La exalcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), ha mostrado su rechazo a la postura expresada por el equipo de gobierno de la capital tinerfeña (formado por Coalición Canaria y Partido Popular con el apoyo de una edil tránsfuga de Ciudadanos) durante la Comisión de Control sobre la subida de la factura del agua y la devolución del canon cobrado indebidamente por Sacyr cuando se hizo con el contrato para gestionar el servicio de aguas de la ciudad.
El origen de este caso se remonta al año 2005, cuando, con Miguel Zerolo (CC) como alcalde, el Ayuntamiento privatizó la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa). El canon para hacerse con la explotación era de 59 millones de euros. La multinacional Sacyr fue la que se hizo con el concurso. Una vez controlada por la nueva empresa, Emmasa aprobó devolver el canon abonado a razón de 2,3 millones de euros al año. Es decir, Santa Cruz daría a la empresa el dinero que esta pagó por explotar el servicio de aguas y que era condición para hacerse con el contrato. De esta manera, la empresa recuperaba toda su inversión y la ciudad perdía un dinero que le pertenecía.
Esto salió a la luz pública en el breve período en el que el Ayuntamiento pasó a manos de Patricia Hernández (PSOE), que inmediatamente paralizó los pagos a Sacyr. Hasta ese entonces la empresa ya había recuperado indebidamente 33,6 millones de euros de los 59 que invirtió.
Hace apenas unas semanas ha trascendido que la empresa ha acordado con el Ayuntamiento comenzar a reintegrarle ese dinero, pero que para ello impone como condición que se suba la tarifa del agua más de un 8%. Y el Ayuntamiento aceptó.
Este jueves, el equipo de gobierno (CC y PP) aseguró que dicho acuerdo para la devolución del canon y la subida de la tarifa del agua son asuntos que, aunque se tramitan en paralelo, no guardan relación entre sí. Sin embargo, Patricia Hernández sacó durante la comisión una copia del acuerdo entre Sacyr y Emmasa en el que la empresa que explota el servicio de agua de la ciudad “expresa nítidamente”, según el PSOE, que para devolver el canon impone como condición sine qua non el cobro de una compensación de 4,5 millones de euros.
“La lectura del documento es clarificadora. No parece un acuerdo entre Sacyr y Emmasa; parece un acuerdo entre Sacyr y Sacyr porque exclusivamente vela por los intereses de la multinacional. Aquí solo pierde la ciudadanía de Santa Cruz y su interés patrimonial, que es Emmasa”, argumentó la exalcaldesa, bajo cuyo mandato se descubrieron los pagos indebidos a Sacyr en concepto de devolución del canon y se ordenó su paralización e inicio de los trámites para exigir su reintegro en las arcas municipales.
Durante su intervención, Hernández explicó que la propia Sacyr reconoce en el acuerdo entre la empresa y Emmasa que “va a devolver” 3,3 millones de euros al año por el canon cobrado indebidamente durante más de 15 años solo si se realiza ese pago. “Parece que trabajan ustedes para Sacyr y no para la ciudadanía de Santa Cruz”, sentenció la líder municipal.
Otro punto de rechazo al acuerdo fue el cobro de los intereses por el dinero “sustraído ilegalmente”, según el PSOE. “Los intereses de cobro, según este acuerdo entre Sacyr y Sacyr, empiezan hoy, no cuando comenzó el quebranto a las arcas municipales en el año 2006. ¿Por qué le regalan 16 años de intereses?, ¿qué poder tiene sobre ustedes esa empresa”, ha cuestionado Patricia Hernández.
El PSOE ha manifestado que no es la primera ocasión en la que Bermúdez y Sacyr intentan vincular la tarifa del agua a la inflación y que, si es necesario, no descarta acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para conseguir una nueva sentencia que paralice la subida.