El 10 de junio de 2017, el Artslife & Shopping, un centro comercial levantado en primera línea del paseo marítimo de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona, se vistió de gala para acoger la entrega de los premios Alan Turing. El evento congregó a destacadas personalidades de la política, del mundo empresarial y del espectáculo; desde la exprimera ministra de Islandia hasta la actriz Antonia San Juan. Al no estar finalizada la construcción, la mayor parte del acto se celebró en la zona exterior del edificio. Un mes y medio después, el Ayuntamiento precintó las obras tras detectar diversas irregularidades urbanísticas.
La estampa del evento, donde también se permitió el acceso a zonas interiores del edificio pese a estar en obras, es un reflejo de la historia del Artslife & Shopping. Mientras la construcción se ha presentado a la opinión pública como un propuesta de divulgación científica y cultural, el proyecto se ha tramitado en las administraciones como un centro comercial. Mientras la iniciativa recibía diversos premios y reconocimientos, los trabajos se desarrollaban sin respetar el planeamiento municipal y la Ley de Costas. Dos imágenes opuestas sobre la misma parcela.
Tanto el edificio del centro comercial como su aparcamiento subterráneo, promovidos por la empresa Melisofi Consulting S.L. en unos terrenos situados entre las playas de El Camisón y de Las Vistas, invaden la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Las obras se ejecutaron sin contar con una autorización en vigor, que para las actuaciones urbanísticas que se lleven a cabo en esta zona del litoral debe conceder la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, entonces en manos de Coalición Canaria en un pacto con el PSOE.
También se han detectado diversos incumplimientos del planeamiento municipal en relación a la altura del centro comercial y los retranqueos del edificio, entre otros. A raíz de varias denuncias, y tras inspeccionar los trabajos, el Ayuntamiento de Arona acordó el precinto de las obras el 25 de julio de 2017 y, el 28 de marzo de 2018, dictó una orden para instar a la promotora a solicitar una licencia para regularizar las infracciones consideradas legalizables y demoler el resto.
Aunque el Ayuntamiento otorgó dos meses de plazo para que la empresa procediera a restaurar la legalidad infringida, el 19 de diciembre se dictó una segunda resolución en la que se volvió a ordenar a Melisofi Consulting S.L. derribar la parte ilegal y a adaptar el resto de incumplimientos al planeamiento municipal, para lo que se concedió un nuevo plazo de dos meses. La promotora ha presentado un proyecto modificado que, a día de hoy, no ha obtenido la licencia municipal.
Política Territorial
El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Política Territorial, también llegó a autorizar, en marzo de 2012, la construcción del centro comercial en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, pero la resolución tenía un “plazo de ejercicio de dos años” y las obras no comenzaron hasta el 27 de enero de 2015. En las condiciones generales del documento se estableció que “la autorización quedará sin efecto en el caso del vencimiento del plazo de ejercicio de la misma”. Es decir, las obras se llevaron a cabo sin el título habilitante que la legislación obliga a obtener.
También es significativo que la autorización de marzo de 2012 se dictó sobre una propuesta presentada el 12 de agosto de 2011, pero el proyecto que obtuvo la licencia municipal de obras, en julio de 2014, está visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias en diciembre de 2011.
La Ley de Costas no considera que un centro comercial sea un uso ordinario en la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, donde solo se permiten, según el artículo 25.2, “las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre”.
El Tribunal Supremo interpreta este artículo de la Ley de Costas en una sentencia, dictada en diciembre de 2012, que conoce bien el Gobierno de Canarias. La resolución resolvió un contencioso planteado por la construcción de un centro comercial, que también invadía servidumbre de protección, en el municipio grancanario de Mogán. Una de las patas administrativas de la causa penal que derivó en el conocido como caso Salmón, por el que fue investigado el exministro José Manuel Soria.
La sentencia recuerda que “la servidumbre de protección tiene la finalidad de proteger el dominio público marítimo terrestre prohibiendo determinadas actividades nocivas al mismo y, de forma muy especial, para prevenir los riesgos derivados de una actividad urbanística indiscriminada”. El fallo entra en el fondo del contencioso y rechaza la construcción promovida por Anfi Tauro en Mogán, entre otros motivos, porque no se logró convencer a los magistrados de que la instalación no pudiera tener una ubicación alternativa, además de que “ninguna justificación razonable se proporciona respecto de que ese centro comercial preste servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre, pues favorecer el uso comercial no impone necesariamente su ubicación en zona de servidumbre de protección”.
