El Gobierno de Canarias distribuirá un total de 7,7 millones -800.000 euros más que el año anterior- en concepto de subvenciones con cargo al IRPF para el desarrollo de proyectos de las entidades del tercer sector.
Así lo ha avanzado el director general de Derechos Sociales, Jonás González, antes de reunirse con representantes de más de 130 entidades, a quienes expondrá que el Ejecutivo ha incluido criterios de igualdad y diversidad en la convocatoria.
González ha resaltado que hasta ahora, el reparto de los fondos era “político”, según quien gobernara en cada Comunidad, al tiempo que ha reclamado que Canarias debe recibir más dinero que otras comunidades, dado que es la segunda región en exclusión social.
De hecho, ha solicitado al Estado la creación de una comisión para estudiar nuevos criterios de reparto que sean más “objetivos”.
Para la convocatoria del próximo año, González ha indicado que también se ha eliminado la “obligatoriedad” de las entidades de adelantar el 20% del coste del proyecto, se ha fijado un máximo de 15 proyectos y se primarán aquellos que sean “innovadores” o cuyo cierre “suponga un perjuicio muy grande”.
El director general ha afirmado que en la Consejería se está “corriendo mucho” para que las subvenciones puedan abonarse a lo largo del mes de enero y que los servicios que se prestan actualmente “no se frenen”.
No obstante, no ha eludido que hay “dificultades” ya que “no había nada hecho” por parte del anterior Gobierno, y la convocatoria se tuvo que poner en marcha “desde cero”, a mediados de agosto.
Además, ha apuntado que a lo largo del primer trimestre de 2020 habrá un encuentro con las entidades para modificar las bases de las subvenciones desde el “consenso” y que “sirvan para los próximos 10 años”.
Convenios plurianuales
Asimismo, ha apuntado que el Ejecutivo también trabaja “en otro modelo”, el del concierto social, una modalidad que permite la ley de contratos del sector público, está en exposición pública y permite “conveniar” proyectos con las entidades por un mínimo de 5 años.
En su opinión, se trata de tener una financiación “estable” para garantizar el pago al personal y la prestación de los servicios, poniendo como ejemplo que haya pisos tutelados para víctimas de violencia machista que “están pendientes de una subvención” para seguir en funcionamiento.