El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha reprochado al alcalde de la ciudad, el nacionalista José Manuel Bermúdez, de que “con su pasividad esté dejando claro que su interés es cerrar la Cofradía de Pescadores de San Andrés”.
Fernández Arcila se refirió así a la última decisión del Gobierno local de CC-PP: la resolución de la Gerencia de Urbanismo de sancionar al restaurante de la cofradía con 20.000 euros y de ordenar el cese definitivo de su actividad y la clausura del establecimiento.
El portavoz de Sí Se Puede exige al ejecutivo de CC-PP que cumpla el acuerdo plenario en defensa de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, adoptado por unanimidad en el pleno del 25 de mayo de 2018 tras iniciativa de una moción presentada por el grupo ecosocialista con el fin de alcanzar un acuerdo institucional para resolver una injusticia que dura demasiado.
Arcila pide ahora, tras los últimos acontecimientos, la comparecencia del concejal de Desarrollo Económico, Alfonso Cabello, ante la Comisión de Control del jueves 14 de marzo, para que informe “sobre las actuaciones realizadas por el equipo de gobierno para el cumplimiento de este acuerdo”, o sea, la moción aprobada por unanimidad el 25 de mayo de 2018.
El portavoz ecosocialista sustenta las razones de esta petición de comparecencia en la falta de información sobre los pasos dados por el grupo de gobierno después de la última noticia que tiene Sí Se Puede sobre el caso, que es la celebración de una reunión de 29 de mayo de 2018 mantenida entre miembros del equipo de gobierno local y representantes de la Autoridad Portuaria, Costas y Viceconsejería de Agricultura y Pesca.
El grupo ecosocialista denunció la exclusión de este encuentro de representantes de la cofradía y de la Federación de Cofradías de Canarias como “un fraude propio de la vieja política”, según expresó entonces Arcila, por vulnerar el acuerdo plenario citado.
Al mismo tiempo, el portavoz reclamó que se convocara de manera inmediata a los pescadores a una reunión con todas las administraciones interesadas y advirtió sobre la imposibilidad de alcanzarse acuerdos de espaldas de los pescadores, el colectivo directamente interesado, que ejerce una labor esencial para la vida económica de San Andrés.
El acuerdo en defensa de la Cofradía de San Andrés contemplaba el reconocimiento como refugio pesquero del área donde actualmente se encuentra la cofradía y las instalaciones pesqueras asociadas, así como las actividades conexas, tales como el restaurante o el punto de primera venta.
De esta manera, se garantiza el mantenimiento y la potenciación tanto del sector primario como del ámbito de la restauración, fundamentales para el pueblo de San Andrés. Asimismo, el acuerdo contemplaba que, en el tiempo en el que se procedía a ese reconocimiento, se autorizara la realización de todas las actividades desarrolladas por la cofradía.
A juicio de Sí Se Puede, en el refugio pesquero deben ubicarse las instalaciones pesqueras necesarias para un mayor y mejor desarrollo pesquero: el traslado de los cuartos de aperos para evitar situaciones de riesgo por temporales; crear una zona de varadero, e instalar un local para venta de productos pesqueros.
Estas infraestructuras deben sumarse a las actuales en la zona, que son la sede de la Cofradía de Pescadores de San Andrés y el restaurante, un punto de primera venta, una grúa para operaciones con las embarcaciones, un punto de suministro de gasoil, un cuarto de aperos de pesca en el espigón, una zona de fondeo/atraque de embarcaciones de pescadores y náutico-deportivas, un punto limpio y un almacén de hielo.