La ULL denuncia un retraso sin precedentes en la Consejería de Universidades para contratar a nuevos docentes

Campus central de la Universidad de La Laguna.

Efe

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La Universidad de La Laguna (ULL), tras aprobar diez plazas de ayudante a doctor que completan las 63 del programa María Goyri, se ha quejado este lunes del retraso en la tramitación de nuevas contrataciones que competen al Gobierno canario.

La decisión de aprobar esas últimas diez plazas se ha tomado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna celebrado este lunes en sesión extraordinaria.

Se trata de la culminación de las 63 plazas del programa que competen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mientras que las 53 plazas ya aprobadas en julio “llevan un retraso de seis meses en la Consejería de Universidades, que se suman a 47 plazas de profesorado asociado asistencial y a otras 49 plazas de la Oferta de Empleo Público de 2023 que experimentan una dilación de entre tres y seis meses”.

Son un total de 149 plazas de profesorado afectadas y a expensas de los informes correspondientes por parte del ejecutivo regional, cuyos retrasos afectan a la tramitación prevista de este principio de curso que superará las 300 plazas.

El vicerrector de Personal Docente e Investigador, Alfonso Ruiz, ha señalado que este escenario de dilaciones en la autorización de las convocatorias “no se había dado nunca”, y que la subsanación de este problema en la aprobación de las convocatorias conllevará “un ingente trabajo dentro de la universidad para su correspondiente cobertura”.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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“Con todo, y según conversaciones recientes con la Consejería de Universidades, la publicación de este conjunto de plazas parece próxima”, ha añadido.

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha agregado que han de corregirse los “retrasos injustificables” de la Consejería, que sitúan a la universidad en una “situación muy compleja”, al margen de que el propio centro docente tenga que ser más ágil internamente, aspectos “en los que ha trabajado y va a seguir haciéndolo”.

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