Los concejales de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz han comparecido este martes en rueda de prensa para valorar la sentencia judicial que, según el grupo, avala su petición de resolución del contrato con la empresa Sacyr-Vallehermoso para la prestación del servicio público de agua en la capital tinerfeña a través de Emmasa y que demuestra, a su entender, “la complacencia del alcalde José Manuel Bermúdez con la gestión irregular de la multinacional en un servicio esencial para la ciudadanía y para el propio Ayuntamiento”. Según lo sostenido por el grupo de Gobierno en el Ayuntamiento, el fallo avala la intervención de Emmasa y solo tacha esta decisión de “excesiva en determinados aspectos”.
El portavoz del grupo municipal ecosocialista, Pedro Fernández Arcila, destacó que la resolución judicial “desmonta las tesis del interventor designado por la Junta de Gobierno para evaluar la situación y de los peritos de Sacyr y Emmasa”, mientras que “avala el informe de los servicios técnicos municipales, que siempre consideraron que las subcontrataciones estaban incumpliendo el pliego de contrato. Siempre hemos subrayado esta contradicción entre ambos informes”.
Por este motivo, Sí Se Puede señala que, “ahora que una sentencia concluyente avala el parecer de los servicios técnicos municipales, desde nuestro punto de vista lo que procede es la resolución del contrato”, una de las dos penalizaciones que se contemplan para las irregularidades detectadas, junto al pago de 450.000 euros.
Sí Se Puede destaca que las conclusiones judiciales establecen que empresas del grupo Sacyr-Vallehermoso han sido subcontratadas para realizar prestaciones esenciales, en contra de lo establecido en el pliego por el que la multinacional se hizo cargo del servicio. Además, señala otro incumplimiento: empresas del grupo han sido subcontratadas para prestar labores accesorias sin ningún tipo de autorización previa por parte del Ayuntamiento.
La sentencia fue emitida por el Juzgado de la Contencioso Administrativo número 4 de la capital tinerfeña en respuesta a una demanda de Sacyr-Vallerhermoso contra la intervención de Emmasa por parte del Consistorio.
Por estos motivos, Frías anunció la adopción de dos medidas políticas y una judicial por parte de su grupo: la petición de la elaboración de un nuevo informe por parte de una persona distinta del interventor designado anteriormente por la Junta de Gobierno -puesto que sus consideraciones han sido cuestionadas por el juez–; la incoación de nuevos expedientes a las empresas subcontratadas por Sacyr -“y que no se dejen caducar, como en otras ocasiones”-, y la entrega de toda la información al Juzgado de Instrucción número 2 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, que está llevando las irregularidades de Sacyr en Santa Cruz de Tenerife en materia de gestión del servicio público de agua.
La sentencia “da la razón” al Ayuntamiento
En relación con este mismo fallo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que le da la razón al Consistorio en la cuestión del acuerdo adoptado en su día por la Junta de Gobierno local. El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, llama la atención acerca de la literalidad de la sentencia, que indica textualmente que los incumplimientos detectados en Emmasa “deben ser considerados como perturbación grave de la relación concesional, lo que justifica la intervención al formar parte del servicio público en el sentido amplio de que supera la estricta relación entre gestor y usuario”. No obstante, la sentencia sí que considera la propia intervención como “excesiva en determinados aspectos y proporcionada en otros”.
De hecho, Arteaga señala en un comunicado que el magistrado establece como “no conforme a derecho la atribución de la facultad decisoria de concertar contratos por parte del interventor, puesto que este pasaría entonces a ser un controlador de la legalidad de la actividad de la empresa concesionaria y se constituiría en un administrador de facto, entrando en el campo del secuestro del gestor indirecto del servicio público”. Además, el edil subraya que esta sentencia ratifica la línea trazada desde el Ayuntamiento en el proceso de intervención de la empresa.
La resolución judicial dictada “no es firme y puede ser recurrida, pero confirma que no nos equivocamos cuando, lejos de esos planteamientos arriesgados que nos proponían en forma de resolución del contrato, optamos por la vía de la prudencia y de la intervención, un aspecto conforme a derecho y que sí nos ha posibilitado un mayor control de la gestión de la empresa en nuestro municipio”.