Consultores medioambientales temen que la sequía en Tenerife irá a peor por el aumento poblacional y el turismo

El presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales, Juan Rumeu, ha denunciado este lunes que las medidas aparejadas a la declaración de la emergencia hídrica iniciada en el Cabildo de Tenerife “llegan tarde”. Además, teme que la situación irá a peor, no solo por el aumento poblacional previsto para los próximos años, sino por la actividad turística.

El Cabildo de Tenerife acordó por unanimidad el pasado viernes instar a tramitar dicha declaración de emergencia hídrica al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), que se reunirá esta semana para estudiar acciones para garantizar el abastecimiento de la población y el sector agrícola, así como establecer medidas preventivas para evitar pérdidas en la red y otras relacionadas con el uso racional del agua.

El objetivo de la declaración, según defendieron CC y PP en la moción que presentaron en el Cabildo, es “garantizar, de cara a la llegada de los meses más cálidos, el caudal necesario para la sostenibilidad de la producción agrícola y preservar plenamente los usos sanitarios y domésticos”. Para ello, la corporación realizará 34 obras y actuaciones que han sido calificadas de urgentes. Entre ellas, aumentar la producción de agua desalada y regenerada en distintos puntos de la isla, como la capital, Santa Cruz de Tenerife, y también en el sur. Ninguna de las actuaciones anunciadas afecta al sector turístico.

En declaraciones a Cope Canarias recogidas por EFE, Rumeu cree que la situación actual de sequía “era previsible” por la inacción de las administraciones competentes y su “fracaso en la gestión de este asunto vital”.

Pone como ejemplo que un hotel de cinco estrellas consume 400 litros diarios por cliente, y “no todos”, subraya, cuentan con desaladoras y/o depuradoras; igual que los campos de golf, que son “grandes consumidores de recursos”, al igual que los puertos.

Por eso cree que las medidas anunciadas “llegan tarde y tampoco se van a resolver en dos días”, pues la instalación de una desaladora de gran tamaño, avisa, lleva unos dos años.

Rumeu advierte de que los acuíferos “no es que estén bajo mínimos, es que muchos de ellos están contaminados por los nitratos y las aguas residuales sin depurar”, por lo que si no hay una normativa que incumba a todos los ayuntamientos “seguirán bajando los acuíferos y llegará un momento en el que nos quedemos sin agua”.

El presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales considera “un delito” que haya municipios cuyas redes de agua tengan pérdidas de hasta el 60%, y aquí critica a los ayuntamientos por no ejercer el control debido sobre las concesionarias.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, denuncia que a diario “se tiran al mar” 32 millones de litros de agua sin depurar.

Critica que, en general, los políticos tienen asumido el mantra de que “las obras enterradas no dan votos. Te pueden costar unas elecciones porque molestan a los vecinos. Y esto se ha practicado”.

Rumeu asegura que hay alcaldes que van al Consejo Insular de Aguas y dicen: “A mí no me metas en el plan hidrológico obras de saneamiento porque se me echan encima los vecinos y los comerciantes”.