La alcaldesa del municipio tinerfeño de Güímar, Carmen Luisa Castro, del PP, ha recriminado a su partido la abstención en la votación llevada a cabo la pasada semana en las Cortes para convalidar el decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez mediante el que se exhumarán los restos de Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos y se entregarán a la familia del dictador para que les dé sepultura en otro lugar.
En declaraciones publicadas por Diario de Avisos, la regidora del municipio tinerfeño, cuya población ronda los 20.000 habitantes, no deja lugar a interpretaciones: “No estoy de acuerdo con que mi partido se haya abstenido en la votación en el Congreso; si yo hubiera sido diputada, habría votado en contra. Soy más directa y no me hubiera escondido en la abstención”.
Estas palabras de Castro no son más que otro eslabón en una larga cadena de manifestaciones públicas críticas con la filosofía de Ley de Memoria Histórica, y con medidas concretas como la retirada de símbolos y esculturas franquistas de espacios públicos (como el llamado monumento a Franco en la capital tinerfeña) o la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
En la explosividad verbal que caracteriza a la alcaldesa con esta polémica cuestión, ha llegado a tachar de “otro dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, porque “es evidente que se está cargando la democracia”, descalificación que no ha merecido ninguna llamada de atención pública por parte de la dirección del PP en Canarias.
Como explicación al rapapolvo que da al PP por no rechazar la exhumación de los restos de Franco, la mandataria tinerfeña argumenta que “no está bien remover el viejo odio en España cuando hay temas más importantes que resolver”. De ahí que, a su juicio, lo mejor es dejar que sean los Franco quienes decidan si quieren o no trasladar los restos: “Es una decisión de la familia; no está bien que la decida el Gobierno con dinero de todos los españoles”. “Y lo digo sin tener máster ni carrera universitaria”, apostilló, en alusión a los escándalos con currículos y títulos académicos que han saltado a la opinión pública, como el que investigan los tribunales con los másteres que imparte la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, que se ha cobrado ya dos dimisiones: las de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes (PP) y la pasada semana la exministra socialista de Sanidad Carmen Montón. Este asunto también salpica al presidente nacional del PP, Pablo Casado.
Monumento a Franco: “No es fascista y está en estado lamentable”
Monumento a Franco: “No es fascista y está en estado lamentable”En su desparpajo sobre la memoria histórica, la alcaldesa incluso se ha sometido a sesión fotográfica para Diario de Avisos ante el conocido de toda la vida como monumento a Franco, en la capital tinerfeña, en pleno debate político y social sobre si debe o no ser retirado en aplicación de la legislación vigente.
También sobre esta cuestión ha revelado ahora a ese mismo periódico tinerfeño una novedad: “Ya hay vecinos que nos ceden el terreno e incluso hay quien nos ofrece el transporte gratis para traer el monumento a Güímar, que por cierto está en un estado lamentable. Lo hubiera traído igual si la escultura de Juan de Ávalos hubiera sido republicana. No se trata de un monumento fascista”.
Una obra franquista, según un libro del propio Ayuntamiento
Una obra franquista, según un libro del propio AyuntamientoSobre el significado franquista de esta obra, del conocido escultor Juan de Ávalos, algunos especialistas lo han dejado claro desde hace años. Así, en un libro publicado por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2004, el catedrático de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna Alberto Darias, ya jubilado, explica que este conjunto escultórico, inaugurado en 1966, fue encargado al artista “con el tema concreto de representar 'a Franco saliendo desde la isla para salvar a toda España”.
Según señala en esa publicación literalmente Darias, Ávalos explicó así el significado de su obra: “Arranca la figura desde una isla que se asiente en la mar. Esta isla de Tenerife de donde sale el caudillo, emerge de un gran estanque, arcárgel en forma de flecha; avanza hacia el mar y sobre él cabalga otra figura que, desnuda, sin otros elementos que la bandera que la cubre, una espada y su fe, avanza hacia la victoria”.
Y recuerda este historiador del arte que “la idea de erigir en Santa Cruz de Tenerife un monumento a Francisco Franco data de octubre de 1936 [...], pero su realización sufrió sucesivos aplazamientos, ante la prioridad concedida al monumento a los Caídos en la plaza de España y al de Franco en Las Raíces” (este último demolido ya por el Cabildo de Tenerife en 2015, tras desprotegerlo como Bien de Interés Cultural por carecer de valores artísticos).
La memoria histórica que se le atraganta al gobierno de CC-PP
La memoria histórica que se le atraganta al gobierno de CC-PPLa Asociación Memorialista Ranz Orosas llevó a los tribunales en este mandato al consistorio santacrucero (donde gobiernan CC y PP) por no retirar esta escultura de la vía pública, denuncia que ha retirado tras conocer que el Ayuntamiento ha encargado un estudio sobre los símbolos y nombres franquistas del callejero que pueden quedar aún en la ciudad, para la aplicación de lo previsto en la Ley de Memoria Histórica.
La presidenta de este colectivo de ámbito nacional, Macarena Orosas, ha declarado a Tenerife Ahora-Canarias Ahora que lo que proponen no es destruir esta obra, sino “resignificarla”, a través de una placa que explique su sentido original en exaltación de la victoria de un bando y en una guerra civil surgida de un golpe de Estado y de la dictadura posterior que impusieron los vencedores.
Sin embargo, activistas de la memoria histórica han advertido, citando jurisprudencia y resoluciones del Ministerio de Cultura sobre cómo aplicar la legislación, de que tal cumplimiento de la ley implica que este conjunto escultórico tiene que ser retirado, independientemente de que esté o no protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), categoría que en cualquier caso no tiene reconocida, sino solo mencionado en un catálogo municipal de protección de patrimonio histórico, el incluido en un Plan General de Ordenación que además está suspendido por una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).