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Canarias lleva tres años de retraso en la revisión de sus planes hidrológicos y la posible sanción de la UE sigue viva

D. M.

Santa Cruz de Tenerife —

Incumplimiento tras incumplimiento. Así mismo se escribe esta historia. A Canarias, por lo que se ve, le cuesta muchísimo cumplir con sus obligaciones legales dictadas desde la Unión Europea (UE). Ya pasó con la depuración de aguas residuales urbanas, como es el caso de la sanción confirmada por lo ocurrido en el Valle de Güímar (también con el sellado de vertederos incontrolados), y ahora parece que la misma historia se puede repetir por la falta de agilidad mostrada (primero por los cabildos) a la hora de llegar a los plazos definidos por la UE para proceder a la revisión y actualización del segundo ciclo de los planes hidrológicos insulares (periodo 2015-2021).

Estos debían haber estado aprobados, los siete, a 22 de diciembre de 2015, y sus medidas tenían que haber sido informadas antes del 22 de marzo de 2016. Con nada de esto se ha cumplido, y por ello se puede decir que la historia se ha vuelto a repetir.

En la actualidad, tras el Gobierno de Canarias asumir provisionalmente las competencias para esos planes en junio de 2017, lo que recayó en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (la de Narvay Quintero) y de Medio Ambiente y Política Territorial (la de Nieves Lady Barreto), y contemplar un gasto de 1,5 millones de euros en la asistencia técnica otorgada a la empresa pública Tragsatec (dependiente del Estado), el balance no deja de ser malo, aunque mejor que el que se tenía antes con esta función en manos de los cabildos, que era igual a cero. Pese a los avances, aún solo se puede hablar de suspenso.

Hoy en día, con las dos aprobaciones de este lunes en el Consejo de Gobierno, el archipiélago solo posee tres planes hidrológicos insulares aprobados de segundo ciclo (2015-2021), que son el de La Gomera, confirmado en septiembre pasado, y los de Tenerife y La Palma, con el visto bueno otorgado este lunes.

Los demás, hasta cuatro restantes, quedan pendientes de aprobación y son los siguientes: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. El consejero responsable de Aguas, Narvay Quintero, aseguró el lunes que se podrán aprobar en breve, en pocos meses. Lo cierto es que Quintero ya antes había dicho que todos estarían en septiembre pasado, y esto solo lo consiguió con el plan hidrológico insular de La Gomera.

Pese a las prisas que se ha dado el Gobierno de Canarias para sacar esos instrumentos de ordenación y gestión de los recursos hídricos insulares y así evitar sanciones comunitarias (pueden no producirse si se cumple con el último plan de entrega acordado junto a la Comisión, asegura el Ejecutivo regional), tras la inoperancia de los cabildos insulares (todo hay que decirlo), antes con las competencias en esta materia, lo cierto es que el balance es ruinoso.

Y esto se afirma por la siguiente sucesión de incumplimientos: todos los planes hidrológicos insulares de segundo ciclo (y aún queda la revisión futura del tercer ciclo, para el periodo 2021-2025) debían estar aprobados el 22 de diciembre de 2015, y no había nada en esa fecha, como tampoco se informó, como es lógico, de las medidas adoptadas dentro del plazo fijado (22 de marzo de 2016). Ya se ha dicho que no había nada.

Después de esos fallos, la Comisión Europea puso la cara colorada al Gobierno español (para estos asuntos el Ejecutivo comunitario siempre habla con el Estado miembro) con denuncia administrativa cursada en abril de 2017, y tampoco hubo reacción. En marzo de 2018, la cosa ya fue a más y la misma Comisión Europea, ante la falta de noticias, elevó la denuncia a un plano judicial con presentación del expediente ante el Tribunal Europeo de Justicia, donde sigue y puede concluir con la definición de sanciones a España, que entonces se las cargaría, sin duda, a la Comunidad Autónoma de Canarias (y esta quizá a los cabildos).

Documentos de relevancia para la gestión eficiente del agua

Los planes hidrológicos contienen información de tipo medioambiental sobre la situación actual, tanto en calidad como en cantidad, de las aguas subterráneas, de superficie y costeras, así como de las necesidades de consumo tanto humanas como para los diferentes sectores económicos, a lo que se unen los objetivos ambientales para los próximos años.

Durante el periodo de redacción de estos planes, subraya la Consejería de Agricultura, la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias ha ido remitiendo informes de seguimiento tanto al Gobierno de España como a la Unidad del Agua de la Dirección General Europea de Medio Ambiente, organismos que “han reconocido el esfuerzo que se está realizando tanto por el contenido de los planes como por el cumplimiento de la planificación acordada”, se informó en una nota de prensa este lunes.

Según se indica en ese mismo comunicado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, arrancó de la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, en la visita que esta realizó a Gran Canaria el viernes por la Conferencia de las RUP, el “compromiso” de que Europa esperaría a las islas para la aprobación de estos planes de segundo ciclo, esto es, sin aplicar sanciones, si el archipiélago cumplía los últimos objetivos pactados, recordó el consejero de Agricultura canario, Narvay Quintero.