La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el despido acordado por la empresa concesionaria del servicio de grúas del depósito municipal de vehículos de Arona de quien era el encargado y denunciante de una trama de venta de piezas mecánicas.
En octubre de 2021 este trabajador puso en conocimiento de la compañía que al llevar una moto al desguace, tal y como le había ordenado la policía local, y entregar la documentación se dieron cuenta de que el chasis y la matrícula no coincidían por lo que no podía cumplirse con este trámite.
A partir de aquí se inició el despido de tres personas de las que uno de ellos se ha confirmado como procedente pero en este último caso no.
La cámara de seguridad grabó como supuestamente se retiraban piezas de la moto en cuestión, a lo que se unió que un empresario aseguró que era habitual que el otro trabajador despedido y vecino suyo le ofreciera comprarlas.
En este caso el testigo aseguró que había pagado 300 euros por la moto mientras que lo dos trabajadores despedidos dijeron que ese dinero se destinó a comprar una nevera y un calentador para las instalaciones del depósito municipal.
El TSJC indica que “no alcanza a comprender” como la denuncia del encargado “puede determinar la imputación de una conducta contraria al patrón de rectitud y honestidad que guía la relación laboral”.
Cuestiona que al parecer es despedido por informar ante el máximo responsable de la empresa, “las irregularidades detectadas” cuando entregó para desguace una motocicleta, en las que no coincidían el chasis y la matrícula.
Tampoco consta acreditado, que como encargado del Depósito Municipal, consintiera este tipo de operaciones, “incumpliendo con ello su deber de custodia y vigilancia de los vehículos que se encontraba en el mismo”, por lo que sólo en ese caso el despido habría sido una decisión correcta.
La consecuencia es que el cese de la relación laboral ordenada el día 11 de noviembre de 2021 del encargado y denunciante ha de ser calificada como improcedente, por no haber quedado probados los incumplimientos contractuales, indica el TSJC.
En su momento la guardia civil detuvo a los tres trabajadores por supuestamente lucrarse mediante la venta de piezas sueltas o motos que estaban bajo custodia en esas instalaciones.
La investigación comenzó en octubre de 2021, cuando una persona denunció que había visto las piezas de una moto suya que, tras dejársela unos meses antes a un conocido para que se la arreglara, no había vuelto a saber nada de su paradero y tampoco de la moto.
Agentes de la Guardia Civil del puesto de Granadilla de Abona realizaron diversas gestiones, gracias a las cuales pudieron averiguar que de un depósito de vehículos habían desaparecido varias motos que tenían en custodia, pero no se había presentado denuncia
Tras diversas tomas de declaraciones a empleados, los agentes averiguaron que en ocasiones había ocurrido que motos, o piezas de éstas, que se encontraban en el citado depósito, habían desaparecido.
Uno de los acusados confesó a los agentes que se encargaba de venderlas, para posteriormente llevar al desguace la placa de matrícula y el bastidor y tramitar así la baja de las motos, haciendo creer a la empresa que se destruían en su totalidad.
También reconoció que él y otros dos empleados se estaban lucrando con esa práctica, aunque en el ámbito social hasta ahora sólo se ha avalado el despido de uno de ellos.