La decisión de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de ordenar que se investigue al alcalde de La Laguna por el caso Grúas ha provocado la reacción inmediata de Coalición Canaria en la ciudad. En un mensaje enviado a todos los militantes del partido, el partido de José Alberto Díaz ha señalado al magistrado Joaquín Astor Landete y acusa a Podemos y al portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias en La Laguna de tener articulada una campaña “de acoso y derribo” contra CC, en la que incluye esta acción judicial.
En el mensaje masivo enviado a la militancia, Coalición Canaria hace un resumen de los hitos procesales que ha vivido el caso Grúas desde que fue presentada denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. Tras el archivo de plano decretado por su titular, Celia Blanco, “recurren y la Audiencia Provincial (juez Landete) ordena a la jueza que investigue más y llame a declarar a los que hayan participado en todo el proceso administrativo”.
Cuando el relato llega al momento del auto de esta semana en el que se ordena llamar a declarar como investigado al alcalde de La Laguna, el redactor o redactores del prontuario no hacen la menor referencia a la magistrada que ejerce como ponente, Esther García Afonso, como sí hicieron en relación a la primera resolución que obligó a instruir y que dio lugar al primer concejal imputado por la causa, precisamente el portavoz de CC en la Corporación, Antonio Pérez-Godiño.
CC anima a sus afiliados a creer que “José Alberto Díaz irá a declarar sobre el expediente administrativo, que está en fase de investigación” y que “no le han imputado nada”.
La nota alcanza ya la condición de soflama cuando se afirma en ella que “Podemos, Santiago Pérez, Ciudadanos y Javier Abreu [es decir, toda la oposición excepto el PP], con el apoyo de algunos medios de comunicación, venden esto como una condena, cuando en realidad es que vaya (sic) a explicarse en la investigación. ”La jueza no ha imputado ni acusado nada a ninguno“. La realidad es que en la causa a día de hoy hay un investigado (antes imputado), el concejal Pérez-Godiño, y que en cuanto declare el alcalde, habrá otro imputado más.
El alcalde compromete a Clavijo
El auto de la Audiencia Provincial que obliga a la jueza Blanco a llamar a declarar al alcalde de La Laguna como investigado ha provocado una sacudida en Coalición Canaria y en el grupo de gobierno, así como en algunos medios afines al partido. La reacción de José Alberto Díaz en unas declaraciones al periódico El Día fueron enfocadas en la línea de transmitir una sensación de normalidad que, sin embargo, se van transformando poco a poco en ciertos síntomas de nerviosismo cuando al periodista resalta que “como cualquier ciudadano estoy dispuesto a clarificar cualquier posición que pudiera generar dudas para alguna de las partes”, continuó, antes de insistir en que fueron determinaciones conforme a derecho. También recordó que no es firmante de ninguna resolución. “Pero, más allá de eso, por supuesto que acato la decisión de la Audiencia”, agregó el regidor local.
Fue precisamente ese argumento, el de no haber firmado ningún decreto en el expediente del caso Grúas, el que resultó tumbado esta semana por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La jueza denegó su imputación por ese motivo y el órgano revisor ha resuelto que no es una tesis sostenible.
Pero al insistir el alcalde en la estigmatización de responsabilidad a quien firmó decretos en ese expediente compromete sin pretenderlo al que fue alcalde en el mandato que se investiga, Fernando Clavijo, que firmó dos resoluciones decisivas, las que levantaban los reparos del interventor municipal contra las decisiones relativas a la empresa que prestaba el servicio de retirada de vehículos de la vía pública.