Tras la noticia conocida este miércoles de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha embargado de forma preventiva dos inmuebles propiedad del empresario Antonio Plasencia, condenado en el caso Las Teresitas, Coalición Canaria ha publicado un comunicado. En él defiende su actuación en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña para recuperar el dinero malversado por Plasencia y otro empresario, Ignacio González (fallecido la semana pasada en prisión), que asciende a casi 100 millones de euros.
El presidente del grupo municipal CC-PNC, y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez, ha reiterado que “desde 2011, año en que accedí a la Alcaldía, el Ayuntamiento mantuvo inalterada su estrategia jurídica para la recuperación del dinero invertido en la compra del frente de la playa de Las Teresitas, con independencia de los procesos judiciales que se fueron dirimiendo y siempre en defensa del interés público”.
Cien euros devueltos en ocho años
No es la primera vez que Bermúdez hace esta afirmación; casi con las mismas palabras se pronunció el pasado mes de marzo. Sin embargo, tal y como informó entonces este periódico, los hechos no le acompañan, ya que, aunque el exalcalde diga lo contrario, no se produjo ni una sola acción del consistorio dirigida a resarcir el enorme daño patrimonial provocado en las arcas municipales por ese pelotazo urbanístico, el mayor que se haya dado en Canarias. De hecho, en 8 años como alcalde no sucedió nada en favor de la recuperación del dinero. Es más, en la rueda de prensa de este miércoles, Patricia Hernández ha afirmado que cuando ella llegó a la alcaldía (en mayo de este año) solo había 100 euros en las arcas públicas de Santa Cruz referentes al caso Las Teresitas.
Lo que sí hizo el entonces alcalde fue, tal y como denunció el PSOE (entonces en la oposición), nombrar a Juan Víctor Reyes, uno de los dos funcionarios condenados por el caso Las Teresitas, como jefe de servicio en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento chicharrero. Hoy Reyes se encuentra en prisión, junto al resto de condenados.
En el comunicado emitido hoy por Coalición Canaria, Bermúdez responde a Patricia Hernández, actual alcaldesa de Santa Cruz, quien fue la encargada de anunciar en la mañana de este miércoles el embargo de los dos inmuebles por parte de la justicia, así como de otras medidas iniciadas por el Ayuntamiento para recuperar el dinero. Hernández también afirmó que los condenados “han tomado el pelo a la justicia y los ciudadanos intentando no pagar la deuda durante años”, algo que “les ha sido fácil” porque el Ayuntamiento [con Bermúdez como alcalde] no pidió la ejecución de sentencia cuando procedía.
Ante esta afirmación, Bermúdez ha desmentido “categóricamente” que la solicitud de ejecuciones de sentencia fuera original de Hernández y ha insistido en que “justo un día después de conocerse la firmeza de la sentencia” por parte del Tribunal Supremo, dictó una instrucción por la que ordenaba a la Asesoría Jurídica municipal “continuar con todas aquellas actuaciones necesarias, por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros, para dar cumplimiento a las sentencias en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas”.
Lo que sí se ha hecho en los meses de Hernández en el Consistorio y no en los años de Bermúdez en el mismo ha sido demostrar que Antonio Plasencia está detrás de otras empresas a las que se ha desviado el dinero de la empresa involucrada en el pelotazo, Inversiones Las Teresitas S.L.. También ha sido el Ayuntamiento quien ha solicitado el levantamiento del velo judicial sobre dos de las sociedades del entramado del empresario condenado, entre ellas Carlacand, a cuyo nombre se encuentran los dos inmuebles embargados.