Rubens Ascanio: “Clavijo era el Corleone de La Laguna en su etapa de alcalde”

El portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio (de la segunda fuerza en concejales en esa Corporación local de Tenerife), considera que este es el momento de presentar una moción de censura en el Ayuntamiento.

Ascanio, que es uno de los denunciantes (con otros de su partido y junto a integrantes de la formación política Por Tenerife-Nueva Canarias -XTF-NC-) del caso Grúas, sostiene que, si se le han pedido responsabilidades políticas al concejal lagunero Zebenzuí González (ex del PSOE) por sus conocidos mensajes machistas enviados por WhatsApp, también debería tenerlas el hecho de que el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (de CC), continuase en el cargo a pesar de ser investigado por delitos de corrupción.

El líder local de Unidos Se Puede afirma en esta entrevista que las prácticas políticas que se descubrieron con las conocidas grabaciones del caso Corredor, por el que fue investigado Fernando Clavijo durante su etapa en el Consistorio, pueden seguir funcionando en la actualidad.

Ascanio también se muestra muy crítico con la primera teniente de alcalde en La Laguna, Mónica Martín, y con el PSOE lagunero, a quienes acusa de conocer esas prácticas y de no hacer nada para solucionarlas. “En La Laguna estamos pagando a mucha gente por solo mirar, y Mónica Martín lo sabe”, lamenta.

Se habla constantemente del umbral de deuda que dejaron los exalcaldes Ana Oramas y Fernando Clavijo, ambos de CC, en el Consistorio lagunero, pero ¿se sabe en qué nivel se encuentra ahora y cuál ha sido el impacto para la ciudadanía?

La situación de la deuda pública local salta a partir del año 2012, en el peor momento de la crisis, cuando de repente afloran en las gavetas del Ayuntamiento 105 millones de euros en facturas impagadas. Son de los mandatos de Ana Oramas y de Fernando Clavijo [ambos de CC]. Esos 105 millones de facturas impagadas luego se tienen que abonar mediante un crédito que se solicita a dos bancos: La Caixa y el Santander. Por esos dos créditos, hemos estado pagando, año tras año y en los últimos ejercicios, 14 millones de euros en intereses a esas entidades bancarias. Esta situación la tendremos hasta el año 2023, aproximadamente. Pese a que Coalición Canaria suele vender esas facturas como parte de toda la gestión de centros ciudadanos y piscinas que hay en el municipio de La Laguna, la realidad es que más de 40 millones de euros estaban vinculados al servicio de limpieza y no se habían pagado. Son facturas de los años 2007, 2008 y 2009 que no se habían abonado en su momento a los proveedores. Otras muchas tenían las mismas características, pero con asuntos de alumbrado, telefonía o de mil servicios que se habían prestado. La situación actual es que todavía estamos pagando y nos queda una parte sustancial de esa deuda, algo más de la mitad.

¿En qué cree que ha mejorado La Laguna durante el mandato de José Alberto Díaz? ¿Y en el de este respecto al de Fernando Clavijo?

Ha habido algunas mejoras, que creo que están vinculadas a la pérdida de la mayoría absoluta que tenían en el mandato pasado. En el mandato anterior, tenían 13 concejales y concejalas y un pacto con los cuatro concejales del Partido Socialista. Había una holgada mayoría en el salón de plenos, y ello hacía que el rodillo fuera constante. Había un nivel de diálogo muy escaso y existía la práctica constante de votar en contra de todas las iniciativas presentadas por la oposición. En la actualidad, la debilidad del grupo de gobierno permite que muchas iniciativas que presenta la oposición sean aprobadas y algunas de ellas se están llevando a cabo. Sí hay una cuestión que valoramos: la aparición de más convocatorias participativas en los consejos ciudadanos, por ejemplo, el Consejo de Patrimonio o el Consejo Municipal de Mayores. Lo que más nos preocupa del mandato actual es la incapacidad de gestionar las propuestas que se han aprobado en los plenos y que, de alguna manera, se han negociado con colectivos sociales del municipio. Luego, a la hora de la verdad, no son respondidas por parte del equipo de gobierno.

¿Cuáles?

