El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha alertado este sábado de la dificultad para recuperar los 61,6 millones de euros, más intereses, de la compraventa fraudulenta de los terrenos de la playa de Las Teresitas.
El Supremo ha decidido ratificar las condenas dictadas en 2017 por la Audiencia Provincial contra el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (CC, siete años de cárcel), el exconcejal de Urbanismo de la ciudad Manuel Parejo, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín (cuatro años y medio) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (cinco años y tres meses).
El Alto Tribunal coincide con la Audiencia en que todos ellos colaboraron en una operación que condujo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a comprar en 2001 terrenos en el frente de la playa de Las Teresitas por 52 millones de euros, cuando los técnicos del propio Consistorio los valoraban en menos de la mitad.
Ramón Trujillo, en declaraciones a Efe, ha denunciado que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha favorecido a los empresarios Plasencia y González al no pedir hace dos años la ejecución provisonal de la sentencia de Las Teresitas hasta conocer el recurso al Tribunal Supremo.
El concejal de IUC ha criticado que de esta manera el alcalde ha dado tiempo para que “el dinero pudiera ir desapareciendo” de las arcas de los empresarios quienes, no obstante, disponen de un patrimonio importante, ha destacado.
Aunque “sea tarde”, Trujillo ha reclamado al Ayuntamiento que haga todo lo posible para recuperar el dinero de la compraventa fraudulenta de los terrenos de la playa, con el que ha dicho que se podrían construir unas 1.000 viviendas públicas.
“La corrupción significa menos calidad de vida y que la ciudadanía se quede sin derechos”, ha afirmado Trujillo, quien ha lamentado de Coalición Canaria siga sin asumir sus responsabilidades políticas respecto a Las Teresitas.
Asimismo, ha pedido la reprobación de los concejales de CC José Alberto Díaz Estébanez y Dámaso Arteaga, quienes en 2001 votaron a favor de la compra del frente de playa a pesar de que sabían que “se iba a dar un pelotazo histórico” y conocían la existencia de tasaciones por un precio muy inferior al finalmente pagado a los empresarios.
También ha exigido la dimisión de los diputados de CC que votaron proteger a Zerolo y retrasar el juicio al aforarlo como senador y pasar así el caso al Tribunal Supremo, lo que a su juicio demuestra “la complicidad de CC con la corrupción”.