El 5 de marzo de 2012, el Servicio Provincial de Costas emitió un informe sobre el centro comercial Artslife & Shopping en el que advertía de que “no se justifica lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley de Costas en cuanto a que los usos de los locales proyectados deben estar relacionados con la utilización del dominio público marítimo terrestre”. Pese a todo ello, y a que el proyecto se tramitó como un centro comercial, la Viceconsejería de Política Territorial dictó una resolución favorable, que caducó al transcurrir el plazo límite de dos años, condicionada a que “los cuatro locales proyectados en servidumbre de protección deben estar relacionados con la utilización del dominio público”.
La resolución, en cualquier caso, no autorizó el aparcamiento subterráneo construido en el sótano del edificio, a pesar de que, al igual que los locales comerciales y la cubierta del inmueble, invade la servidumbre de protección del dominio público, como se puede apreciar en los planos del proyecto básico y en las imágenes aéreas de Grafcan. Un caso similar a lo ocurrido con el mamotreto de Las Teresitas, un parking ilegal que fue derribado por ocupar sin autorización la servidumbre y que dio pie a una causa penal que llevó a la cárcel a dos exconcejales y a una arquitecta municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Fuentes oficiales del Gobierno de Canarias han confirmado que no consta ninguna otra actuación hasta febrero de 2019, cuando el exviceconsejero de Política Territorial Jesús Romero concedió la autorización para el proyecto modificado del centro comercial de El Camisón, que aún no cuenta con licencia municipal. Romero está investigado por permitir en la servidumbre de protección del municipio de Adeje, a solo tres kilómetros de donde se ha levantado el Artslife & Shopping, las obras de ampliación de la sala de fiestas Monkey Beach Club. También fue el dirigente de Coalición Canaria el impulsor del Plan de Modernización y Mejora de la Competitividad Turística (PMM) de Los Cristianos, que no se llegó a aprobar, donde se legalizaba la altura del centro comercial, que en la actualidad rebasa el límite de plantas establecido por el planeamiento vigente.
Un proyecto multidisciplinar
El dueño de Melisofi Consulting S.L. es Diego Cano. El empresario ha recibido diversos premios por la iniciativa del Artslife & Shopping, un proyecto que define como un espacio multidisciplinar de divulgación cultural y al que no le gusta que llamen centro comercial, a pesar de ser la denominación que tiene en todos los expedientes administrativos que se han tramitado y de llevar el vocablo inglés shopping, que significa “compras”, en el nombre de la instalación.
En una entrevista en Canarias Radio, Diego Cano aseguró que los terrenos donde se ha levantado el Artslife & Shopping son “la niña bonita del sur” y “la mejor parcela comercial de Canarias”. Aunque a lo largo de toda la entrevista intenta minimizar el impacto comercial de la iniciativa, reconoce que “los números tienen que dar; ni somos Bill Gates, ni somos Microsoft, ni somos Mark Zuckerberg de Facebook”.
En su intervención radiofónica, el empresario destaca que “tampoco somos promotores”. Los permisos para la instalación fueron solicitados por una particular, la anterior propietaria de los terrenos, pero el 7 de noviembre de 2014, transcurridos solo cuatro meses desde la obtención de la licencia municipal de obras, consta un cambio de titularidad a favor de la sociedad Melisofi Consulting S.L., aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona dos semanas después.
“Vamos a suponer que esto es una especie de MoMA en Nueva York, pero dentro hay boutiques, tiendas, restauración y ocio”, explica Diego Cano, a lo que añade que entre la oferta comercial se encontrarán “grandes multinacionales” que no tienen presencia en Tenerife. El proyecto básico contempla un total de 21 locales, una gran sala para eventos denominada “la perla negra”, un club de jazz y 59 plazas de aparcamiento. En la web del Artslife & Shopping se informa de que “la distribución y metros de los locales se puede adaptar según las necesidades de los posibles adquirientes”.
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