Las escuchas telefónicas realizadas por la Policía con autorización judicial en el marco de la operación Corredor ya apuntaban en 2010 cuál era el modo de operar de la mayoría gobernante de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna para ganar adeptos y comprar voluntades al socaire de la crisis de la urbanización Las Chumberas. El asunto ha vuelto a la portada de los diarios al descubrirse que el Consistorio ha sido incapaz de gestionar adecuadamente los fondos destinados a paliar el problema ocasionado a los vecinos al descubrirse que sus bloques de viviendas de protección oficial estaban afectados por aluminosis.
El Ayuntamiento reclama al Ministerio de Fomento que le permita ampliar los plazos para aplicar el plan de reposición de las viviendas e invertir el dinero transferido, cuyo destino es ahora mismo una incógnita. La crisis data de la etapa en la que Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno, era alcalde de la ciudad (2008-2015) y se ha extendido hasta la actualidad con su sucesor, José Alberto Díaz. Pero en 2010, cuando la Policía investigaba una trama de presuntos favores a empresarios de la noche lagunera, el caso Corredor, se descubrió que los fondos públicos para atender este problema vecinal se gestionaban mal desde el principio. Y todo apunta a que el principal objetivo era utilizarlos para captar adeptos para Coalición Canaria.
Fernando Clavijo y varios de sus concejales estuvieron investigados en aquella trama, pero un defecto formal en la instrucción permitió que las grabaciones, en las que aparecían conspirando para manipular valoraciones sobre las ayudas a otorgar a determinados vecinos muy influyentes, quedaron finalmente anuladas.
La concejala de Bienestar Social, a la sazón Blanca Pérez, hoy viceconsejera de Medio Ambiente del mismo Gobierno regional que preside Clavijo, llegó a prevenir telefónicamente al alcalde de la ciudad del grave riesgo de estar incurriendo en prevaricación al tramitarse ayudas para los vecinos cuyas condiciones socioeconómicas no se adecuaban a los mínimos exigibles para otorgarles determinado tipo de ayudas para realojos.
Los policías responsables de la investigación que dio lugar a la pieza separada número 22 del caso Corredor, en la que fueron investigados el entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y tres concejalas más (la socialista María José Castañeda, y las nacionalistas Blanca Pérez y Aymara Calero), tenían claro que “las pruebas evidenciaban la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental” en relación con los dineros públicos de Las Chumberas.
La mencionada Pieza 22 se acabaría archivando después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas desde el 21 de septiembre de 2010 en adelante, y entre ellas estaba esta del 29 de septiembre a las 15:43:10 horas, entre Clavijo y su concejala de Bienestar Social:
- Blanca: “Oye, uhm tenemos un problema serio con el, con el expediente de María José Castañeda [concejala del PSOE]... porque son ingresos de..., de tres mil y pico euros y una cosa es que alguien se pase por 200 euros o por 500 dadas las circunstancias, pero es que no estamos hablando de eso...”.
Blanca Pérez explica a Fernando Clavijo que la concejala socialista Castañeda y también afectada de Las Chumberas no es la única que sobrepasa los límites para percibir ayudas, hay otras dos personas más. Sin embargo el caso de Castañeda es el peor, ya que los sobrepasa con creces.
- Blanca: “Los únicos que se pasan de esa manera, hay uno que se pasa, hay, hay unos tres que se pasan, que se pasan de tal, de tal. Uno de ciento y pico euros, otro no llega a 200 euros que... oye... dada la circunstancia, no se qué no sé cuánto, tú tú tú, vale, pero estamos hablando de ¿cómo se tramita una ayuda de emergencia social a una persona que cobra 3.000 euros?”
- Fernando: “¿El único que se disparata es el de ella?”
- Blanca: “El de ella. El otro, el otro tiene 1.800 euros”... “el Richard (en alusión a Ricardo González Martín, portavoz de la plataforma de afectados de Las Chumberas) es un caradura también de puta madre, dos militantes socialistas de puta madre ¿vale? Dos súper socialistas ¿vale?”.
