El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes aplicar el artículo 169 de la Ley del Suelo para suspender el planeamiento en la zona de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife como paso previo a la apertura de un proceso de participación ciudadana con el fin de desarrollar el despliegue del plan Santa Cruz Verde 2030.
Así lo ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, quien ha avanzado que el proceso se iniciará en el mes de enero y se extenderá al menos durante los próximos dos años con cuatro fases: recabar información; constitución de mesas y talleres participativos; contestación de enmiendas y análisis de viabilidad de las propuestas.
Ha apuntado que el proyecto es un “lienzo en blanco” y una “oportunidad” para crear empleo y desarrollar nuevos polos de actividad económica en una superficie de unos 570.000 metros cuadrados con un 67% que tendrá uso público, según el protocolo suscrito en 2018 por Cepsa y las instituciones canarias.
Cabello ha comentado que es la segunda vez que se suspende un planeamiento por estas características en el archipiélago (la primera vez fue en Teror en la pasada legislatura) y que el plan Santa Cruz Verde 2030 es uno de los proyectos de regeneración urbanística más importantes de España y de Europa.
Ha indicado que este proceso está alineado con la Agenda Urbana Española, los ODS, y la Agenda Canaria 2030 y supone una “oportunidad única” para que las instituciones públicas, las dos universidades con una “perspectiva ambiental, económica y social”.
Ha apuntado igualmente que la suspensión del planeamiento, que ya habían realizado tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como el Cabildo, permitir “bloquear” todos los documentos relacionados con al refinería, afectada ahora como suelo industrial, y diseñar lo que se va a hacer reduciendo los tiempos (de hacerlo de forma ordinaria, el proceso se podría dilatar hasta los tres años y medio). Cabe recordar que parte de los suelos requieren de un periodo de descontaminación, ya que según un informe del Gobierno de Canarias elaborado por la entonces Viceconsejería de Medio Ambiente y citado en 2019 por el Consejal de Sí Se Puede Pedro Arcila en una interpelación al entonces concejal de Urbanismo en Santa Cruz, Carlos Tarife, se habían hallado metales como arsénico, plomo, cobre, níquel y zinc, que, en algunos casos, superan los valores genéricos de referencia establecidos, además de haber detectado una importante presencia de bolsas de hidrocarburos, que afectan a suelo y aguas subterráneas.
El portavoz del Gobierno ha señalado que Santa Cruz Verde 2030 “es la mayor operación urbanística que se ha hecho nunca en Canarias” y para su desarrollo ha señalado que se va a crear una oficina que permita coordinar el trabajo de las distintas consejerías.
“Es una hoja de ruta compleja”, ha destacado, subrayando que en la parte pública se trata de hacer un “detalle pormenorizado” de viales, equipamientos públicos, cuantas viviendas se pueden construir o si hay que acometer procesos de descontaminación del suelo.
Según destaca el informe técnico de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, existe también la previsión de ubicación de infraestructuras estratégicas de interés insular, como las relacionadas con el transporte y la movilidad.
Especulación, gentrificación y más turismo
El proyecto, que pretende proyectar altos porcentajes de espacios verdes, zonas residenciales y camas hoteleras para la ciudad, también traerá especulación, expulsión de la población local y aumentará el coste de la vida, según explicó a este periódico Marcus Hübscher, doctor en Urbanismo por la Universidad de Leipzig (Alemania) y experto que lleva años estudiando este plan.
Este geógrafo ha subrayado en diversas ocasiones la “opacidad” del proyecto, cómo actores y promotores no están de acuerdo en algunos puntos de la operación; y también que provocará una llegada masiva de turistas y alquiler vacacional. En esta ocasión, en un nuevo capítulo de su investigación publicado en la revista Springer, Hübscher estudia las similitudes y diferencias entre este plan y el de Cabo Llanos, iniciado en la década de los 90 también en Santa Cruz de Tenerife y que, al igual que plantea el más inmediato, supuso un antes y un después en el urbanismo de la capital tinerfeña.
Hübscher considera que Santa Cruz Verde 2030 es esencialmente diferente al plan de Cabo Llanos porque prevé levantar espacios verdes en un 41% de la unidad de actuación, algo que no hizo la operación anterior y que ha sido uno de sus “más obvios déficits”, según el experto. Sin embargo, esta apuesta por los jardines y parques urbanos esconde “una lógica empresarial oculta” que conlleva “la revalorización de los barrios adyacentes”. Básicamente, el geógrafo defiende que el precio de las viviendas anexas a estas zonas aumentará considerablemente, impedirá a los residentes locales comprar una y provocará un proceso de “gentrificación verde”, visto en otros lugares del mundo, según estudios.
Una investigación difundida en 2003 desveló que en Cabo Llanos se produjo un “proceso de elitización” tras el proyecto de remodelación de suelo previamente industrial. La entrada en el mercado de los grandes grupos inmobiliarios contribuyó a convertirla en “la zona más cara de la ciudad” y “las expropiaciones y derribos de inmuebles provocaron un auténtico vaciado poblacional del área”. El plan urbanístico de Cabo-Llanos ocupa una superficie de más de un millón de metros cuadrados, cuenta con varios centros comerciales, edificios de gran altura y bloques de viviendas y tenía como objetivo “construir un nuevo centro urbano representativo” para los ciudadanos de la capital tinerfeña. Pero 17 de los 18 actores consultados por Hübscher lo critican por ser una especie de “urbanización dormitorio” y destilar un “ambiente estéril”.