Tres afectados por la actividad industrial de la planta de machaqueo de Güímar (la de la parcela 12), que consideran “ilegal”, presentaron el jueves de la semana pasada, 10 de noviembre, denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en un escrito dirigido al fiscal en funciones de guardia Alejandro Salinas y con unos argumentos que incluyen la posible comisión de varios delitos, a saber, contra los recursos naturales, el medio ambiente y la ordenación del territorio. Esa gestión en el ámbito judicial ha contado con el apoyo y el asesoramiento de la organización ecologista ATAN, según confirmó su portavoz, Eustaquio Villalba.
Tal y como se refleja en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico digital, los denunciantes son tres particulares, uno de ellos residente en la zona, que se han visto y se siguen viendo muy afectados por la actividad que aún se realiza en la mencionada planta. Esta se halla ubicada en una zona con poblamiento disperso y cercana a lo que es el núcleo principal de la citada localidad, en la conocida como parcela 12.
Los trabajos que se realizan en el mencionado recinto con maquinaria pesada “no tienen cobertura legal”, señaló Villalba, pues, como ya ha reconocido el propio Ayuntamiento de Güímar, “no existe licencia municipal” para el desempeño de esa actividad. Por si fuera poco, a los titulares del espacio en que está la planta el Ayuntamiento ya ha abierto al menos dos expedientes por la supuesta construcción de inmuebles de forma ilegal. A estos hechos, comprobados por la propia ATAN, se une, y esto de manera reciente, “el vallado de la finca sin que medie autorización municipal”, algo que también es preceptivo, como recuerda la misma organización ecologista.
La planta de machaqueo que en la actualidad es objeto de tanta polémica en el municipio de Güímar inició su actividad en agosto pasado y, más de tres meses después y pese a que esa tarea parece que “es ilegal”, sigue en activo y, por lo tanto, no ha sido clausurada por la autoridad local competente.
En el espacio en que se radica la planta de machaqueo se puede desarrollar, según ha confirmado el Cabildo de Tenerife en un informe de 11 de agosto de este año, la actividad de gestión de residuos de demolición y construcción, para lo que, según también indica la misma corporación, la empresa o la persona física que desarrollen tal actividad deben estar dadas de alta como gestoras de esos materiales, proceso y autorización que se realiza ante la Administración autonómica.
Pese a que, como informó el Área de Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife, en esa finca es posible gestionar residuos de construcción y demolición (siempre con la existencia de licencia municipal), la tarea principal que supuestamente en la planta se desarrolla ahora está relacionada con el machaqueo de áridos, algo que, como advierten los denunciantes, en ningún caso se puede hacer, y muchos menos sin contar con la reseñada autorización local.
Villalba lamentó la actitud del equipo de Gobierno local, con Carmen Luisa Castro de alcaldesa (PP), ante este problema, que afecta a los vecinos de Güímar, a los que asegura que no se les ha dado explicaciones sobre lo que está ocurriendo con la planta de machaqueo.
El portavoz de ATAN subrayó que, a día de hoy, la planta sigue operando, “pese a no tener licencia municipal y a carecer del informe previo por tratarse de una actividad clasificada”. Además, recordó que el 20 de este mes al Ayuntamiento se le cumple el plazo para trasladar la información del expediente de esa planta que se le ha requerido de manera formal.
En la actualidad, la actividad de la planta de machaqueo genera problemas de salud y un enorme deterioro de las condiciones de vida de los residentes en su área de influencia, principalmente por la presencia de polvo en suspensión y por los elevados ruidos, aparte del tránsito de vehículos pesados. Junto a todo esto, esa actividad “ilegal” supone “más deterioro medioambiental en una zona ya muy castigada por las extracciones de áridos y un claro empeoramiento de las condiciones para el desarrollo de actividades como el turismo rural o las labores agrarias”.
Según comentó Villalba, todas esas consecuencias negativas encajan muy mal en el discurso más frecuente de la alcaldesa del pueblo, Carmen Luisa Castro, que continuamente está lanzando mensajes de apuesta por la conservación del medio ambiente y el desarrollo local sostenible.