Por ejemplo, la falta de concreción del Plan General de Ordenación (PGO), que es uno de los elementos que dijo el alcalde en su toma de posesión que era prioritario y que en cuestión de unos meses iba a estar aprobado. Ya han pasado más de dos años desde esa promesa y parece que lo único que tiene levemente dibujado es la ordenación en la zona de la comarca nordeste del municipio. Este es uno de los elementos fundamentales, pero también ha habido otras cuestiones que se han planteado en los plenos, como la de reducir el coste del agua en La Laguna. Es una propuesta que lanzó nuestro grupo y que se aprobó en un pleno. Se previó hacerlo a través de las tasas. Tampoco se ha desarrollado correctamente. Otra de las propuestas que hemos lanzado, vinculada a la recuperación del mercado de La Laguna, sigue ahí diez años después, tras el traslado a una jaima provisional en la plaza del Cristo y con muchas promesas pero pocas realidades. Respecto al IBI, se ha planteado por activa y por pasiva la necesidad de mejorar las condiciones para la ciudadanía que menos recursos tiene, para que pueda afrontar este impuesto. Se planteó a través de una moción la posibilidad de bajar los valores catastrales, que es una disposición que tiene el Ayuntamiento para reducir la incidencia de la subida en esos valores que hizo el Ministerio. La Laguna no ha aplicado ningún tipo de IBI social, pero sí hay otros municipios, como el de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, que la tienen en marcha. La Laguna, a pesar de tenerlo aprobado y ser un acuerdo plenario, no ha hecho nada al respecto. Nos parecen cuestiones preocupantes.

¿Por qué cree que no ha salido adelante el Plan General de Ordenación?

Creo que es una cuestión de incapacidad a la hora de poner negro sobre blanco en las propuestas que tiene el equipo de gobierno sobre el modelo de municipio que quiere. La realidad es que casi todos los concejales y concejalas que hay ahora mismo en el salón de plenos de Coalición Canaria han estado vinculados activamente a la gestión realizada durante el mandato anterior. Fueron personas que votaron a favor del Plan General de 2013 y 2014, ambos de Fernando Clavijo. En este momento, no sabemos cuál es su modelo de Plan General. Ellos han estado presentando en Valle de Guerra, Tejina y Guamasa algunas propuestas, y podemos entender que ahí hay un elemento que puede ser interesante, pero sigue existiendo el problema de que caigan sobre los vecinos las obras de mejora del entorno. Hay un exceso de urbanización y esto no se entiende en el contexto actual del municipio. Llegará el momento en que no les quede otra que presentar ese documento, si lo quieren aprobar antes de finalizar el mandato. Yo estoy convencido de que, si antes de mayo de 2018 ese documento no lo sacan de la gaveta o de donde lo tengan y lo llevan a exposición pública, volveremos a estar un mandato más sin PGO. A pesar de todas sus dificultades, que las hay, José Alberto Díaz tiene un trato bastante déspota a todos los niveles. Sin embargo, su carácter, a diferencia de Fernando Clavijo, es algo más dialogante.

"El gran problema del municipio es atender a más de 17.000 personas que están en desempleo o a las 2.300 familias que han solicitado una vivienda social; nosotros hemos presentado más de 150 iniciativas" 

¿Qué está haciendo Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna que no se conozca y ustedes consideren de relevancia social? ¿En qué han fallado o les ha faltado actuar?

Le agradezco que me haga esa pregunta porque siempre acabamos hablando de las mociones de censura como si esto fuera el elemento central de nuestro trabajo. El gran problema del municipio es atender a más de 17.000 personas que están en desempleo o a las 2.300 familias que han solicitado una vivienda social. En este sentido, nosotros hemos presentado más de 150 iniciativas plenarias en lo que va de mandato. Somos el grupo que más iniciativas ha presentado. Gracias a nuestra labor, por ejemplo, se dejaron de cerrar los comedores sociales, y la propia concejala de Bienestar Social reconoció en la prensa que los comedores sociales del municipio gestionados por entidades privadas y religiosas se cerraban todos los veranos en julio y agosto, y no se abrían hasta septiembre. Esta situación se revirtió cuando entramos en el salón de plenos. Logramos ampliar las partidas necesarias para atender esos comedores durante los meses de verano; también las personas que desarrollan su labor solidaria en esos comedores sociales. Esta es una de las cosas de las que estamos más orgullosos y orgullosas, igual que de los elementos para evitar los cortes de agua y de luz a las familias con menos recursos del municipio, algo que también pasó por el pleno. No estamos montando una revolución; solo estamos haciendo la revolución de las cosas pequeñas, que hasta ahora no eran parte de las políticas del Ayuntamiento de La Laguna. Gracias a la presión de los compañeros y compañeras, ya están siendo una realidad. En el otro apartado, el de los fallos, no hemos podido llevar a cabo un seguimiento profundo de todas las cuestiones que estamos atendiendo en este momento en el municipio. Al final, la oficina municipal de un grupo de la oposición se convierte en una especie de organismo multifunciones. Además, hay que decir que nuestro grupo rechazó el aumento de 30.000 euros que se le aplicó a todos los grupos municipales. Este aumento se da para intentar contentar a algunos grupos con necesidades de apoyo humano en las oficinas municipales, porque es la primera vez que los grupos municipales no tienen personal de confianza de apoyo en sus oficinas. Ello denota el viejo estilo de Fernando Clavijo, que no se había atrevido a practicar el actual alcalde, pero que ahora ha decidido aplicar, a pesar de ser hosco en las formas. Con mil dificultades estamos intentando atender todos los frentes que se nos abren en el día a día.

