El grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife -integrado por CC-PNC-CCN y PSOE- presentará una moción en el Pleno del Cabildo del próximo lunes, 2 de junio, en la que insta al Gobierno de España a adoptar medidas encaminadas a la liberalización del tráfico aéreo internacional en la red de aeropuertos de Canarias que permitan que Canarias se convierta en un centro logístico internacional.
El objetivo es que las compañías de Estados con los que España haya suscrito acuerdos de transporte aéreo que lo soliciten puedan operar en los aeropuertos canarios en plenos derechos de quinta libertad de pasajeros y carga en sus vuelos, desde y hacia terceros países, sin limitaciones previas de rutas, frecuencias ni capacidad ofertada.
El presidente del Cabildo, el nacionalista, Carlos Alonso, explica que la aplicación de la quinta libertad supone una “pieza importante en la estrategia dirigida a convertir a Canarias en un referente logístico y de las comunicaciones marítimas y aéreas”, al tiempo que resulta fundamental para la creación de ‘hubs’ (centros logísticos y de negocios) internacionales que concentran y facilitan el tráfico aéreo internacional entre países y continentes.
“Se trata de una política de cielos abiertos, que permite hacer las rutas de larga distancia más viables para las compañías al permitir tráfico comercial en la escala”, aclara. En este sentido, las Islas son una escala potencial para muchos de estos vuelos entre América, África y Europa y podría convertirse en un ‘hub’ del Atlántico medio con el aumento del número de conexiones aéreas y oportunidades de negocio, mejora de la competitividad y el empleo.
Alonso señala que la conectividad es clave fundamental para el desarrollo de negocios. El desarrollo de la quinta libertad y el hecho de que Canarias se convierta en consecuencia en un ‘hub’ con conexiones a África, Europa y Estados Unidos tiene la ventaja de integrar a las islas dentro de la red de conexiones aéreas para ejercer políticas de estrategia competitiva que atraigan la inversión extranjera de empresas y, por tanto, crear una economía más potente gracias a nuevas inversiones, fomentar la competitividad de la empresa local y crear nuevos puestos de trabajo para el ciudadano canario
El grupo de Gobierno también presentará una moción para demandar que los aeropuertos canarios queden fuera de la privatización de Aena y en caso que se produzca un proceso parcial de privatización, que Aena garantice que el Gobierno de Canarias así como los cabildos y ayuntamientos en los que se localicen los aeropuertos afectados puedan participar en la planificación y programación de los mismos.
El Cabildo de Tenerife siempre ha defendido que Canarias debe asumir las competencias en puertos y aeropuertos con la convicción de que será la mejor garantía de que sigan en manos públicas, lo que es absolutamente esencial para un territorio fragmentado y alejado del continente. “Nuestros aeropuertos –afirma Carlos Alonso- son algo más que un simple negocio empresarial, son herramientas de cohesión del territorio y estímulos económicos y sociales de primer orden”.
Los últimos datos publicados por el ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sitúan a los aeropuertos canarios entre los más rentables de España. Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote están a la cabeza de una red que está constituida por un total de cuarenta y nueve instalaciones.
Ante estas cifras de indudable interés económico, que permite despejar cualquier duda acerca de la solvencia y capacidad de los aeropuertos canarios, “destacamos como prioritario, estratégico y esencial el papel de servicio público y social de estas instalaciones. Su importancia a la hora de vertebrar y cohesionar territorialmente al Archipiélago está fuera de dudas y ahí tenemos los apuntes y los datos de la historia de los transportes en Canarias para documentar el protagonismo estelar de estas infraestructuras”.
“Los aeropuertos canarios no pueden competir con otros sistemas de transporte ni los canarios pueden recurrir a otras alternativas que sí se dan en la Península, por lo que la regulación de un servicio esencial para la movilidad y para la economía de Canarias no puede quedar en manos del mercado, sería un riesgo y un error de incalculables consecuencias”.