Tres de los seis integrantes de la Dirección Provisional de Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias han elaborado un escrito en el que se desmarcan del comunicado emitido en nombre del conjunto del nuevo equipo directivo de la federación regional del sindicato.
En esta línea, José Ramón Arteaga Barroso, María del Carmen Martínez Muñoz y José Alonso Rodríguez Tapia manifiestan su “desconocimiento sobre el mencionado pronunciamiento, que se ha elaborado sin tan siquiera informarnos de los hechos o de la intención de realizar tales manifestaciones”.
Al respecto, aseveran que “hablar en nombre de todos sin haber contado previamente con todos es una práctica inaudita en nuestro sindicato”.
Sobre las supuestas amenazas previas al incidente producido el jueves, día 4 de diciembre, en el local de la organización sindical ubicado en Los Cristianos (Arona), argumentan que “si bien en la última reunión de la Dirección Provisional se intentó sacar, por parte del presidente, una resolución en la que la citada dirección tomaba conocimiento de la existencia de anónimos y amenazas contra sus integrantes, lo cierto es que unos cuantos miembros de la misma hicimos constar que no basta con la declaración verbal de la afectada para dar por sentado que éstas se hayan producido, ya que la compañera supuestamente agredida ha sido incapaz de aportar, ni siquiera a nivel de indicio, la menor prueba de los hechos denunciados”.
Por tanto, subrayan que “es falso que la totalidad de la dirección esté enterada de la existencia de las amenazas y, sin esta constancia, el resto de la resolución es literatura”.
En cuanto a la relación que se hace sobre lo sucedido en el sur de Tenerife, aseveran que “no es más que la continuidad de un alineamiento incondicional del presidente de la Dirección Provisional a favor de una de las partes implicadas en el conflicto, sin tan siquiera constrastar otras versiones”.
En este contexto, destacan que la “situación de extraordinaria tensión”, que tuvo lugar en el local de Los Cristianos, “estuvo motivada por la decisión de la Dirección Provisional de la Federación de Servicios de Canarias de cerrar el local y cambiar las cerraduras del mismo, algo para lo que carece de competencia”.
A esto agregan que “con ello, no sólo pretendía desalojar de ese local a compañeros que mantienen intactos sus derechos de afiliación y representación, sino también privar de atención sindical cercana a miles de afiliados a los que se quiere extender la sanción que ha recaído sobre sus dirigentes”.
Los tres miembros de la Dirección discrepantes con el comunicado, explican que “en aquel local trabajan delegados y delegadas de CCOO atendiendo afiliados a diario y, aunque la Federación de Servicios tenía un acuerdo de uso exclusivo al que podía renunciar cuando quisiera, eso no le da autoridad, en modo alguno, para proceder al cierre de un local que no es de su propiedad, y, menos aún, al desalojo de sus ocupantes y al cambio de la cerradura”.
Potr tanto, señalan: “que en medio de esta situación se provoquen momentos de crispación es poco menos que inevitable y, lo cierto, es que denuncias por agresiones y coacciones existen entre ambos sectores enfrentados”.
Así pues, se preguntan: “Si agresores y agredidos los hay en ambos bandos, ¿cómo es que la dirección provisional de CCOO Canarias toma partido sólo por uno de ellos, desdeñando de forma grosera cualquier otra versión que no sea la que ya se ha decidido previamente apoyar?”.
Ante esta situación recalcan que “quien habla en nombre de la Dirección Provisional ya ha dictado sentencia, ya ha dictaminado quién agredió y quién fue agredido y, desde luego, ni entra en valorar el contexto donde se producen los hechos y la responsabilidad que contrae quien emprende acciones unilaterales que parecen diseñadas para incrementar la tensión en el seno interno de la organización”.
A su modo de ver, “que la Presidencia de la Dirección Provisional centre su actividad en tomar partido y, ni siquiera, le merezca una línea el hecho objetivo de que cientos de afiliados se han visto perjudicados por una medida ilegítima de la Federación de Servicios al clausurar un local ajeno, con lo que extiende a ellos, de forma abusiva una sanción que se dictó contra otros, deja claro su código de valores y sus prioridades”.
Por último, los firmantes del escrito “lamentan y condenan, como no podía ser de otra manera, que las diferencias sindicales se solventen de forma distinta al diálogo y al empleo pacífico de las vías estatutarias, que claramente recogen los métodos para resolver las discrepancias internas”. No obstante, también exigen “cordura, sensatez e imparcialidad a los dirigentes a la hora de enjuiciar una situación tan tensa y crítica como la actual”.
De este modo, inciden en que “blindar y proteger a una de las partes, haga lo que haga, y condenar sistemáticamente a la otra no es la mejor manera ni de legitimar a la Direccion Provisional ni de superar la actual crisis interna en clave democrática y en términos mínimamente satisfactorios para todos”.