Pero en qué asunto en concreto consideran que les ha faltado actuar…

En el asunto del agua en La Laguna no hemos desarrollado todas las iniciativas. Es verdad que hemos hablado de establecer un precio público del agua en La Laguna, lo que reduciría notablemente su coste a escala municipal. Hemos solicitado la puesta en marcha de un informe que establezca si esa fórmula es viable, pues ya se aplica en otros municipios. Tenemos una de las aguas más caras de todo el archipiélago y de poca calidad. Le estamos comprando a la parte [accionista] privada de Teidagua. Esa parte privada de Teidagua hace un negocio que ronda los siete millones de euros en beneficios anuales, y dos millones digamos que vienen de la compra que hace cada vecino y vecina del agua y del servicio que estos reciben. El resto son servicios que presta a empresas vinculadas a esa parte privada, que factura directamente al municipio de La Laguna y lo que genera una bolsa económica muy importante. Nuestra apuesta clara es la remunicipalización y la recuperación de ese servicio. Han pasado 25 años desde que se creó esa empresa mixta, donde el 49% es de la parte privada. No hemos hecho lo suficiente para recuperar el servicio público del agua. Es una de las asignaturas que tenemos pendientes para este final de mandato.

Hablaba antes de la situación del desempleo en el municipio. ¿Cuáles son las principales quejas y demandas que realizan los ciudadanos? ¿La mayoría se suele atender? ¿Hay un seguimiento de ellas?

En general, está la sensación de un Ayuntamiento paralizado. Este es un elemento que está muy presente en el día a día. La gente entiende que, cuando realiza una queja o plantea una sugerencia o una duda, el Ayuntamiento no responde. Es un problema muy grave que tiene que ver con la aparición del área de quejas y sugerencias, que está aprobada desde el año 2009 y que nunca se ha puesto en marcha en el municipio de La Laguna. Hay, cada vez más, un movimiento de personas que cuestionan cómo se están gestionando los servicios públicos y cómo se plantean dentro del Ayuntamiento los cambios en el ordenamiento de sus pueblos y barrios. Esto es muy positivo. Hay una diferencia respecto a años anteriores en la ciudadanía sobre lo que sucede en el entorno más inmediato. Esta semana tenemos una asamblea vecinal que tiene que ver con unas obras que se van a realizar en el barrio de San Lázaro, para ubicar una estación de gas propanado con tres depósitos de 49.500 litros vinculados al gas natural. Los vecinos ya se están activando para responder a ese problema. Lo mismo ha sucedido en espacios del municipio donde han desaparecido zonas verdes que estaban en el Plan General y han sido cambiadas por otro tipo de instalaciones. Pasó en San Honorato, donde se ubicaban dos torres de ocho plantas y todo el movimiento vecinal, modélico, logró frenar las otras dos torres que querían hacer en esa zona, y se ha parado. Ahora mismo, por la situación que comentamos, el grupo de gobierno es una máquina de hacer promesas. Por ejemplo, el alcalde salió este fin de semana diciendo que está en contra del gas en La Laguna. Es muy curioso, cuando Coalición Canaria es la principal fuerza que ha trabajado para que la regasificadora de Granadilla sea una realidad, para que el negocio llegue a todos los grandes municipios del archipiélago. Si él mantiene esa postura y es real, pues resulta muy positivo. Lo que está claro es que lo tiene que demostrar con los hechos.

"Estoy convencido de que, si antes de mayo de 2018 no sacan el documento de la gaveta o de donde lo tengan y lo llevan a exposición pública, volveremos a estar un mandato más sin nuevo Plan General" 

¿Cuál es la tasa de personas desempleadas en La Laguna? ¿Acude mucha gente a solicitar ayuda social al Ayuntamiento? ¿Están satisfechos con la respuesta dada por el Consistorio?

