En el año 1966, las calles de Santa Cruz de Tenerife se engalanaron para inaugurar una escultura costeada por los tinerfeños, el Monumento a la Victoria, que conmemora la partida de Franco desde Canarias para iniciar el golpe de estado. El propio NODO de la época lo describe como tal y detalla la movilización social que hubo ese día. Más de cinco décadas después, el monumento sigue en pie en el mismo lugar a pesar de no haber sido declarado nunca Bien de Interés Cultural (BIC). Desde que en 2007 entrara en vigor la Ley de Memoria Histórica que prohíbe la exaltación de símbolos del franquismo no ha dejado de asaltar la polémica.
Este 18 de julio, aniversario del golpe, el monumento ha vuelto a ser noticia después de que la Junta Republicana de Canarias exigiera su retirada inmediata, pues considera “inconcebible” que en 2019, “más de cuarenta años después de la vuelta a la democracia, la simbología franquista continúe ocupando espacios públicos”, destaca el colectivo. Además, lamenta el lugar “de honor” que tiene la escultura, ubicada como pórtico de entrada a la capital tinerfeña en la Avenida de Anaga en su intersección con La Rambla de Santa Cruz.
En el año 2017, el abogado Eduardo Ranz, experto en memoria histórica y una de las personas que luchan por exhumar a Franco del Valle de Los Caídos, inició a través de su asociación los trámites para que Santa Cruz de Tenerife retirara el monumento. La causa llegó a los juzgados tras meses reclamando su retirada, pero el consistorio logró eludir responsabilidades alegando que había encargado un informe que determinara si el monumento tenía valor artístico o cultural o si incumplía con la Ley de Memoria Histórica.
La corporación municipal (gestionada entonces por Coalición Canaria y PP) consiguió así demostrar que no estaba de brazos cruzados y que sí que estaba respondiendo a los requerimientos del abogado. Ese informe, destinado a aclarar qué vestigios y calles franquistas se mantienen en la capital tinerfeña, ya está finalizado, pero el equipo que lo ha elaborado, dirigido por la catedrática de la ULL María Isabel Navarro, aún no lo ha presentado a la actual alcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), que ha tomado posesión hace apenas unas semanas. De momento, hasta que no se informe a la corporación municipal, no se conocerán las conclusiones y los detalles del estudio.
La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, tiene fe en que un Gobierno socialista finalmente busque una solución a este monumento. A ella personalmente le gustaría que se retirara y aboga por que se cumpla con la ley y también se renombren las calles del municipio con nombres relacionados con el franquismo. La asociación ha defendido que debe realizarse un museo de sitio en el que se explique qué ocurrió.
Desde la asociación Ranz Orosas, por su parte, siempre han solicitado que al menos se resignifique el monumento, para lo que consideran que ha habido falta de interés político. El abogado recordaba en su primer escrito, que presentó el mismo día del aniversario de la muerte del caudillo (el 20 de noviembre), que desde hace diez años este símbolo vulnera la Ley de Memoria Histórica y desde hace 40 el Código Civil ya que “los honores y distinciones tienen eficacia jurídica mientras haya vida, en el momento del fallecimiento deben ser retirados”.
Además, Ranz dejó claro el pasado año que, aunque se viera obligado a retirar el procedimiento de los juzgados, porque el juez no iba a apreciar “inacción” de la administración local en memoria histórica al haber encargado un estudio, no quiere decir que no se pueda volver a abrir otro procedimiento si no se cumple con la ley de memoria histórica. Asociaciones, víctimas y ciudadanos siguen pendientes lo que concluya el estudio encargado por el Ayuntamiento. Sin embargo, los años pasan y el monumento sigue ocupando una de las principales calles de la capital tinerfeña.