El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que condenó al que fuera alcalde de la capital en 2001, Miguel Zerolo, que acabó su carrera política como senador por Coalición Canaria. Igualmente se confirman las condenas al exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo; al exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y al exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González, todos ellos de Coalición Canaria, así como a los dos propietarios vendedores de un terreno en la zona de Las Teresitas al Ayuntamiento por importe de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros), cuando el precio de tasación de los mismos era muy inferior, según se desprende de informes periciales que fueron valorados por el tribunal, elevándose, en consecuencia, el precio de tasación en perjuicio del Ayuntamiento.
El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de 7 años de prisión a Miguel Zerolo y a Manuel Parejo, que ya acumulan otras condenas por delitos relacionados con la corrupción; de cuatro años y 6 meses de prisión a Juan Víctor Reyes; cuatro años de prisión a José Tomás Martín González, y a la pena de cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González Martín por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenía en realidad, así como a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa a los intervinientes en la operación citados, según ha informado este jueves el Tribunal Supremo.
La sentencia del Supremo confirma la connivencia y cooperación de los intervinientes en la alteración del precio de los terrenos adquiridos para su venta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, alterando el precio del valor real de los mismos, con perjuicio a las arcas municipales, y mediante las operaciones llevadas a cabo, que, además, de quedar incursas en el delito de malversación, con la agravante de la notoria gravedad de los hechos por el perjuicio causado al Ayuntamiento, es constitutivo de prevaricación por las resoluciones dictadas a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido. El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.
A pesar de que la primera sentencia resultó condenatoria, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siempre en manos de Coalición Canaria, no ha hecho jamás el más mínimo intento por recuperar los 52,5 millones de euros que pagó por el frente de la playa de Las Teresitas a los empresarios de cabecera del partido, Ignacio González y Antonio Plasencia. Ambos se embolsaron un pelotazo de 150 millones de euros porque, además de la compra-venta, el convenio urbanístico incluyó la recalificación urbanística de los cercanos suelos de Valle de Huertas, que vendió a Mapfre por 16.000 millones de pesetas, unos 96 millones de euros.
El denunciante: “La Fiscalía fue mi último recurso”
“A ninguna persona de buena voluntad le agrada que se le imponga a nadie una pena privativa de libertad, pero mi denuncia ante la Fiscalía fue el último recurso que me quedaba para evitar una pérdida millonaria para el Ayuntamiento de Santa Cruz”, ha declarado este jueves a Canarias Ahora el denunciante de Las Teresitas, el concejal lagunero Santiago Pérez, por entonces secretario general del PSOE en Tenerife.
Efectivamente, Pérez intentó parar el convenio de Las Teresitas, primero presentando alegaciones ante el Ayuntamiento y luego mediante un recurso contencioso-administrativo que resultó derrotado por considerar el tribunal que era un acto administrativo no recurrible. Finalmente acudió a la Fiscalía.
Santiago Pérez es también el denunciante del caso Grúas, que en estos momentos sitúa bajo sospecha al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por su gestión del servicio municipal de retirada de vehículos de La Laguna mientras fue concejal y luego alcalde de esa ciudad.
Tras la sentencia firme del Supremo, acaba la vía jurisdiccional del caso de Las Teresitas, por lo que en cualquier momento se puede ordenar la prisión para los condenados. Sólo les cabe un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero esa vía no paraliza la ejecución de sentencia.