En torno a 17.000 desempleados, y muchos de ellos son parados de larga duración. Esto plantea una mayor dificultad, sobre todo en el colectivo de parados de más de 55 años. También hay un porcentaje muy potente de jóvenes en paro que son menores de 25 años. Son los dos grandes grupos, donde más está golpeando este problema. Por no hablar de las mujeres, que ya forman una parte muy importante del conjunto de parados, sobre todo porque hay muchas familias monoparentales encabezadas por una mujer y ello genera efectos colaterales tremendamente graves, a diferencia de lo que pasa en otros lugares en que se plantean rentas básicas o rentas de apoyo para las familias con más dificultades. La Laguna tiene unos servicios municipales con trabajadores sociales que hacen una labor muy importante. Los cálculos son realmente dramáticos en la unidad de Atención Social; están desbordados, especialmente en los barrios más poblados. Tenemos quejas constantes de vecinos que solicitan una ayuda para el pago de una matrícula de enseñanza, el pago de material escolar o para cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Para solicitar la primera cita y pedir esa ayuda, tienen que esperar un mes. Y para que al final la ayuda les llegue, tienen que esperar otro más. Es un trámite preocupante porque, cuando tu solicitas una ayuda de emergencia, es para que sea lo más rápida posible y muchas veces la única forma de paliar ese problema es a través de las ONG, especialmente Cruz Roja y Cáritas, que están haciendo una labor en la primera línea de fuego y esta es fundamental. Atienden muchas necesidades que el Ayuntamiento está obligado a canalizar pero que, por falta de recursos humanos o materiales, este no lo hace. En 2016 más de dos millones de euros del presupuesto de Bienestar Social no llegaron a ejecutarse. Según la concejala responsable, no dio tiempo de facturar todas aquellas cosas que estaban previstas con esos dos millones de euros. El presupuesto del año pasado fue el que menor porcentaje destinó en toda la historia a Bienestar Social: no llegó al 10%. Lo sustancial es la queja que nos trasladan los vecinos y la falta de atención a los problemas reales que estos tienen. Hay situaciones de emergencia de personas que están perdiendo su vivienda y necesitan, por ejemplo, un municipio donde haya una bolsa de pisos sociales como alternativa de vivienda habitacional. El Ayuntamiento tiene la posibilidad de ir adquiriendo viviendas vacías. Tenemos más de 15.000 viviendas vacías y más de 1.300 familias demandando viviendas sociales.

Respecto a las viviendas vacías, ¿cuál es la postura de José Alberto Díaz y de Mónica Martín?

Dicen que sí, pero a la hora de la verdad no hacen nada. Todavía estamos esperando a que se nos traiga el censo de viviendas vacías existente en el municipio. Es una normativa que se ha aprobado en el Parlamento de Canarias y que obliga a todos los ayuntamientos a elaborar ese censo. En el mandato pasado, se solicitó y se aprobó para que se sepa cuáles son las viviendas vacías y se sepa quiénes son los grandes propietarios de viviendas vacías. Según los datos técnicos que tenemos a día de hoy, sin tener ese censo oficial, son promotoras urbanísticas y bancos. Muchas veces bancos que hacen de promotoras urbanísticas.

¿La crisis del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna ha perjudicado en la toma de decisiones de impacto social? ¿De qué manera?

Cuando de cinco concejales que había al inicio del mandato con labores de gobierno se ha pasado a dos concejalas, claro que repercute. Con un grupo de gobierno conformado por los siete concejales de Coalición Canaria y los cinco del Partido Socialista, ya había muchos elementos a los que eran incapaces de llegar. Cada concejal se ocupa de varias áreas y eso repercute en el servicio que se presta a la ciudadanía. Cuando eso se reduce más, tiene un efecto negativo para la ciudadanía. Es por el rebumbio que se ha generado en la política interna del Partido Socialista, con guerras internas a cuenta de seguir o no siendo la muleta de CC en el Ayuntamiento de La Laguna. Esto tiene un efecto negativo y así lo está percibiendo la ciudadanía.

¿Qué le ha parecido la expulsión de Javier Abreu y Yeray Rodríguez del PSOE? ¿La entiende o es una vendetta?vendetta

No es una buena noticia para un partido que ha sido muy importante en la vida democrática de La Laguna en los últimos años. Durante toda la etapa democrática, ha sido una de las grandes fuerzas políticas en el salón de plenos lagunero y ha ocupado la alcaldía durante buena parte de los primeros años, tras la muerte del dictador. Que el candidato de ese partido [Javier Abreu] esté pasando por toda esta situación no me parece que sea bueno ni para el electorado socialista ni para la imagen del municipio. No sé cómo lo van a resolver. Ahí el Partido Socialista tiene que buscar la vía para normalizar su situación. Tampoco sé lo que pasará porque en La Palma, por ejemplo, aquellos que fueron expulsados ahora son miembros de la dirección del partido.

¿Qué piensa de que Zebenzuí González, pese a ser expulsado y ser invitado por todos los partidos a dejar el acta, aún se mantenga como concejal? ¿Hay un apoyo a escondidas a Zebenzuí González por parte de CC y el PSOE oficial, el que lidera Mónica Martín?

