El PP se quedó este martes solo en la defensa de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, durante un pleno del ayuntamiento de Adeje en el que se acordó presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional al estimar que la ley supone una amenaza.
La presentación del recurso fue apoyado por el PSOE, que gobierna con mayoría absoluta, y por Coalición Canaria.
El concejal del PP en Adeje, Andrés Montiel, defendió que la ley es una de las más ambiciosas en innovadoras con la participación de todos los sectores autorizados.
“Es una Ley correcta para el funcionamiento de las administraciones públicas y garantiza unos servicios públicos ”sostenibles“ para ”que haya una sola administración para cada competencia y que no se gaste más de los que se ingresa“, sostiene. Aclaró Montiel que no se suprimen los concejales sino que se racionaliza su sistema retributivo y añadió que los ayuntamientos no se intervienen ni desaparecen además de fomentar su fusión.
“No se eliminan los servicios especiales ni sanitarios, sino se produce un traspaso competencial a través de un sistema de financiación autonómica”, subrayó el edil.
El concejal del PP habló de estabilidad presupuestaria y eficiencia “para garantizar la estabilidad de lo españoles, con una cobertura del cien por cien del coste de los servicios” y que “lo pactado entre administraciones se cumpla en tiempo y forma y se garantice el principio de lealtad institucional”.
El PP criticó que los gastos de este recurso por parte de la administración local e incitó al gobierno local que “desista de estos propósitos ” porque si no “tomaremos las medidas oportunas”.
Por su parte Coalición Canaria defendió al gobierno local porque cree que esta ley “es absolutamente injusta e innecesaria y se cuestiona la autonomía local”.
El portavoz de CC, Ricardo Moreno, insistió que esta iniciativa del gobierno central “suprime la proximidad los ciudadanos”. El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, insistió en que este asunto es muy importante y que están absolutamente legitimados para defender en pleno este planteamiento en contra de dicha Ley.
“Está en cuestión la esencia misma del municipalismo que firmó España en 1989 que dice que las decisiones que afectan al ciudadanos se deban tomar lo más cerca posible de ellas”, agregó Rodríguez Fraga.
“Esta reforma es un atraco a las administraciones locales, que son las que mejor están cumpliendo”, argumentó.