El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, ha abierto un expediente al Ayuntamiento de Santa Cruz porque la Empresa Mixta de Aguas del municipio (Emmasa) ha vertido al mar, en la zona de La Hondura, más agua de la permitida, además de realizar un deficiente tratamiento previo de los residuos y de afectar las aguas de baño de la zona.
Según informa este viernes el periódico Diario de Avisos, el Ejecutivo autonómico busca con este documento modificar la autorización concedida en 2005 que permite a Emmasa verter al mar una media de 20.000 metros cúbicos de aguas residuales al día. Y es que esta autorización se está incumpliendo por la falta de capacidad de la depuradora, lo que ha llevado a verter al mar todas las aguas residuales de la parte baja de Santa Cruz.
De esta manera, si se revoca el permiso la empresa del agua tendrá que depurar todas las aguas residuales que llegan a Cabo Llanos en la EDAR de Buenos Aires, lo que impediría que la depuradora tratara las aguas de El Rosario y La Laguna.
El expediente abierto por Medio Ambiente puede quedar en suspenso siempre y cuando el Consistorio santacrucero elabore un plan de actuación, a ejecutar en tres años, que corrija las deficiencias que obligan a verter directamente al mar las aguas residuales. El citado proyecto deberá ser redactado “de inmediato” y debe contar con ficha financiera. El principal inconveniente para la elaboración de este plan es buscar la financiación de las obras necesarias, las cuales pasan por la ampliación de la estación de Cabo Llanos y por la de la depuradora de Buenos Aires.
Fue Sí se puede quien dio a conocer este jueves la apertura del expediente después de tener acceso a los informes elaborados por los técnicos de Servicios Públicos a raíz de la comunicación del Ejecutivo regional. Según el edil Pedro Fernández Arcila, los informe cuestionan, por un lado, las medidas que se han tomado para evitar el vertido en los últimos cuatro años y, por otro, que la falta de capacidad de la depuradora, motivo que alega Emmasa para no tratar las aguas que llegan a Cabo Llanos, sea tan limitada.
“Los técnicos ponen contra las cuerdas al gobierno de Bermúdez, hasta el punto de que si no hace nada, la situación procesal se puede complicar mucho en el ámbito penal”, afirmó Arcila, quien recordó que hay un proceso penal abierto desde 2008 por estos vertidos, actualmente en fase de instrucción, y al que que Sí se puede ha decidido sumarse ante el contenido expuesto en los informes.
En el informe los técnicos ponen en duda la falta de capacidad de la EDAR de Buenos Aires para depurar las aguas que llegan a Cabo Llanos, tal y como alega Emmasa. Ante esto, proponen que se haga una auditoría externa porque es posible que la depuradora tenga mayor capacidad, unos 40.000 metros cúbicos al día de capacidad de depuración frente a los 23.000 que dice la empresa gestora.
Desde el Ayuntamiento santacrucero el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, sostenía que el expediente está aún en fase de alegaciones y que de no ser atendidas las mismas y revocarse la actual autorización, el Consistorio recurrirá al juzgado y presentará un contencioso administrativo.
Aparte, Arteaga explicó que las consecuencias de revocar la autorización a Emmasa, puesto que “el daño medioambiental va a ser mayor que el que está provocando el actual vertido, que se disuelve en el mar en el 98%, ya que la depuradora tendría que dejar de aceptar las aguas residuales de La Laguna y El Rosario”.