Si Zebenzuí González se mantiene como concejal es porque otros intereses, otras personas, tienen la idea de dejarlo ahí para evitar que haya algún tipo de cambio en la estructura de poder dentro del Ayuntamiento. Si Zebenzuí González se mantiene ahí es para ser el voto necesario y tener una mayoría, que es muy delicada dentro del salón de plenos. El principal interesado en eso es CC. Me parece lamentable, pero creo que es la realidad. Saben que si aquí entraran otras personas sustituyendo a Zebenzuí González probablemente no sean tan domesticables o fácilmente domesticables. Que se estén aprovechando de la debilidad de Zebenzuí González es un buen retrato de lo que es Coalición Canaria. Esto no se aleja mucho de lo que han hecho en otros municipios, como en Tacoronte, donde compraron a un concejal de la oposición [de Sí Se Puede] para mantenerse en el poder. Todo vale con mantenerse en el poder. Aquí la política se asemeja más a la mafia que a la ideología. Sí, sin tapujos. Lo vimos [a Zebenzuí González] recientemente en un acto público donde participó una de nuestras compañeras. Fue en Tejina, y los concejales y concejalas de Coalición Canaria lo recibieron con besos y abrazos. Ellos consideran que no ha pasado nada. Siguen con el argumentario de “quién no ha dicho alguna vez en un bar...”, que no es equiparable porque se trata de un cargo público y está reconociendo unos elementos claramente delictivos y con unas conductas profundamente machistas, y que además se jacte de ello, aunque sea en un espacio como el WhatsApp. No es lo mismo que cualquier persona se chulee de su machismo visceral. Creo que Mónica Martín se ha convertido en uno de los brazos armados que justifica y defiende mantener a CC en el poder en La Laguna. Ya no valen aquellas excusas que se daban hace un año y pico, cuando se decía que mantenía el acuerdo en La Laguna porque desde arriba le habían dicho que tenían que hacerlo. Ahora la excusa no es esa: ahora ellos, a escala local, dicen que lo que están haciendo es lo mejor para el municipio. Ahora mismo, Mónica Martín es la mejor embajadora de CC en el municipio.

Una semana después de lo ocurrido con Zebenzuí González, se supo que el concejal de Deportes en La Laguna, Agustín Hernández, colocó a su pareja en la misma área de la que es responsable, en este caso a través de una empresa externa adjudicataria de servicios del Ayuntamiento. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Se ha vuelto a preguntar en el pleno o se ha obtenido más información acerca de lo ocurrido?

Pedimos una comparecencia del concejal Agustín Hernández para saber cuál era su versión de los hechos. Fue una explicación un tanto peregrina la que nos dio. Nos comentó que, dentro del pliego de condiciones del concurso, existía un servicio de atención que ofrecía la empresa MSM Mérida y que esa empresa que prestaba servicios para el Organismo Autónomo de Deportes, libremente (y él tiene un escrito de esa entidad que así lo certifica) seleccionó a esa persona con la que mantenía una relación. La seleccionó libremente. Lo que yo dije en el pleno: benditas casualidades. En La Laguna se dan muchas casualidades, como, por ejemplo, que llame Aurelio Abreu [hoy vicepresidente del Cabildo de Tenerife, del PSOE], como pasó en 2010 y está recogido en el caso Corredor. Entonces, era senador del Partido Socialista, y ahora es portavoz del PSOE en el Cabildo. Llamó a Fernando Clavijo para que colocará a una amiga que era delineante en una obra vinculada al Ayuntamiento. Casualmente, el alcalde tuvo a bien hacer unas llamadas y presionar a la empresa que prestaba entonces ese servicio, que era Acciona. Era una obra de pequeña entidad; no estamos hablando de una contratación indefinida. En el caso de ese concejal de CC, la empresa realiza procesos de selección y parece que, de forma casual y entre las 800.000 personas que hay en Tenerife, elige justo a la persona vinculada al concejal de CC. Bendita casualidad.

El alcalde José Alberto Díaz avanzó su intención de revisar todos los contratos y dijo que se iba a reunir con los responsables de las diferentes empresas adjudicatarias del Consistorio a raíz de la noticia de Zebenzuí González y los enchufes en esta administración pública. ¿Sabe si esas reuniones se han producido y si además se ha llegado a algún tipo de conclusión?

