La oposición pide urgencia y máximas garantías en la subrogación de los exempleados de Elecnor en Santa Cruz

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

El portavoz del grupo de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha exigido este martes al Gobierno local de CC-PP todas las garantías en la subrogación de la plantilla de trabajadores que prestaba el servicio de mantenimiento hasta su despido el pasado mes de marzo por parte de la anterior empresa adjudicataria, Elecnor.

“Han transcurrido tres meses desde que dejó de prestarse el servicio y seis meses desde que Elector anunció que renunciaba a continuar prestándolo, sin que se haya iniciado la tramitación de la nueva licitación, por lo que la situación de los trabajadores es de absoluto desespero”, asegura Arcila, que preguntará al Gobierno local de CC-PP en el pleno de este viernes, 27 de abril, cuándo tiene previsto iniciar ese expediente el equipo dirigido por el alcalde José Manuel Bermúdez.

El grupo ecosocialista reclama el inicio del expediente para la licitación del servicio público de mantenimiento, reforma, ampliación y mejora de colegios, dependencias y edificaciones municipales y que ese documento recoja en sus pliegos la cláusula que garantice la subrogación, una condición que es exigida por la ley.

Arcila recuerda que el pleno del pasado 9 de abril rechazó una moción de Sí Se Puede para garantizar los puestos de trabajo en ese servicio municipal. No obstante, durante la sesión, el concejal de responsable del Área de Servicio Público, Dámaso Arteaga, volvió a afirmar que se incorporaría al pliego una cláusula de subrogación, de tal forma que quedaría garantizado el derecho de los trabajadores del servicio a continuar en su puesto de trabajo.

Sin embargo, la plantilla continúa sin tener noticias de actuaciones del grupo de gobierno en ese sentido, por lo que la inquietud continúa. A juicio de la organización ecosocialista, la situación debe resolverse de inmediato, no solo por un compromiso con el personal, sino, además, por la obligación de toda institución pública a cumplir con la ley.