas del caso Las Teresitas es la que sentará en el banquillo en el mes de octubre a quienes manejaron la Junta de Compensación que se hizo con parcelas y unas huertas de vecinos del pueblo pesquero de San Andrés, en el que se ubica la playa.
Mal asesorados por el abogado Mauricio Hayek, para quien la Fiscalía solicita ocho años de cárcel y una indemnización de dos millones de euros a los afectados, los vecinos denunciaron que se quedaron sin sus terrenos agrícolas en las zonas conocidas como el Valle Las Huertas y Montaña Morera, en la trasera de la playa, sin recibir dinero a cambio o con valoraciones muy por debajo de las correspondientes. También eran propietarios del frente de la playa. Esos terrenos (algunos han desaparecido incluso del Registro Mercantil) fueron vendidos a la empresa Inversiones Las Teresitas, la creada por Ignacio González y Antonio Plasencia, lo que se ha convertido en piedra angular del caso Las Teresitas.
Así que el juicio contra quienes hicieron posible la compra primero y después la reventa de la playa y sus terrenos colindantes se celebrará a la par que la pieza principal entre el 10 y el el 28 de octubre.
Una plusvalía de más de 90 millones de euros
En 2008, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado describía con pelos y señales esa operación de compraventa en la que los dos avispados empresarios, Ignacio González Martín y Antonio Plasencia Santos, lograron un beneficio de casi 120 millones de euros por la reventa de ese frente de playa al propio Ayuntamiento santacrucero.
De acuerdo con la investigación judicial y las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción, en el caso Las Teresitas los detalles son esenciales para abarcar la supuesta connivencia entre el poder empresarial tinerfeño y el poder político del núcleo local de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife: la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), a la que Miguel Zerolo se afilió tras dejar UCD y con la que conformó en 1993 Coalición Canaria. Zerolo ya no es senador ni milita en el partido nacionalista.
La pieza principal de este posible pelotazo urbanístico es la que se juzgará desde el 9 de septiembre próximo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La instrucción, aglutinada en 62 tomos, ha durado diez años, en parte por la condición de aforado de Miguel Zerolo, primero como diputado del Parlamento de Canarias desde 2003 hasta 2011 y, después, como senador desde 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014.
De esa forma, la investigación judicial que arrancó en el juzgado de Instrucción número 1 ha viajado en el tiempo y el espacio al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en Las Palmas, y de allí, al Tribunal Supremo, para regresar por el mismo camino a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
El TSJC fue el encargado de instruir la parte que corresponde a Zerolo dada su situación de diputado regional. En abril de 2007, y tras tomar declaración al aún alcalde de Santa Cruz de Tenerife, la magistrada de la Sala de lo Penal del alto tribunal Carla Bellini le imputó los delitos de prevaricación y malversación, por haber comprado el frente de la playa por 52,2 millones de euros, pese a que la arquitecta municipal los tasó en 19,2 millones, para supuestamente favorecer a los empresarios “amigos”.
Y aunque en la denuncia de los fiscales anticorrupción también se apuntaba al cohecho, lo cierto es que no ha podido ser demostrado que Miguel Zerolo obtuviera un enriquecimiento con la jugada, por lo que no ha sido acusado de ese delito, pese a que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía informó a la Fiscalía de que el exalcalde estuvo años sin tocar un céntimo de su cuenta bancaria pero sin mermar su calidad de vida. Y ello porque, de acuerdo con la versión oficial, en 2001 le sonrió la suerte y le tocó la lotería, nada menos que 145 décimos premiados.
Fue en ese año, 2001, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recompró a Ignacio González y Antonio Plasencia los 298.000 metros cuadrados que componen el frente de la playa por 52,2 millones de euros, cuando los empresarios habían pagado por ellas 33,1 millones. No solo eso, sino que, según ese informe de los técnicos de Hacienda y las conclusiones de la Fiscalía, el Ayuntamiento recalificó los terrenos que la Junta de Compensación “adquirió” a los vecinos y los convirtió en residenciales, lo que suponía una plusvalía de más de 90 millones de euros.
“Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable”, dijeron los técnicos de la Intervención General.
Para la magistrada que dio luz verde a la apertura del juicio oral, hay indicios sobrados de que “Miguel Zerolo llevó a cabo junto con algunos de los demás imputados una serie de reuniones y acuerdos con la parte privada al margen del procedimiento administrativo que desembocaron en acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico, con la finalidad de llevar a cabo la compra de unos terrenos al precio previamente pactado con dichos particulares, que perjudicaban los intereses públicos a favor de los privados”.
Y ello gracias a la ayuda de un banco, CajaCanarias, hoy transformado en Fundación y cuya cartera de clientes ha pasado a La Caixa.
Las claves
En 1998, lo que hoy es la playa de Las Teresitas estaba dividido en varias zonas. El frente era propiedad de vecinos y de alguna empresa hotelera (Sol Meliá), así como la parte trasera de la playa, que eran huertas. Asimismo, había una parcela de 19.000 metros cuadrados que perteneció al Ministerio de Defensa. Años antes se había creado una Junta de Compensación para la reparcelación y reparto de cargas y bienes y que representaba a algunos de los propietarios (no a todos) de esos terrenos.