Sabemos que ha habido movimientos porque trabajadores y trabajadoras de esas empresas nos los han notificado. Ha habido reuniones y llamadas. A la hora de la verdad, que una empresa como Urbaser, por poner un ejemplo, que presta servicios para el Ayuntamiento diga que ha recibido una llamada para colocar a personas, llamadas de políticos, no de otro tipo, lo veo bastante improbable, sobre todo si esa empresa quiere volver a tener un contrato en el ámbito de Tenerife. Urbaser no solo atiende el municipio de La Laguna, sino a otros muchos. Sin embargo, a ciencia cierta sabemos que se llama y se coloca a personas que están vinculadas al poder político municipal. Se colocan en esas empresas. No es para nada baladí que haya tantas personas vinculadas al movimiento vecinal de La Laguna que estén trabajando en empresas que prestan servicios para el Ayuntamiento. Están en empresas que prestan servicios de alumbrado, de jardinería, de limpieza de los colegios. Eso no puede ser fruto de la casualidad. No es fruto de la casualidad que no haya ofertas públicas de empleo, donde la gente pueda saber que, por ejemplo, Urbaser para cubrir bajas de personal o vacaciones va a contratar a un número de personas y que estas personas puedan presentar un currículo de una forma u otra. La mejor prueba de todas la tenemos en las declaraciones de un empresario que sí tuvo el valor suficiente para reconocer que esto estaba pasando. Se llama José Padilla y fue el adjudicatario inicial del servicio de grúas municipales. Literalmente, en la comisión de grúas, nos reconoció que a él lo llamaban concejales del Ayuntamiento, especialmente Fernando Clavijo, cuando era concejal de Seguridad Ciudadana. Le decía: “Esta tarde va a ir equis persona por tu oficina”, una oficina que tenía en Barranco Grande. “Lo tienes que contratar”. Y no hay más explicaciones. Lo tenía que contratar. De hecho, llegó a decir públicamente José Padilla que una vez se le ocurrió contratar a una persona porque la madre de esa persona le había ido a pedir un favor... Luego, el que posteriormente fue alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, lo había llamado para reprochárselo. Que cómo era posible que hubiera contratado a alguien sin contar con su opinión. Tenemos constancia de personas que lo reconocen, que te dicen: “Sí, yo llamé al alcalde y me colocó”, pero que nunca lo van a declarar delante de un juez, porque nunca volverían a trabajar para el municipio de La Laguna. Esta es la realidad. Tampoco José Alberto Díaz lo va a reconocer, pero sí lo dicen a lo largo y ancho del municipio. Todo el mundo conoce casos como, por ejemplo, el de esas personas que trabajan en empresas vinculadas al Ayuntamiento, y una puede ser Teidagua, que de repente son los apoderados y los interventores de Coalición Canaria en las elecciones municipales.

¿Estas prácticas continúan?

Por desgracia, sí. Hasta que no haya un cambio de gobierno, será imposible romper esas redes de clientelismo. Hay ayuntamientos del cambio donde ese tipo de contrataciones pasan por órganos auditables. Aquí todo lo de CC está vinculado al enchufismo. Hay gente que ha sido beneficiada de alguna manera por ese enchufismo y ahora no comulga para nada con CC, que son muy críticos. Nos lo manifiestan, te explican de qué manera, llamando a quién y de qué forma. Una vez dentro de esas empresas, ven lo que pasa, y están siendo perseguidos y maltratados. Con esas dinámicas hay que acabar.

Santiago Pérez (XTF-NC) ha denunciado hace poco que existe una serie de prórrogas de contratos de servicios municipales que es más de lo mismo. ¿Es esta la forma normal de proceder en el Ayuntamiento de La Laguna?¿Cuál es su postura frente a esto?

Sí. La situación que hemos visto en muchos de los contratos públicos son prórrogas continuadas. Cuando una empresa logra un concurso público, te dicen que tiene cuatro años y dos prorrogables. Tienen un tope, aunque hay contratos que pueden durar más tiempo, hasta 10 años. La mayoría suele ser de dos años o cuatro. El Ayuntamiento de La Laguna suele llevar a término esos contratos con las empresas, con prórrogas incluidas, y además sobrepasa las prórrogas con una nueva fase en la que el contrato original se ha superado ampliamente. Pasó con el servicio de atención a las personas mayores del municipio, donde la empresa adjudicataria en 2008 continuaba sin ningún tipo de concurso. Esto genera inseguridad entre los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio y problemas para el Ayuntamiento, porque podríamos ser objeto de una denuncia de cualquiera de las otras empresas, la que diga: “Oiga, que ustedes hicieron un concurso para cuatro años prorrogables en dos y esta empresa lleva 10 años haciendo ese servicio”. Si lo hubiéramos tenido en cuenta, igual hubiéramos optado a reducir el canon o mejoras en el contrato. Esto se ha vendido como que son problemas técnicos que han impedido poner en marcha los nuevos contratos. En La Laguna ha pasado por esa situación un número de contratos que es muy difícil de explicar. Pedimos la comparecencia del alcalde para que nos explicará este asunto y nos comunicó que estaba puesta en marcha la contratación de 12 servicios públicos que concluían en ese periodo.

