La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción ha presentado un escrito al Diputado del Común solicitando su amparo para que edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas, conocido como Mamotreto, sea derribado totalmente por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como especifica una sentencia judicial.
Previo a explicar los motivos que la han llevado a recurrir al Diputado del Común, la plataforma señala que están “sorprendidos y alarmados” por las actuaciones del Ayuntamiento en la fase de ejecución de la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, del 18 de noviembre de 2014, que ordena el derribo del edificio de aparcamientos y locales comerciales situado en la cabecera de la playa de Las Teresitas.
Apunta que la citada sentencia, además de condenar a seis personas, tres concejales y tres funcionarios municipales, a diferentes penas de prisión e inhabilitación por su participación en la comisión de un delito de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, ordena la demolición total del edificio al que, al mismo tiempo, declara ilegal e ilegalizable. Sin embargo, en su fundamento jurídico décimo deja la puerta abierta, de manera excepcional, a una posible legalización del mismo en el caso de que se acreditara una modificación del planeamiento que posibilitara la legalización de la parte de la obra que no invade la servidumbre de protección.
Es ese supuesto excepcional al que se ha acogido el Ayuntamiento para “obstaculizar” la ejecución de la sentencia y, consecuentemente, no derribar el edificio.
Indica tambien que el 6 de abril de 2015, hace ya casi un año, el Juzgado de lo Penal Nº 5 remitió al Ayuntamiento una providencia (Anexo I), solicitando que le informara de si existía esa normativa urbanística que hiciera posible la legalización. Ante la “inacción” del grupo de gobierno, el 9 de noviembre de 2015 el Juzgado volvió a requerir al Ayuntamiento, en una segunda providencia, para que cumpliera con la sentencia firme.
Durante este tiempo el grupo de gobierno ha remitido al Juzgado algunos informes que, sin embargo, no dan respuesta clara a lo solicitado. No es hasta diciembre de 2015, que la directora técnico-jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luisa del Toro Villavicencio, a instancias de la Alcaldía, emite un tercer informe en donde concluye que el Mamotreto se debe derribar en su totalidad, tal como ordena la sentencia de la Audiencia.
A esa misma conclusión se llega también en otros dos informes emitidos por el secretario municipal Luis Prieto, y por la directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Isabel Cubas. En sus conclusiones, Cubas establece de manera categórica “que no concurre en la actualidad ninguna circunstancia fáctica o jurídica que ampare plantear un incidente de imposibilidad legal de ejecución” de la sentencia.
La plataforma añade que el grupo de gobierno ha seguido requiriendo informes de otras instancias municipales, al mismo tiempo que el alcalde ordenó a la Concejalía de Proyectos Urbanos, Infraestructuras, Obras y Patrimonio la redacción del proyecto de derribo del edificio ilegal. Posterior a ello, el concejal José Alberto Díaz-Estébanez ha remitido un nuevo informe firmado por Verónica Patricia Rodríguez Martín, abogada y funcionaria en excedencia de la Comunidad Autónoma, contratada como personal directivo en fechas recientes por la citada Concejalía.
Este nuevo dictamen contradice a los anteriores y señala no sólo que el edificio es legalizable, sino que la sentencia es inejecutable, al mismo tiempo que recomienda al juzgador que “valore la posibilidad de que sea otra Administración la que se subrogue en las funciones de auxilio judicial para el fin previsto”.
La plataforma apunta que dictada la sentencia condenatoria, donde se ordena la restitución de la legalidad quebrantada, “la consecuencia lógica es la automática reparación del daño, es decir, la demolición del Mamotreto y el cumplimiento de las penas por parte de los condenados. Ha pasado más de un año desde que la sentencia es firme, pero su ejecución se aplaza sine die”.
También indica en su escrito que “no ordenar, a la luz de los contundentes informes que se han aportado, la demolición del edificio, convertiría la laboriosa actuación judicial y de la Fiscalía en una auténtica pantomima, por cuanto los condenados lograrían finalmente su propósito delictivo original”.