Los agentes medioambientales constatan que la empresa pública Tragsa vigila el Teide con falsos guardas forestales 

La utilización de vigilantes contratados por la empresa pública Tragsa, dependiente del Estado, con funciones propias de guardas forestales se produce de forma irregular en el parque nacional del Teide, pues supone una usurpación de funciones sin amparo legal. Así lo denunció hace dos semanas el grupo de Podemos en el Parlamento canario y así ahora también lo ha constatado la Asociación Profesional de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan), mediante un comunicado divulgado este lunes, y el sindicato CSIF con un escrito dirigido hace dos semanas al Ayuntamiento de La Orotava.

Tragsa es una empresa adscrita al Ministerio de Agricultura que presta sus servicios, entre otros lugares, en el parque nacional del Teide, a través de una encomienda de gestión otorgada por el área de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife, de la que es titular el socialista José Antonio Valbuena y con competencias en ese espacio protegido delegadas por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La organización Afmacan, si bien no pone en duda que los vigilantes de Tragsa puedan portar armas ni “la  buena fe” del Cabildo en “solucionar los problemas de seguridad en Las Cañadas, deja claro que la encomienda de servicio realizada a esa empresa para apoyar la vigilancia del parque nacional ”tiene visos de irregularidad, dado que Tragsa no aparece inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada, a 11 de julio de 2018 (según el listado accesible desde la web oficial de la Dirección General de la Policía), y no tiene entre sus actividades económico-empresariales la de seguridad privada“.

Según subraya este colectivo de profesionales, “los vigilantes-guardas rurales están sujetos a los dispuesto en la Ley de Seguridad Privada”, y los trabajadores de seguridad de Tragsa no encajan “en ninguno de los supuestos” legales para realizar labores de vigilancia fuera de los recintos del parque nacional que tiene encomendados.

En esta línea, el sindicato CSIF en la Policía Local de La Orotava dirigió el pasado 14 de septiembre un escrito al Ayuntamiento del municipio norteño en el que denuncia que ha observado a personal de Tragsa “regulando tráfico en la zona de los Roques de García”, en pleno corazón de Las Cañadas, “lo que es una clara usurpación de funciones” al prestar servicios propios de la Policía.

Por ello, el CSIF  reclama al consistorio que inste al Cabildo a destinar una partida presupuestaria para que agentes de la Policía Local orotavense, mediante servicios especiales, desarrollen su labor en el parque nacional, tanto en lo que respecta a sus competencias exclusivas (“seguridad ciudadana y demás normativa administrativa”) como a la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (“seguridad ciudadana y prevención de actos delictivos”).

“Numerosos” robos a los turistas en Las Cañadas

“Numerosos” robos a los turistas en Las CañadasEse sindicato además alerta de que “a diario numerosos visitantes y turistas son víctimas de delitos contra el patrimonio dentro del parque nacional, con total impunidad de sus autores”.

En su nota de prensa, la asociación de guardas forestales y de medio ambiente sostiene precisamente que los vigilantes o guardas rurales de Tragsa “realizan en la actualidad funciones de control de acceso al parque nacional”, lo cual  “excede las funciones de ese personal, que debería centrarse en la seguridad de los bienes de la propiedad que los contrate, debiéndose desarrollar estas funciones de control de los accesos en las vías del sistema general de carreteras por funcionarios de la Guardia Civil o la  Policía Local”.

Afmacan añade que la contratación de personal para vigilar los recursos del parque nacional “no es más eficiente que con funcionarios por cuanto, en primer lugar, dicha encomienda de servicios genera un gasto añadido a las arcas públicas por la contratación de ese servicio; y en segundo lugar, al no tener la condición de agentes de la autoridad, carecen de presunción de veracidad de los hechos de los que fueran testigos, estando obligados a dar traslado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que deberán desplazar medios para verificar los hechos denunciados (un problema que se agrava ante la comisión de infracciones fugaces)”.