La Plataforma por la Dignidad se ha hecho eco de la desesperación de una vecina de Santa Cruz que vive con sus dos hijas y que sólo cobra una pensión no contributiva de 366 euros por invalidez y que, según advierte Eloy Cuadra, portavoz de este colectivo, “hoy se ve prácticamente en la calle, sin la que fue su casa durante casi 30 años en el santacrucero barrio de Uruguay y con la amenaza de salida del piso de alquiler al que accedió por ofrecimiento del Ayuntamiento, debido a los incumplimientos del propio consistorio”.
Rosa Velazco, que es como se llama esta vecina, comenzó su periplo por la administración local desde el año 2006, denunciando los daños que iba sufriendo su vivienda y que, “en ningún caso eran achacables a su persona y su deber de conservación”.
Cuadra señaló que debido a unas obras que rodeaban a la vivienda, que financiaron el Cabildo y el Ayuntamiento para acondicionar el barranco de Santos, representaron que se derivaran a la edificación “fuertes temblores y grietas en su estructura, sin que haya recibido ayudas o compensación por dichos daños”.
Para colmo de los males de Rosa, años después su casa se inundada por aguas fecales y de lluvia en repetidas ocasiones debido “a una mala canalización del mencionado barranco”, que afectan de manera muy especial al sótano y planta baja, causando daños considerables en las paredes y otras estructuras.
Todos estos hechos fueron denunciados y constan atestados de los mismos, pero según la Plataforma por la Dignidad, el Ayuntamiento lo único que hace es visitar repetidas veces su vivienda con técnicos de Urbanismo para advertirle de los daños que sufre la construcción y recordarle su deber de conservación, “previo pago de unos estudios técnicos y unas obras para las que la señora no tiene dinero”.
En 2013, esta vecina contacta con la Plataforma que, gracias a las donaciones desinteresadas consigue sellarle las grietas del techo por las que se filtraba agua y avanzar algunas otras reformas, hasta que “una patrulla de la Policía Local le ordena que desaloje la casa por orden de Urbanismo. Después de varias reuniones con el concejal y algún que otro informe más de los técnicos, mediando amenazas de multa y remisión de su caso al Ministerio Fiscal, accede a marcharse a una casa de alquiler que debía pagar la corporación, todo con el compromiso del concejal de Urbanismo de reparar los daños de la vivienda con cargo al consistorio en un plazo no mayor a 8 meses, con un dinero que había disponible”.
Así las cosas, Rosa abandona su vivienda el 1 de junio de 2014 y cuando creía que sólo sería cuestión de tiempo lo de volver, lo que se encuentra ese mismo mes “es un informe de Urbanismo que declara su casa en ruina, un informe ordenado expresamente por el propio concejal que le había prometido reparar su casa y correr con los gastos”.
Según la Plataforma, Urbanismo usó argumentos meramente económicos para declarar la casa en ruina, ya que el coste de la reparación que establece el Ayuntamiento asciende a 178.395,11 euros, lo cual supone más del 50% del coste de construcción de un nuevo inmueble, que se estima en 274.850,37 euros. Hoy en día, el Ayuntamiento insiste en que “la casa corre grave riesgo de desplome, que el coste de reparación es muy alto y no procede que lo sufrague el consistorio”. Por tanto, “en buena lógica, lo que sigue es el derribo de manera forzosa con remisión de los costes al propietario”.
En este sentido, desde la Plataforma aseguran que el concejal de Urbanismo y candidato a la Alcaldía por el PSOE “sí que deja una puerta abierta a que con informes técnicos alternativos en la mano se puedan ver otras opciones”.
Por si con esto sólo no bastara, Rosa Velasco debe enfrentarse a otra desagradable situación, y no es otra que “el Ayuntamiento no cumple con los compromisos de pago de la vivienda de alquiler a la que se fue a vivir”, hasta el punto de la dueña, que tampoco tiene una situación económica boyante, ya le ha comunicado que en la la próxima semana deberá abandonar su vivienda.
El Ayuntamiento le debe, según la Plataforma, las mensualidades de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, más las comunidades desde noviembre y 3 recibos de electricidad y 1 de agua, por lo que exige que se le devuelva el piso a partir del 31 de mayo.
Rosa reconoce que “con este calvario he perdido hasta el pelo”, pues afirma que el concejal, además de no haber actuado “con honestidad con ella”, señala que “parece que tiene una obsesión con mi casa”. Aseguró que, si bien el Ayuntamiento no tiene la culpa de todo, “lo que me está pasando es una auténtica injusticia, porque mi casa no la he roto yo”.
Anuncia que, que llegado el momento que tenga que salir de la casa de alquiler por la incompetencia del Ayuntamiento, en concreto de Urbanismo, “nadie me va a impedir volver a mi casa, pues no estoy dispuesta a quedarme en la calle con dos hijas que están cursando sus estudios”. En este sentido, dijo que “estoy dispuesta a vivir entre puntales”.
Afirma que después de 8 meses en el piso de alquiler, “en mi casa no se ha caído nada, pese a la declaración de ruina y de que en octubre sufrimos unas lluvias torrenciales”, por lo que, afirma, “aquí hay algún interés oculto para que me vaya”.
Según Rosa, “esto es una propiedad privada, y solo me sacará de ella un juez, porque urbanismo no tiene nada que pintar aquí, ya que lo único que han hecho es amargarme la vida e incumplir su palabra”.
“No les voy a dar el gusto, porque pienso volverme a mi casa cuando tenga que salir de la que ellos no han tenido la decencia de pagar. No me verán en la calle, y no le voy a dar una alegría a esta gente que no tiene corazón”.