Colectivos sociales y partidos políticos exigen el derribo del edificio diseñado por Perrault para Las Teresitas
Una amplia representación de los movimientos sociales y políticos de Santa Cruz de Tenerife se unió este miércoles, en el transcurso de una rueda de prensa, con el fin de exigir el cumplimiento de la sentencia del derribo de la totalidad del edificio diseñado por el arquitecto francés, Dominique Perrault, en la playa de Las Teresitas, conocido como Mamotreto.
Un fallo de hace ya dieciséis meses apunta que este edificio, que iba a albergar un aparcamiento y un centro comercial, es ilegal e ilegalizable ya que se construyó mientras se delimitaba el nuevo deslinde, pero además se incumplió el proyecto en cuanto a volumetría y alineaciones, entre otros aspectos urbanísticos.
Tampoco se contó con autorización del Gobierno canario y se ejecutó sin que se firmara el convenio con Costas, dada la negativa del organismo estatal a suscribirlo después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara la compra por parte del Ayuntamiento del frente de playa. En este caso el fallo se debió a que se recurrió a tasaciones externas que favorecían a los compradores en vez de a los intereses públicos.
Los nombres de los colectivos que pidieron que se cumpla la setencia son: Plataforma 29-E, Amigos de Anaga, Asociación de Vecinos El Sobradillo, Contra las Antenas, Contra el PGO en El Toscal, Contra el PGO de Santa Cruz, Xtenerife, la Asociación de Vecinos Las Tribulaciones de El Toscal, Defensa de las pensiones públicas, el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC) y por supuesto, la Plataforma en defensa del derribo del mamotreto.
Por su parte, la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz, integrada por el PSOE, Sí se Puede e Izquierda Unida Canaria (IUC), volvieron a unirse con idéntico fin: denunciar lo que interpretan como tácticas dilatorias por parte del grupo de gobierno (CC-PP) encabezado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, de cumplir el fallo, y dejar claro que éste sólo puede pasar por el derribo de la totalidad del edificio.
El turno de intervenciones lo comenzó la portavoz de la Plataforma que exige la demolición, Lola Schneider, quien calificó de “chapuza” el encargo de un nuevo informe por parte del grupo de gobierno al Área de Infraestructuras, después de ver cómo otros tres ratificaban que el cumplimiento del fallo judicial sólo puede pasar por la desaparición de todo el inmueble, no sólo una parte. Este último informe, en contra de los anteriores, sorpresivamente apunta que, por ahora, no se debe tirar el Mamotreto. Schneider considera que este nuevo dictamen y su posible ejecución supondrá otro despilfarro.
El portavoz socialista, José Ángel Martín Bethencourt, dijo que el TS ya ha sentenciado en contra de lo que se ha dado en denominar “informes de complacencia”. En referencia a aquellos encargados por unos dirigentes políticos con el fin de avalar sus puntos de vista y que son “escritos al dictado” por técnicos y funcionarios. Martín Bethencourt apuntó que en realidad son ya cinco los dictámenes elaborados de los que cuatro apuntan la obligación de demoler todo el inmueble.
En el caso del último indica que se incurre en errores de bulto al hablar de aprobación provisional y concesión provisional de licencias, cuando estos procedimientos no se contemplan en los planes especiales. “Frente a tanto disparate lo que exigimos es que simplemente se cumplan las sentencias y la ley, y para eso hoy está aquí presente una amplia representación de la sociedad de Santa Cruz de Tenerife. Me atrevo a decir que incluso mayor que la que representa a los que actualmente gobiernan el municipio”, dijo el concejal socialista.
El portavoz de Sí se Puede, Pedro Arcila, conectó esta lucha social con la que se impulsó en el pasado para evitar que se construyera en el frente de la playa y que éste sea privatizado. Y es que tanto la construcción de este edificio de aparcamientos, como de un hotel, de una macro urbanización en Las Huertas o de un puerto deportivo, precisamente lo que buscaban “es evitar que la playa de los santacruceros siguiera siendo precisamente eso: la playa de todos los santacruceros”.
Arcila defendió la validez de los pronunciamientos ciudadanos, ya que cada vez que ha tenido lugar una rueda de prensa de la Plataforma, Bermúdez ha tomado decisiones y actuado en consecuencia. Apuntó también a la existencia de una guerra entre funcionarios, defensores del derribo de todo el edificio y de los cargos semipolíticos como los directores generales sobre la forma en la que cumplir la sentencia.
El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC), Ramón Trujillo, apuntó a la Justicia y exigió que se atiendan a las peticiones ciudadanas de no hacer caso a las presiones políticas. “No se puede lanzar a la sociedad el mensaje de que las sentencias no se cumplen”, dijo.
Trujillo considera que en vez de incurrirse en despilfarro si se demuele todo el edificio, “en realidad nos estaremos ahorrando cientos de millones” al evitar que en el futuro se vuelvan a repetir este tipo de prácticas. El concejal de IUC dijo que el término informe de complacencia en este caso tiene un doble significado, por un lado el apuntado por el TS, y por otro en referencia al empresario Antonio Plasencia, vendedor de los terrenos y especializado en la explotación de aparcamientos, por lo que siempre se ha sospechado que era quién iba a gestionar el que se pensaba situar en Las Teresitas.
