Siete representantes de colectivos sociales han decidido solicitar la convocatoria extraordinaria de un Pleno del Consejo Municipal de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife y por ello han registrado esta semana una solicitud en el Ayuntamiento, para pedir explicaciones al alcalde sobre los criterios seguidos para la selección y nombramiento de los miembros del Consejo Social, y para reclamar información sobre el cierre del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito (CAVD).
Según la portavoz de las solicitantes, Olga Manduca, representante de las áreas de mujer de las organizaciones sindicales, se persigue con este Pleno extraordinario que el grupo de gobierno rectifique la decisión tomada en sesión plenaria de 28 de febrero, cuando se acordó nombrar a una única mujer como miembro del Consejo Social de la capital tinerfeña, frente a una abrumadora representación masculina, integrada por nueve hombres.
Las representantes del Consejo firmantes de la solicitud, a través de su portavoz, han calificado de sumamente “escandaloso” que el alcalde y los concejales del grupo de gobierno sean tan ciegos como para no reconocer ni visibilizar los méritos de muchísimas mujeres de la ciudad, profesionales de prestigio en distintas facetas, que podrían formar parte dignamente del Consejo Social, máxime cuando favorecer la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de justicia social y un mandato legal de las administraciones públicas. El reglamento señala que podrán formar parte del Consejo hasta diez personas de reconocido prestigio en materia económica, social y urbanística o de especial significación o relevancia ciudadana.
Recuerda Manduca que “si por parte de CC y PSOE no se rectifica esa decisión, se estaría incumpliendo de forma muy grave la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, y se verían obligadas a tomar otras medidas al respecto.
Por otra parte, las miembros del Consejo de la Mujer solicitantes de esta convocatoria extraordinaria piden también información urgente sobre el cierre del Centro de Atención de Víctimas de Delitos, que se hizo efectivo el pasado 2 de abril. Consideran que se tenía que haber informado previamente a este organismo, porque –señalan- “es evidente que el cierre de este servicio de orientación y asesoramiento jurídico, tras el despido de las tres trabajadoras que lo prestaban, causará graves perjuicios a los usuarios y usuarias, ya que carecerán de la dimensión jurídica, fundamental a la hora de abordar de forma adecuada muchos problemas sociales”.
Según señala el artículo 12.3 de los Estatutos del propio Consejo de la Mujer para solicitar un Pleno Extraordinario de este órgano basta con que así lo demande un número igual (o superior) al mínimo de un tercio de sus miembros, número que en este caso sería 7, ya que el Consejo de la Mujer lo integran 21 personas.