La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife reconoce las irregularidades del geriátrico de Ifara pero sólo contempla la demolición de una planta.
En un informe elaborado por el organismo autónomo se indica que la edificación no se ajusta a la normativa dado el exceso de ocupación de parcela, superar la altura permitida o los patios interiores, entre otros aspectos.
Los vecinos, que llevan años luchado para que se derribe el inmueble, únicamente aceptarían que se eliminaran tres plantas como mínimo.
Como de nuevo no se ha llegado a un acuerdo las partes han decidido acudir de nuevo a los tribunales para recurrir el acuerdo de Urbanismo, aunque cada uno por distintos motivos. Los vecinos porque les parece insuficiente y los propietarios por estar en contra de cualquier tipo de derribo. Aunque ambos recursos han entrado en el juzgado por separado, los vecinos han solicitado que se unifiquen en una sola causa.
La lucha contra las irregularidades del geriátrico se remonta casi al mismo momento de su construcción. Hasta ahora todas las instancias judiciales y el Consejo Consultivo les han dado la razón a los vecinos pese a lo cual para estos aún no ha terminado lo que un magistrado calificó de “calvario judicial”.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a principios del pasado año tuvo que dar un fuerte tirón de orejas a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz por su desinterés en aplicar los fallos judiciales.
Los vecinos han venido defendiendo desde hace años que la mitad del inmueble tendrá que ser demolido y así lo han avalado también los tribunales, informes del propio Ayuntamiento y el Consejo Consultivo.
En todos los casos se ha determinado que las licencias otorgadas en el año 2003 para construir este inmueble son “disconformes” con el PGO. Con el fin de legalizar el edificio se otorgaron posteriormente otras autorizaciones en 2008 y 2009 que también deben ser anuladas según el Consejo.
En caso de concretarse el derribo, el Ayuntamiento de Santa Cruz podría verse obligado a desembolsar cantidades millonarias a la empresa propietaria, Residencias Atlántidas S.A.
Los técnicos determinan que los casi 7.000 metros cuadrados que en la actualidad se destinan a espacio habitable superan en alrededor de 2.600 lo permitido en su momento. Y ello es así hasta el punto de que frente a las tres plantas autorizadas se llegan a contabilizar seis en algunos puntos del inmueble.
Además, se incumple la dotación de aparcamientos por camas, dado que serían necesarias 29 plazas más y también en la separación con los espacios públicos de manera que frente a los tres metros existentes tendrían que existir ocho. En cuanto a alturas se supera lo permitido en 3,5 metros.