El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha efectuado este miércoles un requerimiento para que la Acampada por el Derecho a una Vivienda Digna se retire de la plaza de La Candelaria, en un plazo de 24 horas. La protesta, activa desde hace más de 120 días, cuenta con la participación de personas que no tienen donde vivir y familias con amenaza de desahucio en distintos municipios de la isla.
El consistorio argumentó este desalojo ante una supuesta “imposibilidad del proceder normal de los servicios de limpieza en el área de las casetas”, apunta en un comunicado Unidas Podemos, que rechaza la medida al considerar que quebranta el derecho a la libertad de expresión de los que allí se manifiestan. “Obviamente, se trata de un burdo pretexto para pisotear derechos constitucionales”, critican.
Ramón Trujillo, portavoz de este partido en Santa Cruz de Tenerife, señala que el derecho a la libertad de expresión se halla vinculado al derecho de reunión y que ambos amparan la acampada de protesta que se lleva a cabo actualmente en Santa Cruz de Tenerife. “Tales derechos se hallarían conculcados si las autoridades municipales fueran las encargadas de delimitar temporalmente la duración máxima de la acampada”, apunta.
El político de Unidas Podemos recuerda que el espacio público es también “un espacio de participación y que los derechos constitucionales no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de las autoridades locales”. En este sentido, no entiende los motivos expuestos por el Ayuntamiento ya que “no se ha acreditado ningún nivel de suciedad excepcional, ni se ha planteado nada en tal sentido por parte del consistorio en más de 120 días”.
Trujillo pide al alcalde que anule de inmediato la orden de desalojo de la Plaza de la Candelaria y “respete los derechos constitucionales de quienes allí se encuentran acampados”.