Personas extranjeras, tanto adultos como menores de edad, que viven en Tenerife pero sin tarjeta de residencia, siguen fuera del acceso al bono residente canario. Así lo alertan varias organizaciones sociales de la Isla, una situación que se viene produciendo desde febrero de 2023. Concretamente, la Asociación Solidaridad Venezuela y COPETE (Comunidad Peruana de Tenerife) alertan de que extranjeros adultos, niños y niñas escolarizados y solicitantes de protección internacional, todos procedentes de países extracomunitarios y que no cuentan con residencia legal, llevan meses costeando de su bolsillo los trayectos en transporte público, a pesar de estar empadronados en Tenerife. “Es un acto discriminatorio que violenta la ley de derechos y libertades de extranjeros en España”, denuncia Marcela Máspero, la presidenta de la Asociación Solidaridad Venezuela.
Lucas (nombre ficticio) es un joven procedente de Perú que reside en Tenerife desde hace un año y que desde hace un mes tiene trabajo con contrato, número de la seguridad social e incluso certificado digital. Sin embargo, después de tres intentos, aún no tiene el bono residente. Todos estos trámites los ha realizado gracias al resguardo de su solicitud de tarjeta de residencia que le ha entregado la oficina de extranjería de Santa Cruz de Tenerife. “Cuando me dieron este último resguardo me dijeron que podían hacer todo, hasta sacarme el bono residente”, detalla. La última vez que lo intentó fue hace dos semanas y señala que recibió la misma negativa por parte del personal del intercambiador de Santa Cruz de Tenerife: “Me dijeron que no me lo podían hacer con esa hoja, que no era la correcta”. Lucas reconoce que esta situación le repercute económicamente ya que debe pagar por todos los trayectos que realiza diariamente para acudir a su puesto de trabajo. En esta línea, Víctor Ramírez, el presidente de COPETE, subraya que las personas extranjeras que demandan este título de transporte lo necesitan para acudir a sus puestos de trabajo: “No están pidiendo un bono para irse de paseo, de vacaciones o a la playa, están pidiendo algo para que ellos puedan acceder al transporte público de la misma manera que acceden todos”, reivindica.
A juicio de Marcela, el problema deriva de una interpretación de la Dirección de Movilidad del Cabildo de Tenerife, la cual, según cuenta Máspero, considera que el acceso al bono de transporte terrestre debe seguir el mismo “criterio jurídico” que tiene la bonificación de residente para el transporte aéreo y marítimo. De hecho, las personas de países extracomunitarios que no disponen de tarjeta de residencia de larga duración no tienen descuento de residente en los billetes aéreos y marítimos a pesar de residir legalmente desde hace años en las Islas. En cualquier caso, Máspero considera que a esta área “no le corresponde la interpretación del criterio jurídico de residencia porque es un tema que tiene que ver con Extranjeria. No es su competencia”.
El Diputado del Común solicitó el año pasado información al respecto al organismo insular. En su recomendación publicada después, señala que según una Resolución del Director Insular de Movilidad, de fecha 23 de febrero de 2023, se requiere como documentación acreditativa para ser considerado residente canario el DNI, pasaporte en el caso de ser ciudadano de la Unión Europea o Tarjeta de Identificación Extranjeros (TIE) en la que se especifique el domicilio en Canarias. En el caso de que la residencia no conste en el documento de identidad se deberá aportar el empadronamiento. La Consejería de Movilidad no ha respondido hasta el momento a las preguntas de este medio.
Sin embargo, el resto de las islas del Archipiélago permite acceder al transporte gratuíto con la única condición de que el usuario viva en la isla correspondiente, independiente de si cuenta con permiso de residencia o no, para lo cual solo es necesario aportar el empadronamiento más el documento identificativo. Por el contrario, la web que gestiona el trámite de esta tarjeta en Tenerife no especifica cuáles son los requisitos para su tramitación. De hecho, la información aclaratoria sobre los requisitos exigidos para la acreditación de la Residencia Canaria dirige a un enlace roto e iniciado el trámite online, solo se especifica como opción adjuntar la foto del DNI. Máspero recalca que esto no fue siempre así: “Hasta finales de febrero de 2023, cualquier persona que llegaba empadronada y con su pasaporte tenia derecho a la bonificación de transporte terrestre”.
La presidenta del colectivo de migrantes venezolanos señala que recientemente algunas personas con el Número de Identificación de Extranjero (NIE), un número personal que expide la Policía Nacional a las personas extranjeras, han podido obtener este título de transporte. En el caso de los solicitantes de asilo, este número no se asigna hasta la segunda cita para solicitar protección internacional, para la cual se puede tardar más de 10 meses desde que se incia el proceso. Todo ese tiempo, la persona no tendría derecho a solicitar el bono transporte en Tenerife. Pero también, se ven afectados los menores de edad sin residencia legal en España y que no cuentan con NIE, lo cual repercute en su escolaridad, según aleta Máspero. “Hemos tenido que ayudar a menores para ir al colegio porque sus padres no tienen liquidez”, revela.
El Diputado del Común recomendó a principio de este año al Cabildo de Tenerife la modificación de los requisitos exigidos para el acceso al Bono Residente Canario con el propósito de que “todas las personas residentes en Canarias, con independencia de su situación administrativa, puedan acceder a la gratuidad de los bonos de transporte en la isla de Tenerife en condiciones de igualdad”. En el mismo documento, destaca que la limitación de esta tarjeta de transporte a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular iría en contra del principio de igualdad de trato y “discrimina a un colectivo especialmente vulnerable”. Asimismo, añade que la diferenciación de requisitos entre islas podría suponer un agravio comparativo entre las personas residentes en Canarias. Actualmente, la Diputada del Común ha confirmado a este medio que se va a hacer seguimiento de este caso ya que se trata de un “derecho que tiene cualquier persona extranjera que resida en las Islas”.
Marcela reconoce que la situación ha mejorado un poco desde que el sistema electrónico acepta adjuntar como documentos identificativos el papel del NIE que se concede a los solicitantes de asilo en su segunda cita y el NIE blanco que expide la Policía a instancia de la persona, documentos que desde febrero de 2023 tampoco eran válidos. Sin embargo, Máspero denuncia que este último trámite queda a “discrecionalidad” de la Policía: “Conozco muchos casos, usuarios nuestros, que han ido a la policía y se les ha negado”, señala.