El Cabildo de Tenerife (a manos de CC y PP) proponía este fin de semana renombrar el monumento a Franco como Monumento para la Concordia y resignificarlo como “un espacio de memoria que promueva la paz y el entendimiento entre los ciudadanos”. Y para ello se presentará una moción en el pleno. La noticia ha tenido una lluvia de críticas incluso por parte del propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por los mismos partidos y que ha peleado incluso en los tribunales contra el Catálogo de Vestigios Franquistas que concluía que esta estatua no se ajusta a las leyes de memoria histórica.
La Corporación Insular, dirigida por Rosa Dávila (CC) sale con esta decisión después de que el pasado viernes se publicara en el BOC que inicia los trámites para incoar un expediente en el que se determine si el monumento a Franco es Bien de Interés Cultural (BIC) tal y como lo solicitaron asociaciones a los tribunales y como concluyó una sentencia del pasado mes de junio.
Sobre ese trámite administrativo (la apertura de expediente para decidirse si es BIC o no esa estatua) sí que es competente el Cabildo, pero no lo es sobre el hecho de renombrar monumentos, una competencia que recae en los propios ayuntamientos, según la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. De hecho, el Catálogo de Vestigios Franquistas de Canarias se ha ido realizando por municipios y son precisamente los ayuntamientos los que han ido retirando calles y monumentos franquistas y sustituyéndolos por otros nombres en toda España.
El propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha criticado la idea de resignificarlo en un comunicado. José Manuel Bermúdez (CC) destaca que “el Cabildo ha iniciado el camino que le ha marcado la justicia, que no es otro que incoar el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento de Ávalos, algo que me parece correcto, pero que proponga el cambio de nombre de una escultura que es propiedad municipal, que no podrá hacer precisamente porque la obra no es suya, me parece que no tiene sentido”.
Por qué no se puede resignificar el monumento
“100.000 personas llegadas de toda la isla canaria se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para acaudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos fue costeada por los tinerfeños por suscripción popular. En los discursos de las autoridades provinciales y del ministro de Comercio fueron glosados los episodios de aquella jornada. El acontecimiento culminó con una plural ofrenda”. Así introduce el Nodo de 1966 la inauguración del monumento.
El conocido como monumento al caudillo, es un complejo proyectado y construido en la encrucijada de la Rambla de Santa Cruz (antigua Rambla del General Franco) y la Avenida de Francisco La Roche (antigua Avenida de Anaga) de Santa Cruz de Tenerife y carece en la actualidad de declaraciones de valor conducentes a la protección de los bienes del patrimonio artístico, arquitectónico o artístico-religioso por las administraciones competentes en la materia. “Desde esa perspectiva, no es preceptiva su conservación como monumento en su conjunto, teniendo en cuenta que es un complejo que vulnera los principios democráticos de convivencia, y contribuye a la distorsión de la verdad histórica al tiempo que es la muestra más exacerbada de exaltación al dictador como figura mesiánica”, destaca el Catálogo de Vestigios de Canarias, que fue aprobado por mayoría por la Comisión Técnica de Memoria Histórica.
La coordinadora del Catálogo de Vestigios Franquistas de Santa Cruz de Tenerife y catedrática en Historia del Arte de la ULL, Maisa Navarro, ha señalado a este periódico que es una “indecencia” que se proponga esa resignificación de la escultura. Entre los elementos que lo impiden recuerda la base de la escultura (representación de la isla de Tenerife), el 'Dragon Rapide', el avión en el que Franco voló desde Canarias a Marruecos para iniciar el golpe de Estado; la figura de Franco “como cruzado medieval”, ataviado con capa y espada, y los nueve escudos de los partidos judiciales provinciales como representación de un “apoyo legal a la Guerra Civil como justa y legal”.
Un informe anterior al Catálogo de Vestigios de Canarias y que fue encargado por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife a la Universidad de La Laguna, coordinado por la misma investigadora, determinó que el monumento se produjo como resultado de un conjunto de iniciativas de carácter propagandístico para convertir el espacio urbano de proximidad al puerto (como en el caso del Monumento a los Caídos) como recordatorio permanente de varios conceptos ideológicos que marcaron toda la historia española durante el franquismo: el principal, consagrar permanentemente el recuerdo del puerto desde el que el general Franco se trasladó a Gran Canaria para iniciar la sublevación militar.
Así mismo, ese estudio recordaba que el monumento “es una interpretación que impone una versión distorsionada de la guerra y sus consecuencias a los vencidos y persigue la exaltación permanente de la victoria y, en este caso, una santificación de la figura del dictador”.
Qué dice la Ley al respecto
Navarro señala a este periódico que aunque el Cabildo de Tenerife logre por procedimientos torticeros una declaración de BIC sobre el monumento, la Ley de 2022 de Memoria Democrática ya obliga a la retirada de todas las alusiones a la guerra y la sublevación. “Serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”, detalla esa norma, que solo habla de resignificar el antiguo Valle de Los Caídos como Cuelgamuros, recuerda Maisa Navarro.
Sí hace mención la Ley en que “en el caso de que concurran razones artísticas o arquitectónicas que obliguen al mantenimiento de los referidos elementos, habrá de incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática”. No obstante, la escultura nunca fue declarada BIC antes de la leyes de memoria histórica y los informes técnicos del Cabildo ni de la ULL han encontrado elementos artísticos que obliguen a que permanezca tal cual en ese lugar.
“Pretenden retorcer el sentido de las leyes de memoria, pretendiendo interponer una argumentación hipotéticamente artística”, incide la catedrática en Historia del Arte.
Se tendrán en cuenta informes de entidades que alaban la obra
Tras la sentencia de junio, el Cabildo incoa un expediente para determinar si la estatua debe ser declarada BIC. Para ello, se ha determinado que se recabarán los informes de: la Universidad de La Laguna, el organismo autónomo de museos, el colegio oficial de arquitectos de Tenerife, la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel de Arcángel (propulsora de que se declare BIC la estatua), el Museo Nacional de la Escultura y la Real Academia de Extremadura (“debido a que Juan de Ávalos es originario de Mérida, contando con un museo propio. La obra de Ávalos ha estado siempre presente en la programación de esta institución).