El portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio, confirmó este miércoles que, según un informe de la Policía Ecológica lagunera de 15 de febrero de 2018, en la planta de fresado asfáltico ubicada en las inmediaciones de la calle Patrona de Canarias y cerca de la TF-5 (cerca del HUC) “no existe cartel en la zona alusivo a esa actividad, ni presenta licencia o autorización para ello cuando se le es requerida”, informa en una nota ese partido.
Solo se comenta en un informe posterior, se añade en el comunicado, que, tras una llamada al técnico de Vías y Obras del Cabildo, este respondió, después de hablar con la responsable de esa área en el Cabildo, Ofelia Manjón, que “tiene todo los permisos para poder depositar en ese lugar dicho material” asfático, aunque aparentemente sin acreditarlo, sostiene Unidos Se Puede.
Ascanio recuerdó que ese solar en el Plan General vigente está catalogado como parque urbano. En ese documento este suelo corresponde a “aquellos espacios libres de uso público cuya superficie supera las dos hectáreas, puede inscribirse en ella un círculo de cincuenta metros de diámetro y su misión es ofrecer un espacio verde de uso público para esparcimiento de la población cuyo ámbito de influencia sea superior al barrio. Se admite la edificación para uso de equipamiento sociocultural con una ocupación máxima del cinco por ciento (5%) de la superficie del parque”.
Según afirma ese partido, se trata de suelo público, de titularidad compartida entre el Cabildo y el Ayuntamiento, y es especialmente grave que “no haya seguridad respecto a la existencia de esos permisos necesarios y de medidas de control que impidan el uso masivo de ese suelo público como vertedero improvisado de escombros”.
Ascanio asegura que la Ley 23/2013, de evaluación ambiental, obliga a las empresas a establecer medidas que permitan prevenir, corregir o compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente que produce una actividad. “Las compañías pueden enviar estos residuos a un vertedero autorizado para su eliminación, o bien convertirse en gestores, no existiendo según la documentación oficial a la que hemos tenido acceso hasta ahora ninguna indicación o informe público acreditado ante la policía que determine que ese espacio sea un vertedero autorizado donde realizar esa actividad de acopio de piche o sobre qué empresa realiza esta actividad”.
El edil de la confluencia lagunera señaló que, tras la denuncia presentada ante la Apmun y la Policía Ecológica, solo han obtenido respuesta de la segunda, ya que “una vez más el silencio es la única respuesta de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que, tras cinco meses, desconocemos si ha realizado alguna labor al respecto”.