Durante la conversación Blanca Pérez reconoce que “...el problema es que estamos hablando de un tema serio, uhm, serio para ella seguramente, políticamente cuenta con que nosotros no filtremos nada, seguramente... pero estamos hablando de un tema duro”.
Ese mismo día, a las 22:28:02, ambos interlocutores vuelven a hablar sobre el mismo asunto:
- Blanca: “Estuve hablando con la secretaria del rollo este de María José Castañeda (…) y en principio el tema tal y como está, pues hay, hay que informarlo negativo y hay que cargárselo, ¿entonces? Pero claro, como tú comprenderás no me hace ninguna gracia, prefiero salvarle la vida pero contárselo, ¿vale?”.
Por lo que para que María José Castañeda pueda acceder a esta ayuda deciden promover otra subvención que no tenga limitación de ingresos.
- Blanca: “Entonces, si yo, si yo creo la partida y la encomienda para Las Chumberas (a la empresa municipal Muvisa) y en las condiciones tal... en la que no pongo, no pongo tope de ingreso y no sé qué no sé cuánto... ella está en su... está en su derecho, en una subvención genérica para Las Chumberas, como cualquier ARI, no sujeta a la emergencia social, porque... el problema no es que yo vaya a decir nada ni que lo vaya a recurrir, sino que lo puede recurrir el que sea y desde lo que lo recurra la que está... eh, hay tres personas que están incurriendo en prevaricación”.
El 30 de noviembre de 2010 Blanca Pérez llama a Fernando Clavijo: “A ver, tengo un problema y tengo que tomar una decisión, María José Castañeda, eh evidentemente no, no me llama a mí, ni te llama a ti, sino llama a Bruno (técnico de Muvisa) o tal, con el tema, con el tema, su alquiler, eh, lo de... lo de Las Chumberas lo he sacado todo a excepción del de ella lógicamente porque eh... el expediente no, no ha salido, no ha salido la Intervención, eh, no sé... ¿qué hago? ¿se lo pago?”.
A lo que Fernando Clavijo le contesta sin dudar que “Sí, sí, tira p’alante, venga”.
Los pagos a Castañeda
Casi un año después, el 24 de noviembre de 2011, el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna reclamó a la Gerencia de Urbanismo y/o a Muvisa (la empresa municipal de viviendas) copia de los expedientes administrativos tramitados con ocasión de subvenciones a María José Castañeda Cruz.
En el expediente hay una resolución de Blanca Pérez, de fecha 02-12-2010, según la cual para la concesión de las ayudas se siguen las Bases Reguladoras de Concesión General de Ayudas Económicas del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna, aprobadas por Decreto de Alcaldía número 1.301/2006, de 4 de abril.
Se tramitó el expediente por el Área de Trabajo Social de Muvisa, en colaboración con los Servicios Sociales, en base a lo cual consta el Informe Social de 1 de diciembre de 2010, con propuesta de ayuda de emergencia social a la unidad familiar de la solicitante, María José Castañeda Cruz, a la que se concede una ayuda inicial de alquiler por importe de 1.500 euros.
El 28 de marzo de 2012 Muvisa informa, a petición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de La Laguna, de que la concejala socialista María José Castañeda “ha percibido en concepto de realojo de su vivienda la cantidad de 3.000 euros en el año 2010; 6.500 euros en el año 2011, y que durante el tiempo transcurrido del ejercicio de 2012 no ha solicitado ni recibido ayuda, si bien durante el mes de abril se procederá a realizar el pago una vez solicite la continuación de las ayudas”.
Castañeda y su compañera del PSOE Mónica Martín han integrado el gobierno municipal de La Laguna, mayoritariamente en manos de Coalición Canaria, hasta hace escasamente un mes.