¿Cuál es la postura del PSOE respecto a estas prórrogas?

Dice que está trabajando. Parece la excusa perfecta para mantener el status quo. Lo achaca a falta de recursos técnicos y de personal. El trabajo debe ser regularizar todos esos contratos públicos y lograr que tengan las condiciones adecuadas. Nos preocupa, por ejemplo, el contrato del servicio de alumbrado, que es uno de los más potentes que tenemos en el municipio. Supone un total de 21 millones de euros de monto con prórrogas incluidas. En ese monto total solo hay unas mejoras incorporadas de 480.000 euros. Según los técnicos con los que hemos podido hablar, se podía haber llegado a un total de tres millones en mejoras. El Ayuntamiento de La Orotava, en el mismo contrato, logró 1.200.000 euros en mejoras. La gran pregunta es: ¿cuándo se hace eso se está pensando en la economía de escala de alguna de las empresas licitadoras?, ¿puede estar alguna de esas empresas vinculada, por ejemplo, al hermano del exministro Soria, como Eficco, que es la actual adjudicataria?

¿Cómo ve hoy en día, tras lo ocurrido con más de la mitad del PSOE, la posibilidad de presentar una moción de censura? ¿Es el momento o quizá ya haya que pelear de nuevo en las urnas, en las elecciones de 2019?

La moción de censura es absolutamente necesaria porque hasta que no rompamos las redes mafiosas del municipio de La Laguna estamos pagando un sobrecoste para la ciudadanía y manteniendo a mucha gente que no sabemos exactamente para qué está. La mejor definición la hizo el propio Fernando Clavijo en el caso Corredor, cuando para contratar a esa delineante llama a la empresa Acciona, llama a la secretaria y le dice: “Me da igual para qué la contrates, que la contrates, aunque solo sea para mirar o para llevar papeles de un lado a otro”. En La Laguna, estamos pagando a mucha gente para mirar. Y creo que el Partido Socialista y Mónica Martín lo saben perfectamente: la que mejor lo sabe porque ella trabaja en servicios municipales y, si desconoce eso, es que no se ha enterado de la película. Estoy seguro de que es una persona sobradamente inteligente y sabe cómo se las gasta CC. Si se llevara al salón de plenos la moción de censura, creo que saldría con una mayoría bastante holgada. No me extrañaría que alguna persona vinculada a los partidos que sustentan el poder en La Laguna llegase a votar a favor en esa moción de censura. El momento lo lleva siendo desde hace mucho tiempo. Coalición Canaria lleva treinta años gobernando de la misma manera el Ayuntamiento de La Laguna. Cuando hay un vacío absoluto de ideología, más allá de sacar la bandera de las siete estrellas y decir que son nacionalistas, su discurso no se diferencia del PP o de Ciudadanos en muchos aspectos. Van de la mano y han ido votando lo mismo en casi todos los grandes temas a escala estatal. Tienen la misma postura que las fuerzas de la derecha tradicional estatal. Es necesario airear, sobre todo cuando vemos casos como el de las Grúas o el Corredor, que están las llamadas ahí, a pesar de la desaparición de las decenas de expedientes en los juzgados. Pero la transcripción de  esas llamadas existe. Sabemos lo que decía Clavijo siendo alcalde, cómo se comportaba. Era el Corleone del municipio de La Laguna, “no te preocupes, hoy por ti, mañana por mí. Yo te hago el favorcito”.

Ustedes son denunciantes, junto a XTF-NC, y están como acusación particular en el caso Grúas. Este proceso ha sido elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la jueza de instrucción al estar Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo canario, aforado. ¿Cree que Clavijo debe dimitir?

