La sanción que pide el Ministerio de Política Territorial por la contaminación con aguas residuales que se ha practicado en el Valle de Güímar (municipios de Güímar, Arafo y Candelaria) ya está definida, después de la sentencia firme sobre este particular y otros casos similares en toda España dictada por el Tribunal Europeo de Justicia con fecha de 25 de julio pasado.
Según la propuesta de resolución de la parte fija de esa sanción ya remitida por el citado Ministerio a la isla (que no hace responsables a los ayuntamientos del Valle de Güímar), los que deben pagar al 50% son el Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (o subsidiariamente el Cabildo). La cantidad fijada como multa es de 285.444,4 euros, con lo que toca a cada parte el abono de 142.722,2 euros, tal y como ya adelantó Diario de Avisos.
A esa sanción por los vertidos ilegales en el Valle de Güímar se unen los 578.733,4 euros que, esta vez solo con cargo al Ejecutivo autonómico, se deben abonar por la contaminación con aguas residuales que se produjo en la comarca Nordeste del municipio de La Laguna, antes de que se construyera la ampliación de la estación depuradora situada en ese mismo pueblo.
La suma de las dos sanciones incluidas en la propuesta del Ministerio elevan el castigo a 864.177 euros, una cantidad cercana al millón que aún crecerá más debido a que queda por definir, aunque inicialmente se dijo por parte del Consejo Insular de Aguas que sería de 800.000 euros por semestre, cuál será la sanción por cada seis meses que se tarde en tener todo arreglado en el Valle de Güímar; esto es, la nueva EDAR, que puede estar operativa a principios de 2010, y la red de conexión de las aguas residuales a esa estación depuradora.
En el caso de Valle de Guerra, la sanción no engordará debido a que la ampliación de esa EDAR ya se ha realizado y está en funcionamiento. Las obras las hizo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, con gestión luego delegada al Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas.
Pese a que el Gobierno de Canarias adelantó en su día que se había conseguido evitar la sanción por los incumplimientos en la comarca Nordeste de La Laguna, al final no ha sido así, tal y como se desprende de la propuesta de sanción o multa que remite el Ministerio siguiendo el mandato de la sentencia europea por el incumplimiento de la directiva marco del agua en Tenerife.
España ha recibido una sanción global de 12 millones de euros, según lo dictada en la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo de 25 de julio de este año. De ellos, solo por ahora y debido a lo ocurrido en la isla de Tenerife, se deberá pagar casi un millón de euros de multa a través de fondos procedentes de los dos organismos públicos ya mencionados.