Víctor Reyes Delgado, uno de los dos funcionarios condenados por el caso Las Teresitas, ha sido nombrado jefe de servicio en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según han confirmado fuentes oficiales a mirametv.com. El exsecretario de la Gerencia de Urbanismo ha accedido a la plaza de forma provisional, mediante una comisión de servicio.
Las fuentes del Ayuntamiento consultadas aseguran que la plaza de jefe de servicio en el área de Medio Ambiente será convocada oficialmente y se cubrirá de forma definitiva mediante el correspondiente procedimiento, pero mientras tanto será ocupada por Víctor Reyes. Desde el Consistorio se resta importancia al nombramiento al tratarse de algo habitual en las administraciones públicas, en referencia a las comisiones de servicio, y la condena no ser firme.
El Estatuto Básico de los Trabajadores Públicos prevé la posibilidad de que se pueda acordar la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o la apertura de un expediente disciplinario. Esta opción ha sido descartada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el caso de Víctor Reyes, condenado por la Audiencia Provincial como cooperador necesario en un delito de malversación de caudales públicos a cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación absoluta durante 14 años. El fallo también considera al exsecretario de Urbanismo autor de un delito de prevaricación, por el que le impone una pena de ocho años de inhabilitación.
La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, destaca la “participación decisiva” en la compraventa del frente de playa de Las Teresitas de Víctor Reyes, a quien responsabiliza de la “manipulación” del expediente administrativo que se preparó para llevar a buen término la operación urbanística y consumar el delito de malversación.
El tribunal considera a Víctor Reyes un cooperador necesario en la trama por su “contribución a la manipulación del precio (justificando el pago de un precio irreal muy superior al que correspondía a los terrenos) y ocultando la transferencia de aprovechamientos lucrativos”.
El Ayuntamiento compró en 2001 el frente de Las Teresitas a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González por una cuantía que superaba en más de 37 millones de euros su valor real, según ha quedado acreditado en los hechos probados de la sentencia.
También fue Víctor Reyes, junto al entonces gerente de Urbanismo, José Tomás Martín, el encargado de presionar a la exarquitecta municipal Pía Oramas para que avalase con su firma las tasaciones que elevaban el precio de la compraventa, a lo que se negó de forma rotunda la funcionaria.
Los magistrados de la Sección Segunda, que preside Joaquín Astor Landete, relatan en la sentencia que Reyes ejerció “una intensa presión sobre la arquitecta municipal para que esta asumiera las conclusiones de las valoraciones unidas al expediente”. El fallo judicial añade que, como Pía Oramas se negó a acatar las directrices de sus superiores, el propio secretario de Urbanismo, junto al entonces responsable del área económica del Ayuntamiento, elaboró un informe para dar por buena la tasación de la empresa Tinsa, “a pesar de que sabía que no se correspondía con la realidad”.
José Tomás Martín es el otro funcionario condenado en primera instancia por el caso Las Teresitas por su condición de gerente de Urbanismo en el momento de la compraventa. Al igual que Víctor Reyes, no ha sido suspendido de sus funciones y en la actualidad ejerce activamente como secretario del Ayuntamiento de Tegueste.