El Cabildo desautorizará en el plan del Antiguo Santa Cruz la categoría de protección documental que permite derribar 28 inmuebles históricos
La noticia adelantada por este diario el miércoles de una nueva categoría de “protección documental” en el Plan Especial del Antiguo Santa Cruz que permitiría derribar hasta 28 inmuebles históricos ha sorprendido a propios y extraños. La propuesta, contenida en el documento que se halla en exposición pública desde finales de julio, no ha gustado en el Cabildo de Tenerife, cuyo criterio será vinculante para que se pueda aprobar el plan. También se ha ganado críticas desde Sí Se Puede, el PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento capitalino.
La propuesta de los arquitectos redactores del plan, Federico García Barba y Joaquín Mañoso, se ha topado con el rechazo de la consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, quien, en declaraciones a Tenerife Ahora, ha avanzado que el Cabildo informará de forma desfavorable a ese aspecto del plan, porque es una categoría que ni está prevista en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias ni asegura la preservación física de los valores patrimoniales de los inmuebles.
De hecho, si se aprobara así el documento -en realidad está en fase muy inicial, la de evaluación ambiental estratégica-, la “protección documental” pondría en peligro a 28 edificaciones de entre los siglos XVIII y XX, parte de ellas ya protegidas en la actualidad o con propuesta de protegerlas cuando el plan lo comenzaron a redactar funcionarios municipales, el pasado mandato y cuando el área de Urbanismo estaba en manos del PSOE.
Lo que ha sorprendido al Cabildo es que con la “protección documental” a los dueños y promotores solo se les exigiría hacer un dosier fotográfico y unos planos que dejen constancia de que esos inmuebles existieron, tras lo cual se les daría licencia para intervenciones que pueden incluir la “sustitución” (otra creación del plan); es decir, la demolición de la obra antigua para construir un edificio nuevo.
Entre los inmuebles que serían derribables figura la antigua sede de CajaCanarias y de la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, en la plaza de la Isla de la Madera, o la sede del Círculo de Bellas Artes.
Pero la postura del Cabildo no se queda solo en rechazar este peculiar sistema de grados de protección que contiene el plan, sino que Mesa considera que lo normal es que esas edificaciones con pretendida preservación virtual se mantengan en ese catalogo del Antiguo Santa Cruz con las categorías que establece la ley para su conservación real, o sea: protección integral, ambiental o parcial.
En todo caso, y como quiera que el Ayuntamiento y el Cabildo mantienen una pugna política y técnica por sus diferencias sobre los inmuebles que merecen conservarse en la ciudad, la consejera insular dejó clara su disposición a la máxima colaboración con el Gobierno municipal chicharrero para consensuar la planificación de los cascos históricos.
Tarife dice que no tienen valor y el alcalde matiza
Los mensajes desde el Gobierno santacrucero, donde CC y PP cogobiernan, tienen matices. El edil de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, se ha apresurado a destacar en declaraciones a La Opinión de Tenerife que la categoría de protección documental “solo afectaría a inmuebles sin valor patrimonial”, algo que en absoluto comparte el área de Patrimonio Histórico Cabildo de Tenerife, ni la asociación Nuestro Patrimonio, el colectivo ciudadano que más ha alertado en los últimos años sobre el deterioro y el derribo de construcciones antiguas.
Sin embargo, el alcalde, precisamente en un post compartido este jueves por esta asociación en el que muestra en un vídeo los edificios que podrían demolerse si se les aplicara esta extraña categoría, ha aclarado que se trata solo de “un borrador de plan especial realizado por técnicos de reconocido prestigio, D. Federico Garcia Barbas y D. Joaquin Mañoso, que proponen diferentes alternativas”.
