Santiago Pérez: “El exconcejal Gutiérrez ha sido el escudo humano de Ana Oramas” en este caso

La vista oral del juicio sobre la ampliación, supuestamente ilegal, de la galería comercial ubicada en el recinto Alcampo-La Laguna, en la isla de Tenerife, prosiguió este miércoles con su segunda sesión. En esta jornada han comparecido como testigos el concejal de La Laguna por Nueva Canarias-Por Tenerife Santiago Pérez y el ex director general de Comercio en el Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, del PSOE.

Los abogados de la defensa de los tres acusados: el exconcejal de Urbanismo Francisco Gutiérrez (de CC), el arquitecto Vicente González Colino y la jurista Rosa María Paz (a los que se les imputa un delito de prevaricación urbanística), no han querido hacer pregunta alguna a Santiago Pérez, que solo ha podido responder a las cuestiones planteadas por la Fiscalía.

Pérez declaró como testigo ya que fue el presidente del grupo socialista en el Ayuntamiento de La Laguna entre 1999 y 2007, el presidente del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife (desde 2007) y diputado del Parlamento de Canarias en 2008, cuando solicitó una comparecencia del Gobierno para que explicara por qué se había dado la licencia comercial a la ampliación de Alcampo-La Laguna cuatro años después de que se obtuviera la licencia urbanística y 11 años después de que la empresa gestora del recinto hubiera ejecutado las obras.

Silencio administrativo

Pérez, que ha hablado con este medio a su salida de los juzgados de La Laguna, ha explicado que la “estrategia” que este miércoles ha quedado clara en la vista oral es que el centro comercial defiende que obtuvo la licencia urbanística por silencio administrativo, antes de haber obtenido la licencia comercial. Sin embargo, explicó Pérez, la licencia comercial debe lograrse como requisito para recibir la urbanística, y en este caso ocurrió al revés. De hecho, se recibió la autorización urbanística en enero de 2004 y la comercial no llegó hasta el año 2008. Además, “el silencio administrativo no es positivo si la licencia en cuestión supone una infracción del planeamiento urbanístico”. Por lo tanto, “nunca debió obtenerla. Es todo una gran ficción que el Ayuntamiento acaba acompañando”, aseguró.

El papel de los anteriores alcaldes

Pérez consideró que Ana Oramas y Fernando Clavijo han desempeñado un importante rol en este asunto, ya que “Francisco Gutiérrez ha sido utilizado como escudo humano por Oramas”. Según su explicación, tras concederse la licencia de obra al centro Alcampo-La Laguna en 2004, se presentó un recurso de alzada contra esa resolución, dictado por el entonces concejal de Urbanismo. En un episodio, a juicio de Pérez, “inédito”, el concejal se apropió entonces, mediante una resolución dictada por él, de las competencias del órgano directamente superior, el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, ya que el órgano superior era el que debía resolver ese recurso de alzada presentado precisamente contra la concesión de la licencia dictada por Gutiérrez (que ratificaba la concesión por silencio administrativo). Es decir, que al apropiarse de las competencias de la Gerencia de Urbanismo, sería el encargado también de dictaminar si sus propias decisiones eran correctas o no. “Esto es del todo ilegal. ¿Cómo es posible que un órgano subordinado le quite competencias a un órgano superior?”, expresó Pérez. “Que un concejal se apropie de potestades y funciones que no son suyas no lo he visto yo nunca en los 30 años de vida institucional”, expresó.

En opinión de Pérez, hay un motivo claro por el que esto ocurrió. “Los concejales de Urbanismo no bailan solos: reciben instrucciones y las cumplen, porque, si no, los destituyen”. Pérez explicó que “Gutiérrez no era quien tomaba las decisiones”. Lo que estaba ocurriendo es que “Francisco Gutiérrez estaba blindando a Oramas, con toda seguridad, siguiendo instrucciones de la propia Oramas”, afirmó el ahora concejal de NC- XTF.

De hecho, tras la apropiación de las competencias, no hubo ninguna reacción en el seno del Ayuntamiento. “Lo que ocurrió entonces”, añadió Pérez, “es que Gutiérrez desestimó el recurso presentado contra la licencia concedida por él mismo”. Fue entonces cuando la ya desaparecida Fedeco y el grupo socialista en La Laguna inician el proceso contencioso-administrativo por la vía judicial. Ese proceso culminó con una sentencia definitiva y firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en octubre de 2007 que dictaba la demolición de la citada galería comercial. Ese fallo aún no se ha ejecutado, según recordó Pérez, “porque contra ella se desplegó toda una estrategia para no cumplirla, como ha ocurrido con los casos Las Teresitas o el mismo mamotreto”.

Lo primero que se hizo entonces, sostuvo Pérez, es que Clavijo y el centro comercial Alcampo-La Laguna pusieron un recurso contra la sentencia del TSJC, pero este no fue admitido a trámite porque era “manifiestamente improcedente”.

Concesión de la licencia comercial

A pesar de que la sentencia era firme, en pleno mes de agosto de 2008 el Gobierno de Canarias concedió la licencia comercial al centro Alcampo, cuatro años después de que se solicitara la licencia de edificación, cuando en realidad tendría que haber sido concedida con anterioridad a esta. Según subrayó Pérez, el Gobierno autonómico entonces argumentó que tenía en su poder informes del Cabildo en los que se afirmaba que la ampliación del centro comercial Alcampo no había generado problemas de empleo en la pequeña y mediana empresa de La Laguna. “Por mucho que yo pedí ese informe del Cabildo, nunca me lo dieron”, aseguró Pérez, que en ese momento era diputado socialista en el Parlamento canario. “Lo que sí es cierto es que el Cabildo, en 2004, había informado desfavorablemente sobre la concesión de la licencia comercial para la ampliación del centro Alcampo-La Laguna por el impacto que producía en los intereses de la isla. Esto está en el expediente judicial”, dejó claro.

Pérez recalcó que se trata de un “chanchullo orquestado por los nacionalistas para saltarse la legislación canaria, para no acatar una sentencia firme del TSJC y para lesionar el derecho a la tutela judicial canaria”, remató.

Por último, el concejal lagunero indicó que lo más grave de este caso es que “pone de manifiesto que, cuando hay intereses económicos por medio, el sistema no funciona, y esto es lo que va a pasar con el urbanismo a partir de que se apruebe la Ley del Suelo [que se tramita en el Parlamento de Canarias] y se suprima el control previo de legalidad, hasta hora en manos del Gobierno de Canarias y de la Cotmac”. A partir de ahora, dijo, “las decisiones, muchas de ellas ilegales, las tomarán los ayuntamientos y los alcaldes de turno y, probablemente, nadie las recurrirá. Si alguien lo hace, pasará como con el centro Alcampo-La Laguna, el mamotreto o Las Teresitas”, concluyó.