Fernando Clavijo tenía que haber dimitido en el minuto uno, desde que se hicieron públicas las transcripciones del caso Corredor. Es incompatible y mil veces más grave que una conversación como la de Zebenzuí González en un chat de WhatsApp. Qué se debe pensar cuando concejales de su grupo le dicen a Clavijo “no hagas eso, porque eso sería prevaricar”, y él dice: “Da igual, nos tenemos que salvar el culo”. Esa persona no puede ocupar un cargo público. Es como colocar a alguien irresponsable a cuidar el depósito de armas de la policía de La Laguna. Fernando Clavijo tendría que dimitir desde hace ya muchísimo tiempo, desde que se conocieron esas llamadas. Con el asunto de las grúas, vemos cómo un servicio que era público y tenía un coste de 150.000 euros luego se privatiza. Los pliegos de condiciones no fueron controlados correctamente; las denuncias de los trabajadores que se hicieron desde el 2012 al 2015 no recibieron ningún tipo de respuesta; no hubo ni un solo expediente. Con los robos que se dieron en el depósito municipal de grúas, atestiguados por informes de la Policía Local y de la Guardia Civil, no ha pasado nada. El Ayuntamiento de La Laguna no ha abierto ninguna investigación. Lo que sí ha hecho la empresa adjudicataria es despedir a los trabajadores y trabajadoras que denunciaron las irregularidades. Los ha despedido a todos menos a uno, pues la Justicia, recientemente, tras una demanda, declaró ese despido como nulo. Fernando Clavijo aguantará hasta el final y pondrá todos sus servicios a funcionar, con muchos medios de comunicación dedicados a vender su historia de gran gestor y de joven promesa blanca de Coalición Canaria. Este fin de semana veíamos una noticia periodística amplia frente a las tres líneas que dedicaron a la imputación de un cargo público en el Ayuntamiento de La Laguna. Dedicaron una página entera a hablar de unos informes jurídicos de la Universidad de La Laguna para salvaguardar y establecer qué criterios tenían que establecerse con el crédito de 150.000 euros vinculado al caso Grúas.

¿Qué medio de comunicación era ese?

Un medio de comunicación de la isla de Tenerife muy importante. No quiero señalarlo. De ese informe del que hablan nosotros, en la comisión de las grúas, solicitamos que participaran los dos profesores de la Universidad de La Laguna que lo habían hecho. En ella realicé la pregunta de si algún familiar directo de estas dos personas había sido contratado por el Ayuntamiento de La Laguna entre 2012 y 2015. Casualmente, a los dos les habían contratado familiares directos en el Ayuntamiento de La Laguna. Otra casualidad.

Desde el Gobierno de Canarias, dominado de cabo a rabo por CC, se sostiene que el caso Grúas es un “juicio político” para desprestigiar a Fernando Clavijo. ¿Cree usted que Fernando Clavijo, como Pérez-Godiño y el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, supuestamente cometieron delitos de tráfico de influencias y prevaricación, entre otros?

No lo creo yo, lo cree la Audiencia Provincial cuando habla de la existencia de elementos bastante razonables que pueden tener que ver con la malversación de caudales públicos, que es un delito bastante grave. Nosotros trasladamos una serie de irregularidades que consideramos que eran dignas de ser estudiadas por la Justicia. A día de hoy, esto está siendo investigado en un juzgado de La Laguna y, probablemente en breve, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esto es lo significativo. Evidentemente, creo que sí se hicieron las cosas mal y solo pensando en preservar los intereses de los amigos de CC.

¿Qué puede pasar de ahora en adelante y qué reacción debe haber en el Consistorio si se confirma, que así puede ocurrir, la imputación o investigación del actual regidor local? ¿Será entonces el momento de que el PP apoye para lanzar con éxito la moción de censura? ¿Qué dice Antonio Alarcó, líder del PP, acerca de esto?

Ahí tendremos que ir tomando las determinaciones que correspondan en cada momento. Para el responsable político que de forma reiterada violenta los informes de los propios técnicos municipales y pasa por encima del interventor municipal y tampoco atiende a lo que establecía el director del servicio cuando se le comunicaban las irregularidades que se estaban cometiendo, tiene que existir algún tipo de responsabilidad política. Cuando llegue el momento, veremos en la oposición de La Laguna qué determinación hay que tomar. Me parecería significativo que, habiendo sido tan exigente con el concejal Zebenzuí González después de los mensajes de WhatsApp, un responsable político que fuere imputado por elementos como la prevaricación y la malversación de caudales públicos continuara al frente del Ayuntamiento de La Laguna. Me parecería preocupante. La moción de censura es mucho más amplia que el caso Grúas y tiene que ver con la forma de hacer política en los últimos 30 años dentro del Ayuntamiento de La Laguna. Si no fuera por eso, podríamos haber tenido otra serie de dinámicas en el Ayuntamiento de La Laguna. El propio José Alberto Díaz nos puso sobre la mesa una propuesta de acuerdo de gobierno a cambio de los recursos para los grupos municipales. Nosotros le dijimos que chantajes no íbamos a aceptar ni uno. El Partido Popular nos acompañó cuando la solicitud de la comisión de investigación de las grúas municipales, pero es verdad que desde diciembre de 2015 hasta el verano de 2017 han sido un pilar fundamental en todas las votaciones del salón de plenos.