Las parcelas públicas existentes en Cabo-Llanos, con titularidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, no reúnen las condiciones precisas para la ubicación de una Ciudad de la Justicia como la proyectada por el Gobierno de Canarias en El Sobradillo, explicó este jueves el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Garcinuño (PP), durante la celebración de la Comisión de Control municipal.
Las posibles alternativas en esta zona de la ciudad acarrean dificultades de tipo urbanístico y funcional debido a la gran dimensión del proyecto, lo que desvirtuaría su uso y dilataría la puesta en servicio de una infraestructura básica a nivel provincial.
Garcinuño recordó que la propuesta del Gobierno de Canarias consiste en la construcción de un único edificio de entre 60.000 y 80.000 metros cuadrados de superficie construida, con lo que se cubrirían las necesidades de la ciudadanía en los próximos 50 años.
El concejal indicó que la parcela de El Sobradillo no presenta problemas de tipo urbanístico y que, además, contribuiría a la generación de actividad económica en este distrito de la ciudad. “Nosotros estamos de acuerdo con el Gobierno de Canarias en la necesidad de la infraestructura y, aunque es el propio Ejecutivo autonómico el que tiene que tomar la decisión, creemos que Tíncer (la de El Sobradillo) es la opción más viable en estos momentos”, señaló.
En cuanto a las eventuales dificultades de movilidad en aquel entorno, el concejal subrayó que los problemas actuales de congestión en la TF-2 hay que resolverlos, “con o sin Ciudad de la Justicia”, y que, en todo caso, también habría que analizar las afecciones de movilidad en Cabo Llanos si se optara por esta última ubicación.
Más contrarios al emplazamiento en el distrito Suroeste
También este jueves, la Asociación Justicia y Sociedad ha rechazado la decisión de trasladar la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife desde la ubicación prevista en la zona de Cabo Llanos a El Sobradillo, al entender que resulta “gravemente errónea” y “perjudicará seriamente el funcionamiento de un sistema de Justicia que debe aspirar a ser cercano y accesible para la ciudadanía”.
La asociación de juristas califica de “lamentable” que una decisión de esta trascendencia “haya sido tomada por el consejero canario de Justicia, José Miguel Barragán, con la anuencia del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, de forma unilateral, a espaldas de los sectores afectados y de la ciudadanía y sin un mínimo debate con los representantes de los operadores jurídicos”.
Para Justicia y Sociedad, “resulta sorprendente que se vuelva a reabrir un debate ya cerrado hace más de diez años cuando se decidió desarrollar la Ciudad de la Justicia en la denominada parcela A del polígono CEPSA-DISA”.
En tal sentido, la asociación de juristas invita al alcalde de Santa Cruz a leerse el reciente y vigente Plan General de Ordenación de 2013, aprobado bajo su mandato y que prevé la ubicación de la Ciudad de la Justicia en la parcela del antiguo polígono CEPSA-DISA, en el ámbito 4.4.5 denominado Plaza de nuevos juzgados. Justicia y Sociedad confía en que no se esté asistiendo “al primer acto de una operación urbanística de carácter especulativo como trasfondo de dicha decisión”.