Asamblea por La Orotava critica el caso de 'lawfare' contra el periodista Carlos Sosa y defiende la libertad de prensa

Asamblea por La Orotava, un “movimiento sociopolítico municipalista y vecinal; autónomo y abierto; plural, horizontal y genuinamente democrático”, como se autodenomina en su página web, ha publicado una carta abierta este martes dirigida al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, y a toda la comunidad periodística de las Islas. El motivo es denunciar el caso de lawfare al que se enfrenta este profesional y defender una prensa libre y comprometida en el archipiélago, “capaz de fiscalizar el poder y de dar voz a las personas más vulnerables en nuestra sociedad”, después de que una jueza de Madrid haya abierto juicio oral contra Sosa por sus informaciones sobre el exjuez corrupto Salvador Alba, en prisión por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell.

“Nos dirigimos a ti, Carlos, y a todas y todos los periodistas que día a día luchan por la verdad y la justicia en nuestras islas, en un momento crucial donde la defensa de la libertad de prensa y la lucha contra el lawfare se vuelven fundamentales”, comienza el escrito.

“Valoramos enormemente el periodismo hecho en Canarias y creemos que, con su mirada crítica y su compromiso con la verdad, debe ser un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y transparente”, añade. La labor de esos periodistas, “incansable”, no solo es la de informar, sino que también la de “educar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en la búsqueda de un mundo y una Canarias más justa y equitativa”.

“En estos tiempos de desafíos y transformaciones, donde las amenazas contra la libertad de prensa son cada vez más evidentes, es esencial que nos unamos en defensa de nuestros principios y valores fundamentales y hagamos una defensa acérrima de la libertad de prensa y y ejerzamos un firme repudio ante el abuso del poder judicial con fines políticos. El lawfare, esa práctica desleal que busca utilizar el sistema judicial como un instrumento de persecución política, representa un peligro latente para nuestras libertades individuales y colectivas”, prosigue el escrito publicado por Asamblea por La Orotava.

“Carlos, tu caso es un ejemplo claro de cómo el abuso del sistema judicial se utiliza para amordazar a quienes se atreven a levantar la voz contra la injusticia y la corrupción. La querella presentada en tu contra es un intento desesperado por silenciar una voz incómoda, una voz que se niega a ser acallada por los intereses de unos pocos”, afirma Asamblea.

Por ello, a través de la carta abierta, reafirman su compromiso con la libertad de expresión y con el periodismo independiente. “No podemos permitir que la sombra del miedo y la represión nos roben nuestros arrestos. La voz de un periodismo independiente, libre, crítico y con acento canario es indispensable, y debemos protegerlo de aquellos que buscan socavarlo. La libertad de expresión es un derecho inalienable de toda sociedad democrática”, concluye.

Avalancha de apoyos a Sosa y a la libertad de prensa

Además del apoyo expresado este martes por Asamblea por La Orotava, también se han posicionado en favor de la libertad de prensa y contra el lawfare contra Sosa la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), las dos asociaciones de la Prensa de Canarias, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, quien claman contra esta resolución judicial y reivindican un periodismo libre.

En un comunicado conjunto, FAPE y API sostuvieron que la resolución judicial contra Sosa, tomada en contra del criterio del Ministerio Fiscal, “genera una profunda preocupación por el riesgo que supone para la libertad de información la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada, en contra del criterio de la Fiscalía” y, de esta manera, “asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor periodística, tal y como marca la Constitución Española”.

Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública. Antes de entrar en prisión arremetió judicialmente contra sus víctimas, presentando una querella criminal por, según su acusación, revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Por todo ello, el exjuez corrupto pide, además de casi medio millón de euros de indemnización, 23 años de prisión para Carlos Sosa.

Sin embargo, la Fiscalía se opone incluso a la apertura del juicio oral, al considerar que todas las informaciones publicadas sobre Alba era veraces y contrastadas, además de ser de interés público. Se publicaron noticias “de relevancia pública”, con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables” y que constituyeron “el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia”.