Un día antes del fijado por el Tribunal Supremo para fallar si se podía o no edificar en el frente de la playa de Santa Cruz de Tenerife, la Junta de Compensación de Las Teresitas acordó vender 101 parcelas a Inversiones Las Teresitas, que ni siquiera existía como tal empresa. Eso ocurrió el 16 de junio de 1998.
El 18 de junio un empleado de Ignacio González, en nombre de otra empresa, solicitó un crédito de 5.500 millones de pesetas a la entidad financiera, de la que el propio González era consejero. Fue calificado como un préstamo de alto riesgo y puesto en duda por los técnicos de la entidad bancaria, su Comisión de Control y uno de los miembros del Consejo de Administración.
El 23 de junio, ese Consejo de Administración, con el voto de González, aprobó el crédito y de esa forma, el empresario y su socio se hicieron con el dinero para pagar a la Junta de Compensación. El 24 de junio de constituyó formalmente la mercantil y el 29 de junio se dio a conocer la sentencia del Supremo, que aparentemente ya había sido filtrada a los empresarios.
La investigación policial aportada al sumario señalaba a Rodolfo Núñez como quien posiblemente obtuvo la filtración de la sentencia del Tribunal Supremo, aunque la Fiscalía no ha encontrado indicios de delito en su contra y en todo el proceso ha declarado como testigo.
En el año 2000, el arquitecto de fama internacional Dominique Perrault ganó un concurso de ideas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el diseño de la playa santacrucera y en 2001 se compró el frente de playa a González y Plasencia. A Perrault aún le debe el Ayuntamiento unos 150.000 euros por el proyecto.
En 2007, el Tribunal Supremo anuló esta operación de compraventa del frente de la playa porque no se tuvo en cuenta, entre otros motivos, la tasación de la arquitecta municipal, que valoró esas 11 parcelas en la tercera parte de lo que finalmente se pagó, ya que algunas eran de dominio público y en otras no se podría edificar.
Esa sentencia ha obligado a devolver las parcelas a los empresarios, que a su vez reclaman al Ayuntamiento una indemnización de 63 millones de euros por lucro cesante, mientras que el Ayuntamiento les reclama 74 millones por lo que pagó en su momento más los intereses.
El caso Las Teresitas, en fin, es el resumen de entramado de intereses personales puesto en bandeja por los poderes políticos, y a la cabeza de ese poder político ha estado durante décadas el exalcalde y exsenador Miguel Zerolo. Las escuchas telefónicas que constan en el sumario pusieron de manifiesto como los favores se extendieron en los años a personajes que han marcado el paso a la sociedad canarias en general, y tinerfeña en particular.
Rodolfo Núñez, que tras ser presidente de CajaCanarias lo fue de la aerolínea Binter (la que sirve para desplazarse entre islas) llegó a recibir hasta cuatro millones de euros de Antonio Plasencia sin motivo aparente, de acuerdo con la investigación judicial. Las escuchas telefónicas también revelaron intereses empresariales entre el acusado Manuel Parejo, mano derecha de Zerolo y a quien la Policía considera otro de los “cerebros” de la fraudulenta compra-venta, y el gran empresario de la sanidad privada canaria, Pedro Cobiella, que aparece en los Papeles de Panamá y cuyas clínicas privadas Hospitén han crecido como la espuma en dos décadas mientras la sanidad pública canaria se estancaba.
Pero para saber quien es Miguel Zerolo basta apuntar un dato: la magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife exigió una fianza de 109 millones de euros a los 13 acusados en este caso, a lo que el ex hombre fuerte de Coalición Canaria respondió con un coche Mini Cooper y acciones de dos empresas sin actividad y sin capital social, porque se ordenó el embargo de sus bienes.
Se da la circunstancia de que Zerolo cuenta con una cuantiosa fortuna pero ninguno de sus bienes está a su nombre, ni siquiera su casa en la capital tinerfeña. Muchos de sus activos proceden de acciones en minas desde Perú a Canadá y que cotizan en bolsas de medio mundo, pero a la hora de hacer frente a la fianza intentó que fuera la aseguradora del Ayuntamiento la que le cubriera las espaldas, a lo que la aseguradora dijo que nones.
Magistrados “ratificados” para enjuiciar el caso
Un tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife será el que enjuicie el caso Las Teresitas. Estará formado por el presidente de la Audiencia, Joaquín Astor Landete y los magistrados Jaime Requena Julián y Fernando Paredes Sánchez. El acusado Manuel Parejo quiso recusar al tribunal por ser el mismo que ya le había condenado a tres años de prisión por una pieza separada (caso Mamotreto), pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le quitó la razón. Sentenciaron que “no basta” con formular dudas sobre la imparcialidad de un magistrado, “sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan la consistencia que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas”.
Estrasburgo dice no
Los acusados Antonio Plasencia e Ignacio González demandaron a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Alegaron que las prórrogas en el secreto del sumario habían dilatado el proceso y les habían impedido conocer la naturaleza y causa de las acusaciones“.
La Sala Tercera del TEDH desestimó la demanda al considerar que “sería erróneo relacionar la duración del proceso con el tiempo que el secreto de instrucción ha estado en vigor”, dada la complejidad del caso y el número de personas involucradas y porque el mantenimiento prolongado del secreto del sumario no tuvo incidencia en la duración del proceso