La Plataforma de Tenerife de Apoyo al Pueblo Saharaui ha pedido la libertad de los 24 saharauis condenados en el juicio en el que se les acusaba del asesinato de 11 gendarmes marroquíes durante el desmantelamiento en 2010 del campamento Gdeim Izik, conocido también como 'Campamento de la Dignidad', a 14 kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.
La justicia marroquí dictaminó la cadena perpetua para siete de los militantes y para el resto penas de entre cinco meses y 30 años de cárcel. Desde la plataforma entienden que la sentencia condenatoria es “ un intento de amedrentar a las y los saharauis que viven en el territorio del Sahara ocupado por Marruecos” y han recordado que estos acusados han estado encarcelados desde octubre de 2010 y “sometidos en 2013 a una mascarada de juicio militar que Marruecos se vio obligado a anular ante la presión internacional”.
“Durante su encarcelamiento sufrieron todo tipo de torturas y vejaciones sin que se permitiera a organismos defensores de los derechos humanos que tuvieran acceso a sus mazmorras”, subrayan.
La asociación tinerfeña entiende que Mohamed VI está “empeñado en descabezar la rebelión continuada de la población saharaui” y por ello ha montado un proceso civil que ha sido denunciado por sus irregularidades por cuantas organizaciones de juristas o de defensa de los derechos humanos tuvieron acceso a las sesiones.
“El sátrapa de Rabat está inquieto, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se añadió su derrota sin paliativos en la última cumbre de la Unión Africana que reiteró el reconocimiento de la RASD y decidió enviar una misión de observación de los derechos humanos a los territorios ocupados del Sahara Occidental, y ha querido aparentar que controla la situación con una condena brutal”, denuncian.
Desde la Plataforma de Tenerife de Apoyo al Pueblo Saharaui opinan que estas penas han sido impuestas “por un tribunal incompetente” debido a que los militantes saharauis “fueron secuestrados por el Estado Marroquí, sacados de su país y juzgados fuera de él, contraviniendo lo establecido por la legalidad internacional en cuanto a la actuación de la justicia de las potencias ocupantes, único estatus que Marruecos puede invocar ante su ilegal ocupación del Sahara Occidental”.
Además, lamentan el “silencio vergonzoso y cobarde que han mantenido el Gobierno de España y otras instituciones” ya que entienden que “no puede desentenderse unilateralmente del Sahara Occidental, está obligada a culminar el proceso de descolonización y, mientras tanto, tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de la población saharaui”.
Por último, desde la Plataforma de Tenerife de Apoyo al Pueblo Saharaui exigen a las instituciones de Canarias y españolas que reclamen la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos saharauis, en cumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad de la población saharaui hasta que se produzca la definitiva descolonización del Sahara Occidental.