El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y presidente del grupo municipal de CC-PNC, José Manuel Bermúdez Esparza, ha manifestado su “gran alegría” por el acuerdo alcanzado por el actual grupo de gobierno con la familia del empresario Antonio Plasencia para la recuperación por las arcas locales de la mayor parte de los 97 millones de euros malversados en la compra del frente de playa de Las Teresitas. Por esta operación está precisamente cumpliendo pena de cárcel Plasencia, y en ella también resultó condenado su socio, Ignacio González, fallecido en prisión, y el entonces alcalde, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, igualmente preso.
Bermúdez sostiene que ha sido un proceso muy largo el seguido hasta conseguir la devolución de ese dinero, y destaca la labor realizada por la alcaldesa Patricia Hernández en este asunto en el año que lleva de mandato, pero pone en valor igualmente los trámites iniciados en este mismo sentido –reclamar a los empresarios la devolución de los fondos malversados- durante su gestión al frente de la Alcaldía (2011-2019). Rechazó, por ello, las declaraciones de Hernández al anunciar el jueves el acuerdo y en las que restaba todo mérito del éxito al equipo de gobierno de Bermúdez “y ahora se cuelga ella todas las medallas, algo que no se ajusta a los hechos”, precisó.
“Yo no me puedo arrogar lo conseguido y tampoco sé si a partir de las acciones tomadas durante mi gestión en la Alcaldía hubiéramos llegado al mismo acuerdo, pero no es cierto lo que dice la alcaldesa de que durante mi mandato no hiciéramos nada por recuperar lo malversado a las arcas municipales. No todo vale para tratar de obtener rédito político”.
Con todo, José Manuel Bermúdez no quiso entrar en más detalles a la hora de valorar el acuerdo para la devolución del dinero de Las Teresitas “porque no sabemos nada de su contenido, solo lo que comentó la alcaldesa”. El portavoz nacionalista señaló que “ayer jueves pedimos formalmente el contenido del acuerdo para comprobar que efectivamente responde al interés público” y añadió que todos los concejales “debemos estar bien informados y contar con el expediente correspondiente”.
Actuaciones bajo su mandato
El representante de Coalición Canaria hizo recordatorio de las iniciativas adoptadas relacionadas con el coste económico de la operación de Las Teresitas durante su tiempo como alcalde, a partir de las elecciones locales del 22 de mayo de 2011.
Señaló que en noviembre de ese año el Ayuntamiento, bajo gobierno en coalición de CC y PSOE, respondió a la demanda civil presentada por los propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT) para que el municipio abonara compensaciones correspondientes tras la decisión del Tribunal Supremo de 2007 que anuló el acuerdo de compraventa. “Nuestra respuesta”, apuntó, “fue presentar una demanda de reconvención con respecto a la de ILT, en la que se reclamaba a los empresarios el pago de unos 74 millones de euros (53 millones del coste de la operación y 21 millones por intereses e indemnizaciones por daños y perjuicios).
La demanda civil quedó en espera –por decisión judicial- hasta conocer primero el alcance de la denuncia presentada por lo penal también por el caso Las Teresitas.
Una vez conocida la primera sentencia penal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en abril de 2017, la Corporación, afirma Bermúdez, dio instrucciones a sus Servicios Jurídicos para que continuara en el ejercicio de las actuaciones procesales necesarias encaminadas a hacer efectivas las indemnizaciones que a favor de la Corporación municipal se recogían en la resolución judicial. La Junta de Gobierno, además, acordó en mayo autorizar la adhesión de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento a la solicitud de medidas cautelares de carácter real que planteaba el Ministerio Fiscal. “Ocurrió entonces que la Fiscalía no pidió la ejecución de la sentencia, porque no era firme todavía, y de eso no nos pueden culpar a los que gobernábamos el Ayuntamiento entonces”, sostiene.
El exalcalde concluye que, conocida en marzo de 2019 la decisión del Supremo que mantenía en firme lo fundamental de las condenas establecidas por la Audiencia Provincial, “dicté instrucción a los Servicios Jurídicos para continuar con las actuaciones para la recuperación del dinero público invertido y hacer efectivas las indemnizaciones”. Asegura Bermúdez que después “ya no dio tiempo para hacer mucho más”, toda vez que a los dos meses se celebraron nuevas elecciones locales y el cambio en el gobierno del Ayuntamiento de la capital tinerfeña.
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