El Ayuntamiento de La Laguna solo ha certificado gastos por valor de 2,9 millones de euros de los 25 millones que ha recibido desde 2011 de otras administraciones públicas (la mitad de esa cantidad procedente del Estado, el 50%) para la primera fase de la reposición de la urbanización de Las Chumberas, un barrio con viviendas sociales afectadas por aluminosis en el municipio de La Laguna. En la actualidad, no se sabe qué destino ha tenido o dónde se halla el resto de los fondos, dinero público que el Ayuntamiento recibió por adelantado.
Comoquiera que es el Gobierno canario el que debe validar el empleo de esos gastos (dar el visto bueno a las certificaciones que realiza la empresa municipal Muvisa, la que gestiona el convenio), la realidad es que a día de hoy no se ha completado el proceso de justificación con ningún euro de los empleados hasta ahora, a pesar de que el 31 de diciembre vencía el plazo para ello y sí consta que Muvisa ha certificado gastos por valor de casi tres millones, una mínima parte de los 25 millones.
Esos son los datos que ha ofrecido a Tenerife Ahora la directora insular de Vivienda en el Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (del PSOE), que asegura que negocia en la actualidad una fórmula con el Ministerio de Fomento (también del PSOE) para evitar que el Ayuntamiento tenga que devolver el dinero ya transferido para aquel fin, casi el total de 25 millones.
La nueva propuesta contempla un convenio con vigencia de cuatro años prorrogables a otros cuatro, de modo que se acabe con la necesidad de firmar para cada anualidad un nuevo convenio o una adenda del precedente.
Arocha lamentó este martes la polémica surgido en el último mes y las “mentiras” que ha escuchado sobre este asunto, por lo que pone el acento en que la única solución al conflicto político-administrativo es abandonar la fórmula de justificar año a año el dinero invertido, con plazos de difícil o imposible cumplimiento.
Los funcionarios del Cabildo ya habían advertido en años anteriores de la imposibilidad material de cumplir con el plazo de justificación previsto, puesto que tampoco era viable ejecutar en los tiempos marcados las obras programadas en la primera fase, es decir, la demolición de las primeras 160 viviendas y la construcción de 188 nuevas, con expropiaciones y cambios en el Plan General de Ordenación, entre otras complejidades.
“Aún el Cabildo no ha pedido el reintegro de los fondos aportados al Ayuntamiento (el 10% de los 25 millones, 2,5), pero siendo rigurosos habría que hacerlo dentro de unas semanas; sin embargo, vamos a intentar un nuevo convenio con el Ministerio que evite esa opción. Para eso tenemos que dar garantías a la Administración central de que el dinero se invierte bien”, afirma la directora insular, que plantea, con tal propósito, que la empresa pública del Ayuntamiento encargada de gestionar el convenio, que es Muvisa, “sea tutelada por funcionarios”, incluso por un interventor municipal, algo que ahora no es así.
Dudas sobre la solución del Cabildo y el Gobierno canario
Arocha muestras sus dudas jurídicas sobre que, ante una falta de justificación de los fondos que ha destinado el Ministerio a Las Chumberas (el 50% de los 25 millones) y que estos deban por tanto ser reintegrados, el Cabildo, sin contar con Vivienda, y el Gobierno canario puedan no solo renunciar a solicitar al Ayuntamiento igual medida, sino que además aporten la porción reclamada por la Administración estatal (12 millones de euros, pues de los 15 totales se entiende que se validarán casi tres, los ya certificados por Muvisa), a la espera de un nuevo acuerdo entre todas las partes. “El presupuesto del Cabildo tiene recogidos fondos para ejecutar otros proyectos de áreas de renovación urbana a los cuales no les podemos quitar ese dinero”, advirtió.
Por esa razón, la apuesta de Arocha ahora es la negociación con Madrid de un nuevo convenio cuatrienal, cuyo borrador -enfatiza- elaboró y propuso el Cabildo en octubre de 2017, “con plazos y previsiones de gastos reales”, propuesta que el Ayuntamiento respondió meses después, en 2018, y que luego se envió al Ministerio. Este remitió un proyecto de borrador el verano pasado, al cual su Dirección General envió observaciones.
De este modo, Arocha desmiente que la iniciativa de esa propuesta de convenio en 2018 partiera del Ayuntamiento y que este lo enviara al Ministerio, en contra de lo manifestado por el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), en un pleno municipal. Díaz dijo que la prórroga o renovación del convenio en vigor hasta el 31 de diciembre pasado se había pedido a Fomento con cinco meses de antelación. “Esto no es verdad”, afirmó Arocha.
Así las cosas, la responsable de Vivienda en el Cabildo cree que la única negociación posible en este momento para no forzar la legalidad es dar garantías a la Administración estatal de que los millones que le corresponden en esta primera fase “tienen que certificarse, con los controles y las validaciones necesarios”, porque además así lo exige la legislación aplicable en esta materia, pues se optó por la vía de la subvención con pago previo a la justificación (el dinero ya se recibió).
De los 25 millones, el 50% los ha aportado el Ministerio de Fomento, el 30% el Gobierno canario, el 10% el Cabildo y el 10% el Ayuntamiento lagunero.
Dar “garantías” al Ministerio con la “tutela” de Muvisa
“En 2011, en pleno época de crisis económica, el Ministerio solo aceptó que fueran convenios anuales, pues no se permitían gastos plurianuales por ley, lo que obligó a que en 2011 se empezaran a hacer prórrogas y adendas, pero para dar nuevas subvenciones hay que justificarlas: las tiene que certificar el Ayuntamiento y las valida el Gobierno canario, y eso no se ha podido hacer aún”, explicó Arocha, quien reitera que la situación actual es una consecuencia de “un mal comienzo” con la fórmula elegida hace ocho años, “pues los plazos eran imposibles de cumplir”.
A su juicio, “al Ministerio ahora hay que ir cargados de razones y que vean que le ofrecemos medidas que garanticen que el dinero se invierte de modo adecuado y que además lo ocurrido no volverá a pasar”.
Con tales antecedentes, la directora insular afea la deriva política de este asunto, pues, al menos en su caso, “politizarlo hubiera sido exigir el reintegro del dinero” como primera medida, “ante la incompetencia del Ayuntamiento para justificarlo”. Sin embargo, añade, “lo que estamos intentando desde el área de Vivienda en el Cabildo es resolver el problema, a pesar de que en este convenio no tenemos competencias, sino que solo somos una administración cofinanciadora”.
La directora insular previene de que el nuevo convenio deberá incluir una cláusula que garantice que las viviendas de reposición que se construyan queden adscritas al régimen de protección que les corresponda y que no puedan ser vendidas en un determinado número de años. También se debe disponer de información actualizada que permita constatar que todos los afectados podrán ser beneficiarios de las nuevas viviendas financiadas con dinero público.