El portavoz municipal de Unidos Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio, valoró este miércoles los dos años de gobierno del pacto CC-PSOE en el actual mandato (2015-17), que se cumplieron esta misma semana, periodo que calificó de “crónica de una gestión paralizada, del conflicto y de la falta de ideas para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
Desde el principal grupo de la oposición lagunera se afirma que el municipio no está cumpliendo ninguna de las expectativas que el actual alcalde marcó en su discurso de toma de posesión. “La Laguna a día de hoy es uno de los municipios con el mayor catastrazo y donde se ha rechazado poner en marcha todo tipo de propuestas paliativas, como el IBI social o la reducción de los valores catastrales, que ya se aplican en otros municipios con gobiernos del cambio”, aseguró Ascanio.
El líder local de izquierdas también reivindica un municipio donde Bienestar Social tenga un papel más importante y explicó que “en los presupuestos de este año, por primera vez en mucho tiempo, el gasto social representa menos del 10% del total, mientras que hay cientos de miles de euros que no se ejecutan correctamente, numerosos problemas para entregar las ayudas de emergencia en tiempo y forma, o las sempiternas colas de madrugada a las puertas de las UTS”.
Frente a esta situación, el grupo municipal de Unidos Se Puede considera que “hemos tratado de aportar propuestas e iniciativas constantes, siendo los que más mociones hemos llevado a pleno y los que más iniciativas hemos presentado para mejorar aspectos importantes como los presupuestos, proyectos como el DUSI, reglamentos o el propio funcionamiento de Muvisa. No nos escondemos”.
El edil lagunero dijo que la debilidad del Gobierno municipal ha permitido que algunas de esas múltiples propuestas lanzadas y trabajadas por nuestro grupo municipal se estén aplicando parcialmente, “aunque evidentemente no como nos gustaría”. Pone como ejemplo medidas como “la apertura de los comedores sociales en verano, acabar con los cortes de agua y luz a las familias con menos recursos, iniciar los trámites para resolver la situación de abandono que viven las familias de Visocan, promover el uso social las viviendas de propiedad municipal cerradas, mejorar entornos como el de la Mesa Mota, aumentar el número de aparcabicis en el municipio, proyectos de mejora de nuestro patrimonio, iniciar el techado de las canchas de algunos de los colegios públicos del municipio, poner sobre la mesa la memoria histórica colectiva, grabar y emitir los plenos por internet o que multitud de reivindicaciones de los pueblos y barrios hayan tenido respuesta a través de un grupo que ha estado estos dos años pateando el municipio y reuniéndose con gran cantidad de colectivos”.
Rubens Ascanio cree que los grandes problemas estructurales del municipio siguen lejos de resolverse. En este sentido, destacó que “el Plan General sigue paralizado desde 2014, con más de 6.000 alegaciones vecinales sin respuesta y sin que tras dos años se sepa cuál es el desarrollo del municipio que José Alberto Díaz propone”.
Igualmente lamenta que “el Consistorio siga siendo rehén de las deudas generadas por los gobiernos de CC, que son 105 millones de euros en la era de Oramas y Clavijo, deuda que nos cuesta 14 millones de euros del presupuesto anual que debemos invertir en pagar a los bancos que nos prestaron ese dinero. Ello, además, bloquea los millones de euros de superávit que se han ido acumulando a lo largo de estos años de deuda, haciendo imposible, por lo tanto, el uso de ese dinero para que el Ayuntamiento cumpla con la ley de pago a proveedores”.
Otro elemento que desde el grupo de la oposición consideran muy preocupante es el de la ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada, “que responda a las necesidades del Consistorio y sirva para prevenir el proceso de pérdida de empleados públicos que estamos viviendo, que repercute en la calidad de los servicios”. También inciden en la falta de voluntad para aclarar la gestión que prestan las empresas de servicios a nuestro municipio, que “siguen siendo un espacio de incumplimiento de pliegos y de oscuridad en los procesos de selección de personal, muchas veces movidos solo por criterios políticos”.