El acceso al agua es un derecho que tiene cualquier ser humano, como así se recoge en los principales tratados internaciones y que defiende la propia ONU. No obstante, miles de personas de Santa Cruz de Tenerife, afectadas por la virulencia de la crisis económica, y que solo han encontrado en la okupación su única alternativa para contar con una vivienda, han tenido muy limitado su suministro o su uso cotidiano.
De hecho, muchas de estas familias solo han podido obtener este bien necesario y vital de vecinos próximos o en fuentes públicas, un flujo que se ha intentado cortar por parte de la administración con el cierre de este suministro, lo que ha generado múltiples protestas de organizaciones sociales y de diferentes fuerzas políticas de la corporación municipal, que han exigido que se garantice su acceso libre.
Dichas reclamaciones, sustentadas en derechos fundamentales y en un intento de compensar el desequilibrio que están padeciendo muchos vecinos por su precariedad de recursos económicos, ya empieza a dar sus frutos, pues recientemente las diez familias de okupas que viven en un edificio del barrio de Nuevo Obrero, en el Distrito de Ofra, han logrado “un importante acuerdo sin precedentes que les permite tener acceso al agua”.
Inma Évora, quien hasta hace escasas fechas desempeñaba la portavocía de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), y que ha canalizado los contactos de los vecinos con la corporación municipal y la empresa mixta Emmasa, que gestiona el agua en Santa Cruz, explicó que se ha logrado una decisión “pionera en todo el Estado” que, según comentó, consiste en la plasmación de un contrato provisional de suministro de agua, “a pesar de que los beneficiarios carezcan de los pertinentes títulos habilitantes”.
Évora remarcó que esta postura que se ha logrado tras múltiples conversaciones con el consistorio municipal, “logra que prevalezca el derecho al acceso al agua por encima de un título, el abono del suministro o las posibilidades económicas del usuario. Da la capacidad de favorecer que una persona acceda a algo que humanitariamente no se puede negar a nadie”.
Así, las diez familias del edificio Alejandro, que pertenece a una entidad financiera, tiene ya el agua regularizada, una realidad que ha supuesto un hito en su lucha desde que decidieron ocupar este inmueble y cuyo uso, desde un principio, siempre han manifestado que estaban dispuestos a regularizarlo a través de acuerdos con la entidad para el abono de un alquiler social.
A partir de ahora, esta medida sin precedentes que Évora reconoció que ha sido posible gracias al trabajo de la PAH, los vecinos y “la labor coherente y el compromiso del alcalde, José Manuel Bermúdez”, después de más de un año de diálogo, se puede transformar en el argumento central de la moción de la ex portavoz de esta organización presentará próximamente al Pleno de Santa Cruz “para que esta medida se regularice y para que se garantice al acceso al agua a todas las personas”.
A su vez, dijo que estos contratos no les privará de este bien, independientemente de su situación irregular en la vivienda o al margen de que haya un proceso paralelo de desahucio. A esto agregó que se insiste incluso con prioridad con aquellos supuestos en los que haya menores en bajo el mismo techo.
Évora sostiene que las viviendas que son propiedad de los bancos, “en realidad son públicas, porque se ha rescatado a estas entidades y sin contraprestaciones de ningún tipo, y ahora nos vemos intentando contrarrestar todas estas irregularidades”.
En este sentido, apuntó que con estas familias que han ocupado una vivienda porque carecían de un techo por múltiples circunstancias,“hemos ido sorteando todo tipo de obstáculos. Primero, los de carácter judicial, que aún están ahí y no se ha abierto ningún proceso más, algo que es muy positivo”.
Subrayó que privar del agua a las personas “les impide la vida”, puesto que, dijo, “su acceso influye también en su salud. Por ello, desde las organizaciones lo que se exige es que se normalice su uso como a otros bienes de primera necesidad”.
En el caso de garantizar el suministro eléctrico, explicó que es diferente y más complejo, “aunque se está trabajando en otras comunidades autónomas para que las compañías eléctricas busquen fórmulas para que se sumen a una práctica más social. No se pide que todo el mundo viva alegremente, pero si para que no se contribuya aún más a la pobreza energética”.
El acuerdo que ha beneficiado a los okupas del edificio Alejandro, ha sido fruto de sus reivindicaciones, no sin enfrentamientos y desencuentros, hasta alcanzar acuerdo que también incluyen que a partir de ahora Ayuntamiento seguirá avanzando con los servicios sociales “posibilitando un trabajo pionero y sin precedentes”.
Esta activista de la capital tinerfeña señaló, no obstante, que por la falta de atención a las reivindicaciones sociales, esta media llega algo tarde, porque tampoco ha habido diálogo efectivo para garantizar que las necesidades básicas estén debidamente cubiertas.
Además, argumentó que tanto en Santa Cruz como en el resto de Tenerife “hay más familias de okupas de las que nos imaginamos” y se aventuró a decir que “3 de cada 10 estén atravesando por algún tipo de carencia o están en un serio riesgo social”, haciendo referencia a un reciente estudio del INE que sitúa en Canarias a más de 52.000 familias sin ningún tipo de ingreso económico. Por ello, hizo un llamamiento para “una reorganización social y ciudadana, y un cambio de conciencia”.