Bermúdez explica que “se abre un periodo de debate donde todo el mundo puede manifestar su opinión oficialmente hasta que se apruebe el documento por el pleno y previo informes de todas las administraciones implicadas”, por lo que puntualiza que ,“mientras eso no ocurra, no existe ningún acuerdo del Ayuntamiento y por lo tanto es falso que se afirme que esos inmuebles no tienen valor”.
Pero la realidad es que ha sido el propio Tarife el que se ha abonado exclusivamente a la tesis de los redactores externos del plan, para quienes, en efecto, estos edificios solo tienen unos valores testimoniales. Aun así, el alcalde interpreta que su aclaración no contradice la del concejal de Urbanismo, ya que, insiste, “el Ayuntamiento no afirma nada porque no ha acordado nada. El documento es un borrador de carácter técnico sujeto a un debate que, por cierto, durará mucho tiempo hasta que sea un documento oficial”.
Lo cierto es que el intento de abrir la puerta a la demolición de esos inmuebles se va a topar con el informe desfavorable del Cabildo y de alegaciones en contra por parte de la asociación Nuestro Patrimonio. También están llamados a consulta institucional sobre este plan el Gobierno de Canarias y otros organismos públicos, que igualmente podrán expresar su postura sobre las previsiones de este documento.
Una historia de desencuentros
La extraña figura de protección inventada por García Barba y Mañoso alimenta aún más las diferencias entre el Ayuntamiento y área de Patrimonio Histórico del Cabildo, pues este tiene informes técnicos que datan de 2006 y 2010 en los que propone dar protección a 500 inmuebles más en la capital y advierten de una grave merma del patrimonio histórico. Sin embargo, la ley específica da potestad a los ayuntamientos en esta materia, y solo cuando se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) -y un conjunto histórico lo es- la Administración insular emite informes vinculantes.
El mismo efecto no pacificador parece tener la decisión del Consistorio local de no retirar el litigio judicial que ha planteado contra el Cabildo por este haber paralizado en diciembre pasado la demolición de un inmueble histórico en el antiguo barrio de Miraflores (ya desaparecido porque la ley solo permite esta medida cautelar un mes, y la fundación CICOP, en controvertidos informes, ha avalado que se echen abajo hasta seis edificios).
El papel de esta fundación internacional con sede en La Laguna, dedicada a la conservación del patrimonio histórico, ha sido en este caso clave, pero el Ayuntamiento ha decidido negociar con los promotores de la nueva urbanización prevista en Miraflores (el principal, Manuel Dharandas, de construcciones Daltre) la salvación de las tres fachadas históricas que quedan en pie en ese barrio: dos diseñadas por Antonio Pintor (la casa Clavijo y la casa Pérez Soto) y otra por Domingo Pisaca, dos arquitectos de relumbre en la historia capitalina.
En la coyuntura de esta negociación está la insistencia de la asociación Nuestro Patrimonio sobre el valor de esas fachadas y la advertencia del abogado Pedro Arcila, líder local de Sí Se Puede, sobre la posible comisión de un delito si las palas las hicieran trizas.
Las edificaciones que quedarían con “protección documental” si el plan del Antiguo Santa Cruz se aprobara tal cual ha salido a exposición pública ahora dan a las calles de Castillo (números 19, 38, 43, 48, 52, 56 y 66), Imeldo Serís (92), Doctor Allart (31), Valentín Sanz (10 y 13), La Palma (2, 7, 9, 11, 17 y 25) , Marcos Redondo (5), Afilarmónica Nifú Nifá (18), Cruz Verde (3 y 5), Santo Domingo (11, 16 y 18) y Calzada de la Noria (3,5 y 7).
La consejera insular de Patrimonio Histórico ha pedido a la primera teniente de alcalde Zaida González (PP) que, antes de criticar -como hizo hace unas semanas- al Cabildo por no hacer el Catálogo Insular de Bienes Patrimoniales que se preveía en el PIOT, se lea ese documento insular y compruebe que con la adaptación de este plan a la Ley de Directrices se suprimió en 2011 ese objetivo.
